Hacienda puede tardar hasta once meses en averiguar si Luis Bárcenas está detrás de algunas de las empresas que han utilizado la amnistía fiscal para regularizar dinero evadido al control del fisco. O dicho de otra forma, Bárcenas dispone de un margen de once meses para negociar una solución a sus complicaciones legales antes de revelar si se acogió a la regularización ofrecida por Cristóbal Montoro a los defraudadores.
Son las dos caras de la modificación legal que Hacienda introdujo en la amnistía fiscal el pasado 27 de diciembre, casi un mes después de que esa amnistía concluyera. Según aquel texto que Vozpópuli publicó dos días antes de que estallara el caso Bárcenas, quienes utilizaron testaferros para acogerse a la amnistía fiscal desde cuentas en el extranjero (exactamente la situación de la que Luis Bárcenas está acusado) disponen hasta el 31 de diciembre para revelar su verdadera identidad. Según la redacción de la medida en el B.O.E., Luis Bárcenas dispondrá de la capacidad de “subrogar” los bienes o derechos declarados por empresas que a día de hoy son las que oficialmente han regularizado patrimonios mediante la amnistía fiscal.
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Fuentes de Hacienda aseguran que la opacidad de la amnistía impide conocer a los titulares de las regularizaciones incluso a los propios inspectores pero estiman que, al menos, un 15% de los 31.000 contribuyentes que regularizaron fondos podrían ser empresas. Según los datos de la Agencia Tributaria, el 93% de esos fondos se regularizaron en el mes de noviembre, en el que se registraron 29.242 declaraciones.
La norma concede a las dos partes margen para la negociación
La consecuencia práctica de la medida para las arcas públicas es que, aunque la cuantía del capital regularizado no variará, la identidad de los defraudadores no se podrá saber con certeza hasta el año 2014.
El Partido Popular ha calificado de "disparate" la insinuación del PSOE de que la amnistía se diseñó a medida de Luis Bárcenas. Pero lo cierto es que la modificación legal introducida a última hora supone para Luis Bárcenas un plazo extraordinario para negociar su situación procesal.
De igual modo, los once meses conceden a Hacienda tiempo para analizar con detalle la regularización y rechazar su tramitación si se detectan irregularidades en el procedimiento, según los técnicos de Hacienda consultados.
