Izquierda Unida ha presentado sus alegaciones sobre la ‘Operación Canalejas’ en un pormenorizado documento que tiene como principal conclusión la solicitud de detención de proyecto y su reformulación, haciendo especial hincapié en la financiación del intercambiador de transportes, así como en las pertinentes aclaraciones sobre las modificaciones de los históricos inmuebles afectados, considerados Bien de Interés Cultural.
Hoy miércoles se celebra la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, en la que están previstas sendas preguntas por parte del PSM y UPyD sobre esta cuestión. Tal como informó Vozpópuli, la macro operación inmobiliaria se está politizando, aparte de las quejas suscitadas por parte de otros flancos privados y habrá que ver los derroteros por los que discurre.
De momento, el Ayuntamiento todavía no ha contestado a las alegaciones del PSOE o de determinados expertos en urbanismo y la aprobación no se presentará en el próximo pleno del día 27. Por tanto, no se someterá en mayo y en fuentes de la oposición comienza a acrecentarse la sospecha de que se está intentando retrasar este trámite hasta los meses de julio (incluso ¿agosto?) para que tenga la menor repercusión mediática.
¿Dudas?
Estas fuentes apuntan que el consistorio que comanda Ana Botella no las tiene todas consigo. El Ayuntamiento tiene perfecta constancia del revuelo que ha generado la operación en el entorno del Colegio de Arquitectos y las rápidas modificaciones urbanísticas que deberán aprobarse por ley si el proyecto ve la luz.
Tal como indica IU en sus alegaciones, los edificios eran auténticos monumentos intocables y con el nuevo proyecto podrá modificarse su fachada y el reparto de espacios interiores. Por no hablar del subterráneo que conecta con el intercambiador o la propuesta de construcción de un mega parking.
No en vano, la ‘Operación Canalejas’ contempla la apertura de un hotel de gran lujo por parte de la cadena Four Seasons, que es quien ha tutelado el proyecto presentado por del despacho de arquitectos Lamelas.
Las formaciones políticas no pretenden paralizar para siempre esta operación, sino que se modifique y, en especial, que no cristalice en lo que denuncian como “una mega recalificación pergeñada por Ignacio González, Ana Botella, Emilio Botín y Villar Mir”.
