La Fundación Carme Pardo-Valcarce que preside Carmen Cafranga Cavestany ha recibido un varapalo judicial al ver cómo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha retirado la licencia para la celebración de eventos en un espacio protegido. Según Ecologistas en Acción, impulsor de la querella, el Ayuntamiento de Madrid permitía estas actividades bajo el pretexto de que eran prácticas formativas para personas con discapacidad.
Carmen Cafranga preside la fundación que es propietaria de La Muñoza, una finca rústica situada en la carretera de Fuencarral-El Pardo en Madrid, dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (PRCAM), cerca de El Pardo. La legislación de estos espacios permite realizar sólo actividades ganaderas y educativas siempre que no requieran nuevas instalaciones. En 2005 Cafranga solicitó en nombre de la fundación una autorización para instalar una carpa en la finca para realizar "actividades formativas y prácticas educativas orientadas a la integración social y laboral de personas con discapacidad intelectual consistente en la formación de personal en las vertientes de hostelería y jardinería", una autorización que fue concedida por la Consejería de Medio Ambiente.
Dos años más tarde, el Ayuntamiento concedía la licencia para celebrar eventos, como actividad complementaria a la educativa pese a que el plan general de Madrid no lo permite. Desde Ecologistas en Acción explican que desde el primer momento la finca La Muñoza ha acogido la celebración de eventos, especialmente bodas, aprovechando que las instalaciones tienen capacidad para 300 vehículos y 500 invitados.
Siete años de lucha judicial
Ha sido un propietario colindante de la finca quien desde 2006 ha denunciado en vía administrativa que en La Muñoza se desarrollaban actividades ilícitas, aunque todas las denuncias han sido archivadas. Ya en vía judicial, ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia firme y no recurrible quien ha anulado la licencia de actividad municipal concedida en 2007. Además nueve personas han sido imputadas, entre ellas cinco cargos de la Comunidad de Madrid y cuatro del Ayuntamiento tras la querella que presentó Ecologistas en Acción en 2011.
Se da la circunstancia de que Carmen Cafranga, presidenta de la Fundación, comparte con la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero, la administración de Subastas Segre. Además, es exconsejera de Caja Madrid y mantiene una gran amistad con la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, con quien comparte vocalía en la Fundación Realiza con domicilio social en La Muñoza. Desde el grupo ecologista defienden que teniendo en cuenta que ni la instalación de la carpa ni la actividad realizada son autorizables, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad podrían haber emitido informes, autorizaciones y licencias forzando la interpretación de la normativa ambiental y urbanística favoreciendo a una persona muy próxima a altos cargos de los gobiernos regional y municipal.
