Luis Bárcenas sigue siendo un sapo difícil de tragar por parte de las direcciones regionales del PP que comienzan a rebelarse contra la gestión que del caso está haciendo la cúpula popular. Y no sólo porque reclamen "más rapidez y contundencia" a la hora de abordar la espinosa cuestión de los papeles del extesorero sino, sobre todo, más claridad sobre los vínculos que éste mantiene todavía con el número 13 de la calle Génova. Dirigentes regionales y provinciales populares con los que ha hablado Vozpópuli admiten las dificultades de organizar una estrategia o de transmitir un mensaje creíble a sus bases respecto al que parecía el apartamiento total Bárcenas del partido, cuando la realidad es que se le pagaron las cuotas de la Seguridad Social hasta diciembre del pasado año.
"Nos dicen que estaba liquidado, que ya no era del partido, que se le despidió y resulta que sí estaba. Esto es lo que rompe a la gente los esquemas", confiesa un presidente provincial para pasar a lamentar que "luego somos nosotros y los alcaldes los que tenemos que poner la cara ante los nuestros, que no entienden lo que pasa con este personaje".
Este profundo malestar se puso de manifiesto, por ejemplo, durante la reunión que este lunes mantuvo el vicesecretario de política autonómica y local del PP, Javier Arenas, con la junta directiva regional del partido en Castilla y León, que no se trata de una organización precisamente díscola, pero cuyos presidentes provinciales admitieron que no sabían a qué atenerse con respecto a si Bárcenas seguía o no a sueldo del partido. Y eso que entonces no conocían la noticia, publicada este viernes por El País, de que no se le dio de baja hasta el 31 de enero de 2013, el mismo día que publicaron sus supuestas anotaciones contables. Los dirigentes territoriales se quejaron ante Arenas de que van a ciegas puesto que "el único conocimiento de lo que pasa lo tenemos a través de la prensa".
También los pasados días 15 y 16 los presidentes provinciales e insulares del partido fueron citados en Madrid por María Dolores de Cospedal y Javier Arenas para que conocieran de primera mano los planes de los ministerios de Industria y Justicia de mano de sus titulares, José Manuel Soria y Alberto Ruiz Gllardón, respectivamente, por lo que tuvieron ocasión en privado de manifestar esta inquietud.
El recorte de salario de Feijóo
Las cosas van lentas en Génova porque todavía no se ha presentado la demanda conjunta ni colgado la información fiscal y patrimonial de su cúpula dirigente. Sí lo hizo este viernes el presidente de la Xunta gallega, Alberto Núñez Feijóo, en la página web oficial del gobierno autonómico. Feijóo ingresó 333.242 euros brutos por rendimientos del trabajo entre 2008, el año anterior a ejercer el cargo, y 2012, con un patrimonio que asciende a 577.381,24 euros, informa Efe. En 2008, al frente de la oposición y como diputado autonómico, Núñez Feijóo declaró ingresos por valor de 30.357 euros, a los que habría que sumar otros 30.000 euros en dietas por los que no tributan los parlamentarios. Ya al frente de la Xunta, en 2009 -accedió al cargo a mediados de abril- los ingresos se elevaron a 73.278 euros, mientras que en 2010 fueron de 81.222 euros. En 2011 ya sufrió una rebaja en su salario y declaró ingresos por 76.765 euros, una rebaja que continúo en 2012, año en el que la certificación de nóminas -ya que aún no ha presentado la declaración- indica que recibió 71.720 euros. Según una nota del Ejecutivo autonómico, estos datos revelan que durante estos cinco años Núñez Feijóo percibió siempre "un único sueldo, bien como diputado bien como presidente".
Paralelamente, Núñez Feijóo declara poseer bienes patrimoniales por 577.381,24 euros, si bien tiene un pasivo de 76.727 euros, según el Diario Oficial de Galicia, que detalla que posee bienes inmuebles por valor catastral de 151.223,39 euros, mientras que en el epígrafe "valor total de otros bienes" declara 426.157,85 euros. El presidente gallego dice poseer, a 1 de noviembre de 2012, una vivienda en Madrid, y otra en Vigo, con plaza de garaje, así como una finca rústica en Ames (A Coruña) y otra en Meira-Moaña (Pontevedra). También un depósito a plazo fijo de 109.000 euros, una cuenta corriente con 11.506 euros, un plan de pensiones por 82.509 euros, 75 acciones de Telefónica por valor de 780 euros y un vehículo Citroën C-Crosser.
