Silencio absoluto entre los magistrados del Gobierno. El PSOE de Pedro Sánchez ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de amnistía que, además de tener a una parte de la sociedad española en contra, ha generado la indignación de jueces, letrados y fiscales. Mientras tanto, Pilar Llop, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, los jueces del Ejecutivo, se mantienen al margen del debate y aún no se han pronunciado al respecto.
La norma, tildada de "fraudulenta" por juristas de prestigio, es el resultado del acuerdo firmado entre PSOE y Junts. El escrito que vio la luz la semana pasada provocó una serie de reacciones en cadena en el seno de la judicatura, al entender que "atenta contra la separación de poderes".
En concreto, el texto hacía referencia a la creación de comisiones de investigación parlamentarias sobre casos de "lawfare o judicialización de la política", que, además, podrán "dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas". Lo que suponía poner en la diana la labor de la Justicia española, respecto a su papel en las causas judiciales creadas como consecuencia del proceso independentista.
La judicatura prácticamente al completo se unió para hacer una crítica unánime al acuerdo entre PSOE y Junts que ha dado paso a la proposición de ley de amnistía registrada en la Cámara Baja. Posición que no ha sido defendida por ningún miembro del Gobierno, ni siquiera por aquellos que deben su puesto a la carrera judicial. No obstante, fuentes de Justicia consultadas por Vozpópuli, justifican el silencio de Llop con que el núcleo del conflicto responde a una proposición de ley del PSOE y por tanto no atañe al Gobierno.
La ministra de Justicia, Pilar Llop
La tesis de Pilar Llop era una de las más esperadas tras el anuncio de PSOE y Junts, por su papel al frente de la cartera de Justicia, y solo ha roto su silencio para dirigirse a Bruselas. La ministra en funciones ha trasladado al comisario de Justicia, Didier Reynders, que entiende el interés por la futura ley de amnistía, pero que se trata de un tema de ámbito nacional que aún debe tramitarse en el Parlamento, según ha informado Europa Press.
Sin embargo, ni una sola mención sobre el 'lawfare' que señala directamente a la acción de los jueces y que tantas ampollas ha levantado entre la judicatura. Llop no ha mostrado su postura, ni como representante del Ministerio de Justicia, ni a título personal en defensa de la labor de sus antiguos compañeros de profesión.
Antes de dar el salto a la política, Pilar Llop trabajó en el Consejo General del Poder Judicial como letrada del Gabinete Técnico. Su último destino antes de sumarse a la lista del PSOE en la Asamblea de Madrid en 2015 fue en el Juzgado de Violencia de Género Número 5 de Madrid, por lo que la ministra cuenta con sobrada experiencia y conocimiento de las repercusiones que tiene la 'letra pequeña' del acuerdo para los jueces españoles.
De encarcelar a Otegi a pactar con Bildu
Entre los pesos pesados del Gobierno destaca el magistrado Fernando Grande-Marlaska, al frente del Ministerio del Interior, y con una reconocida carrera judicial. Marlaska capitanea el grupo de los jueces del Ejecutivo que no se ha dignado a hacer declaraciones sobre la amnistía y las consecuencias sobre la seguridad jurídica y la separación de poderes que supone el texto firmado por su partido y los de Carles Puigdemont.
El ministro del Interior consolidó su carrera judicial en la Audiencia Nacional e instruyó causas contra la banda terrorista ETA, la izquierda abertzale e, incluso, ordenó la entrada a prisión de Arlando Otegi. Marlaska también fue designado vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular. Ahora, forma parte de un equipo de Gobierno que puede seguir al frente del Ejecutivo gracias a los votos de EH Bildu.
El responsable de Interior, además, parece estar ya de salida en su aventura política junto a Pedro Sánchez, por lo que, de ser así, su próximo paso podría ser apostar por volver a ser juez de la Audiencia Nacional. No obstante, Marlaska se ha ganado varios enemigos tras su servicio al frente del Ministerio y su silencio tras un acuerdo condenado por la judicatura prácticamente al completo no facilita su vuelta.
Robles, contra los vocales del CGPJ por la amnistía
La tercera magistrada del Gobierno es Margarita Robles. La ministra de Defensa ha sido una mujer pionera en la Justicia de nuestro país: la primera mujer en presidir una sala de lo Contencioso-administrativo, la primera en presidir una audiencia provincial (la de Barcelona) y la tercera mujer en llegar al Tribunal Supremo.
Robles llegó también a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial antes de volver a la política de la mano del actual presidente del Gobierno en funciones. Ahora, la responsable de la cartera de Defensa parece haber dado un giro de 180 grados.
Hace un par de semanas, criticó a los vocales del CGPJ que rechazan la amnistía. La ministra mostró su "asombro" por la petición de ocho vocales conservadores de celebrar un pleno extraordinario para abordar la futura ley, además, les acusó de no ser "los más adecuados para dar lecciones de constitucionalidad" por seguir en sus sillas, tras cinco años sin renovar el Consejo.
Asimismo, hace aproximandamente un mes, la ministra aseguró en una entrevista en Onda Cero que deberíamos estar muy orgullosos de nuestra Constitución y que la posición del PSOE estaba clara: "No nos vamos a mover del marco constitucional". También hizo alusión a que la última palabra sobre el asunto la tendrá un juez, movimiento que su partido pretende esquivar apoyando la constitucionalidad de la norma en una antigua sentencia de Tribunal Constitucional que no dice tal cosa.
Entre los pronunciamientos que también ha echado de menos la carrera judicial, está el del Consejo General de la Abogacía. Este martes, casi una semana después de que se hiciese público el texto del acuerdo entre PSOE y Junts, la corporación ha emitido un comunicado en el que defiende actuar "con serenidad, con calma y con respeto a las instituciones" ante la futura ley de amnistía.
Sevilla
La vergüenza de la profesión.
MACMalayerba
" Posición que no ha sido defendida por ningún miembro del Gobierno, ni siquiera por aquellos que deben su puesto a la carrera judicial." Miserables/judas, quien va a creer ya en la justicia?? con personajes tan Miserables?? pobrecitos !! necesitaran aumento de sueldo. Los demás es que NO TENDRAN donde caerse muertos. Pobre España!!
trshjpn
Pues que les den las sobras de vaselina que ha usado Sánchez y todos sus negociadores para excretar la ley de la inmundicia, esa que dice remontarse a 1714 y que se complementa con 1476 palabras contenidas en el acuerdo del escu pitajo. Ahora ya se ha acabado el unte a mansalva de vaselina para el molt honorable president de lo que no es Cataluña, esa que dijo Page que no querría necesitar y que es evidente que jamás utilizó ni utilizará porque su palabra vale tanto como la del honorable. Y para no notar molestias si las relaciones no mejoran, estamos a punto de ver cómo el Presidente pide la habilitación para gobernar sin someterse a la función de control propia del congreso de los diputados. Por esos 7 votos Sánchez ha sido capaz de ponerse él y a todos sus palmarios en fila con sálvese la parte en pompa
Birmania
Tres miserables capaces de todo por mantener su puesto.
joluisma
Si creyesen en su PROFESION (Juez), no serían POLITICOS.