La Fiscalía de Lisboa ha cumplido con los requerimientos librados por la Audiencia Nacional y ha aportado 3 volúmenes y 5 cajas de documentos relativos todos ellos a inversiones de Raúl Morodo, embajador de Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El objetivo es esclarecer si las inversiones de su familia y los fondos que canalizaron en países como Portugal o Suiza provenían de supuestos pagos irregulares de PDVSA.
La causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 1 adhiere toda la documental solicitada a Portugal entre julio de 2019 y diciembre de 2020. En ese tiempo se libraron hasta seis Órdenes Europeas de Investigación (OEI) para seguir el rastro de las inversiones finales de la familia Morodo. De este modo, el Departamento de Investigación y Acción Penal de Lisboa responde remitiendo poco más de mil folios y documental anexa que ya forma parte del procedimiento, tal y como se hace constar en una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
Los investigadores, que indagan el origen de los 4,5 millones de euros que el diplomático habría percibido entre 2011 y 2015, rastrean el destino final de los fondos tanto en Suiza como en Portugal. En lo que respecta a este último, el foco se puso en cerca de una decena de transferencias por importe ligeramente superior a los 2,7 millones de euros que se ordenaron desde las cuentas que PDVSA tenía abiertas en el ya extinto banco Espírito Santo. La Policía Judicial y Anticorrupción sospechan que ese monto habría terminado en Suiza.
Inversiones en Portugal
A ello se suma la petición del Ministerio Público en febrero del pasado año de recabar información de Portugal en relación a la compra de un inmueble en Lisboa en 2017 por 450.000 euros. El mismo figuraría a nombre de Ana Catarina Varandas, nuera del exembajador español en Venezuela y también imputada en este procedimiento penal. La vivienda en cuestión se habría registrado a nombre de la madre de Catarina, de nacionalidad también portuguesa. Con todo, los nexos de Morodo con el país vecino no son solo familiares ya que también fue embajador de Portugal entre 1995 y 1999.
Vargas fue una de las personas cuyo testimonio solicitó Anticorrupción el pasado 5 de julio al constatar que todavía no había declarado en estas diligencias abiertas por delitos contra la Hacienda, blanqueo de capitales, corrupción en las transacciones internacionales y falsedad documental. Junto a ella se solicitó también la comparecencia de su pareja, Alejo Morodo, además del antiguo diplomático, entre otros. Los principales imputados decidieron guardar silencio ante el magistrado Alejandro Abascal, el cual denegó acordar el ingreso en prisión del principal investigado al considerar que estaban cumpliendo escrupulosamente con las medidas cautelares impuestas.
En estos últimos meses la causa también ha incorporado importante documental proveniente de Suiza. El rastreo de las inversiones de los Morodo les llevó a dar con la Fundación Ayacucho. Se trata de una firma que tenia abierta una cuenta en la Banca Zarattini&Co. por importe de 5,71 millones de dólares (4,9 millones de euros) y que había canalizado fondos millonarios de otras empresas ligadas a la red. Por ello el instructor acabó accediendo a la petición de Ginebra y embargó las cuantías ante la sospecha de que guardaran relación con los pagos irregulares de PDVSA.
Las cuentas de Suiza
Los papeles remitidos por Ginebra también permitieron esclarecer que detrás de la Fundación Ayacucho estaba Juan Carlos Márquez Cabrera, exdirectivo de la petrolera estatal venezolana que fue hallado ahorcado en Madrid justo poco después del arranque de estas pesquisas. Tal y como informó Vozpópuli, la fundación se registró en Panamá en octubre de 2018 y a nombre de la misma figuraban los padres de Márquez Cabrera. El hecho de que naciera con un capital de 10.000 dólares y acabara amasando en apenas dos años 5,7 millones hizo que la entidad helvética diera la voz de alarma ante la posible comisión del delito de blanqueo de capitales.
Además, Suiza acreditó que los hermanos Carlos Adolfo y Francisco Prada Gómez (empresarios cercanos a Alejo Morodo e imputados también en el procedimiento) invirtieron cantidades millonarias con inmuebles en España. Así consta en un documento notarial fechado el 20 de septiembre de 2013 en Madrid relativo a la compra de dos locales comerciales en la Vía Augusta de Barcelona por parte de la Consultora Alcander.
Por los mismos pagaron un total de 2,45 millones de euros, si bien figura también la compra de un local de 398 metros cuadrados en las Palmas de Gran Canarias por 2,86 millones de euros, de modo que solo con estas dos operaciones invirtieron 5,3 millones en inmobiliario en España. De esta forma Ginebra confirmó las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción, la cual sostiene que los imputados crearon empresas pantalla para gestionar los pagos percibidos de PDVSA por falsos contratos de asesoramiento.
Ahora el foco se pone en la documental remitida por Lisboa toda vez que la Fiscalía sostiene que parte de los hechos constitutivos de delito de blanqueo de capitales se habrían cometido en Portugal. Al respecto Hacienda ya identificó que la nuera de Raúl Morodo percibió en 2013 ingresos por un total de 20.400 euros sin que éstos fueran declarados como tal. El Ministerio Público también sospecha del origen de los fondos con los que el hijo del diplomático y su mujer adquirieron un inmueble en Madrid por 1,3 millones de euros.
