El Gobierno ha pospuesto dar luz verde este viernes al proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) aludiendo a que falta por cerrar aspectos de la memoria económica que acompaña a dicha ley, impulsada desde el departamento del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, según han informado fuentes gubernamentales.
La conocida como 'ley Wert' ha levantado fuertes críticas desde ámbitos de la comunidad educativa que, este jueves, se ha vuelto a manifestar en las calles de las principales ciudades españolas como cierre a una huelga convocada en la educación y que ha contado con el apoyo de las principales organizaciones sindicales, así como asociaciones de padres y alumnos.
Al no llevarse al Consejo de Ministros, el texto no se remitirá al Congreso de los Diputados, iniciándose así la andadura parlamentaria de la que se convertirá, previsiblemente, en la séptima norma de este tipo en 37 años de democracia. El objetivo del Gobierno es que la ley esté aprobada "en otoño" a fin de que se pueda cumplir el preceptivo plazo de diez meses para la adaptación curricular y la LOMCE pueda estar de facto en las aulas en el curso 2014/2015, es decir, dos años después de su presentación.
La LOMCE salió del Congreso como anteproyecto el pasado 21 de septiembre. Desde entonces, el impulsor de la norma, el ministro José Ignacio Wert, se ha reunido con la mesa sectorial de Educación (sindicatos) y con las comunidades autónomas, y ha sometido la iniciativa al dictamen del Consejo Escolar y del Consejo de Estado.
Este último órgano consultivo ha sido el promotor de las que probablemente serán las últimas modificaciones que Wert realice en el texto que viajará al Congreso, ya que recomendó buscar fórmulas distintas a las previstas en la ley para garantizar tanto la educación vehicular en castellano en Cataluña como la igualdad de los niños y niñas que son escolarizados por separado y el Ministerio mostró su disposición a atender la sugerencia.
El anteproyecto preveía sobre el primer asunto, que las comunidades tengan que apoyar económicamente a los centros que oferten educación en castellano y, sobre el segundo, garantizar por ley el derecho a acceder a conciertos educativos de los centros de educación diferenciada. "Se va a iniciar un proceso de reflexión para valorar si se aplica ésta u otras medidas más oportunas", señaló la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, tras conocer el dictamen.
Otro aspecto sobre el que podrían introducirse cambios de cara al Consejo de Ministros es en el diseño de la asignatura que se oferta como alternativa a Religión, ya que a juicio del Consejo de Estado puede ser discriminatorio tener que elegir una u otra, asunto sobre el que Gomendio se mostró dispuesta a trabajar.
No obstante, el actual anteproyecto también contempla la desaparición de la actual asignatura de Educación para la Ciudadanía, que el Consejo de Estado recomienda mantener, aunque no será escuchado en este sentido, tal y como concretó la propia Gomendio, porque, según dijo, se contempla una incorporación "transversal" del contenido de la materia.
Con todo, ya en este curso se imparte una EpC distinta de la prevista en la vigente Ley Orgánica de Educación pese a que el Tribunal Supremo dijo en diciembre que no veía en ella carácter adoctrinador. Fue modificada por Real Decreto antes de que comenzara el curso, eliminando las referencias que incluía a los afectos y emociones, a las relaciones entre hombres y mujeres, los prejuicios sociales, racistas, xenófobos o sexistas, a la pobreza en el mundo, a la 'feminización' de la misma o a los nacionalismos excluyentes como problema actual, entre otros asuntos.
Estas no son las únicas novedades de la LOMCE, una norma que si bien fue planteada, en palabras de Wert, con "vocación de consenso", cuenta con la oposición de gran parte de la comunidad educativa. De hecho, ha convocado una huelga en su contra el día antes de que el Consejo de Ministros refrende el proyecto. Esta falta de acuerdo, señalada también por el Consejo Escolar y el Consejo de Estado, viene generando protestas, encierros y manifestaciones desde que se dio a conocer el contenido de la que llaman "contrarreforma" educativa.
Los itinerarios y el peso de las asignaturas
Entre las principales novedades del anteproyecto normativo se encuentra la implantación de evaluaciones a nivel estatal al final de Primaria, ESO y Bachillerato, además de una prueba en 3º de Primaria para la detección precoz de problemas de aprendizaje en los alumnos. Los exámenes de ESO y Bachillerato serán necesarias para obtener el título y, en concreto, el segundo, que los sectores críticos llaman "reválida", sustituirá a la actual Selectividad.
Otro de los cambios más notables afecta a 3º de la ESO, pues se adelantan a este curso los itinerarios hacia la FP y el Bachillerato a través de asignaturas optativas. Estas dos vías estarán ya completamente diferenciadas en 4º de la ESO.
Además, el anteproyecto aumenta la capacidad del Ministerio de Educación para decidir sobre los contenidos comunes de las asignaturas mientras cede libertad a centros y comunidades autónomas para hacer lo propio con las materias no instrumentales, a fin de que se especialicen. Mientras, se incrementa la carga lectiva en todas las etapas de las asignaturas instrumentales --Matemáticas, Lengua e Inglés--.
Una ley de 400 millones de euros
En cuanto a la memoria económica, si bien Wert dijo al presentar el anteproyecto que tendría un coste "nulo" de implementación y para su consolidación se necesitarían unos 300 millones de euros, en enero de este año concretó que el Estado asumiría costes directos por importe de 408 millones de euros -23 millones el primer año; 130, en el segundo; y 255, en el tercero-.
Las comunidades, según dijo entonces, asumirán los gastos de consolidación, que variarán en función del "éxito" en términos de abandono escolar, de la reforma. Tanto el Consejo Escolar como el Consejo de Estado advirtieron de la necesidad de dotar de medios suficientes la ley.
En este sentido, el anteproyecto de LOMCE prevé la creación de una Formación Profesional Básica, de dos años de duración, que será obligatoria y sustituirá a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), dirigidos a alumnos de 15 años. Además, introduce asignaturas en la FP de grado medio orientadas a sectores profesionales y facilita el paso hacia la FP de grado superior.
