Tres han sido los informes grafológicos que ha encargado el PP sobre las anotaciones que El País atribuye a Luis Bárcenas recogiendo contabilidad "B" del PP, así como el presunto reparto de sobresueldos que escapaban al control del fisco. A pesar de que la práctica totalidad de los estudios que han contratado los medios de comunicación, entre ellos el propio El País, han venido a confirmar que se trata de la letra del ex tesorero, la dirección popular ha encargado otros tres con conclusiones similares pero, también, con la puntualización de que no puede ser concluyente en ausencia de los originales, que es la misma conclusión a la que han llegado los expertos de la Policía, según ha podido saber Vozpópuli.
Esto no significa, necesariamente, que las actuaciones legales que va a presentar el PP, parece que esta semana, después de varios retrasos, incluyan como objeto de demanda al ex tesorero popular, a pesar de que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, decidió tomar la delantera cuando hace semana y media demandó al periódico de Javier Moreno y a Bárcenas. La ex ministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio, citada en los papeles, también ha actuado por su cuenta presentando una querella por injurias contra el hombre que tiene más de 30 millones de euros en cuentas en el extranjero y, al tiempo, manejaba los dineros del partido hoy en el Gobierno.
Cospedal no quiso aclarar contra quién o quiénes serán las actuaciones judiciales ni si serán demandas, vía civil, o querellas, vía penal. Tan sólo que se están ultimando a través de una "estrategia conjunta" que incluye al presidente del Gobierno, pero hasta cierto punto, porque confirmó lo que ya adelantó este medio: que Mariano Rajoy, además de líder del PP es jefe del Ejecutivo, "por lo que estudiamos la posibilidad de que pudiera no ir" en la demanda con el resto de sus compañeros de filas.
Despido en 2010 a través de una "simulación" de retribución
Por otro lado, la secretaria general popular defendió el, cuando menos, extraño finiquito que se pagó a Bárcenas por el cual el PP siguió abonando sus cuotas de la Seguridad Social hasta diciembre de 2012 como si continuara la relación laboral. De hecho, explicó que "se pactó una indemnizacion en diferido, en forma de simulación...", de una retribución, expresión que intentó corregir de inmediato. Apuntó a los servicios jurídicos del partido que "entendieron en su día, al tratarse de un acuerdo entre las partes, que era válido. Hoy, seguramente, se hubiera visto distinto", admitió, a sabiendas de que "a uno le puede parecer bien o mal, pero así se pactó".
Y es que el PP mantiene que Bárcenas, que a esa misma hora declaraba ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, "dejó de tener ningún tipo de relación laboral y de prestar servicios en el PP en abril de 2010", explicó Cospedal, que compareció ante la prensa "arropada" por su tres vicesecretarios, Carlos Floriano, Javier Arenas y Esteban González Pons. "No ha realizado desde entoces ni trabajo nis prestación alguna" reiteró.
Los abogados del PP, partido personado en el "caso Gürtel", decidieron no oponerse a la petición de la Fiscalía de retirada del pasaporte a Bárcenas -desde las redes sociales decían jocosamente que en lugar de pasaporte le retiraran los forfaits para que no se pase el día esquiando-, la prohibición de salir del país y comparecer cada quince días ante la Audiencia para exorcizar el riesgo de fuga y someterse a la decisión que, en este sentido, adoptara el juez Ruz, que aceptó las peticiones del Ministerio Fiscal. Cospedal explicó por la mañana, que no se iban a sumar al deseo de la Fiscalía para no "presionar" al juez y que éste decidiera. Finalmente se le ha retirado el pasaporte y no puede salir del país, lo que "condena" a Bárcenas a esquiar en Baqueira Beret, donde tiene una vivienda.
