El 25 de febrero de 2012, Iñaki Urdangarín cruzaba las puertas de los Juzgados de Palma de Mallorca para declarar por primera vez como imputado ante el magistrado José Castro. Hoy, un año después, el duque de Palma enfilará el mismo camino con idéntica situación judicial, pero con una gran diferencia. Una buena parte del testimonio que prestó entonces, que estuvo plagado de evasivas y socorridos olvidos, ha quedado en entredicho por el avance de las investigaciones, las declaraciones de testigos y otros imputados, y los célebres correos electrónicos incorporados a la causa en las últimas semanas por el que fuera su socio, Diego Torres. El yerno del rey deberá dar ahora muchas explicaciones si aún tiene esperanzas de hacer frente a los seis graves delitos de corrupción que penden sobre su cabeza: prevaricación, malversación, falsedad documental, fraude a la Administración, delito fiscal y blanqueo.
Su capacidad de decisión en Nóos. Las pesquisas judiciales han dejado claro que Iñaki Urdangarín mintió cuando negó de manera táxativa que hubiera tenido capacidad ejecutiva en Nóos Consultoría Estrategia, la empresa que funcionó en paralelo a la ONG del mismo nombre y en la que era socio de Diego Torres. De hecho, el duque de Palma aseguró entonces al juez que él nunca tuvo ningún poder notarial para tomar decisiones y que si se le llegó a otorgar por parte de su socio, no hizo nunca uso del mismo. Su gran argumento es que en todos los convenios firmados con las administraciones públicas de Valencia y las Islas Baleares, con los que consiguieron seis millones de dinero público, la firma que aparece a pie de página en los documentos es la de Torres. Sin embargo, la investigación ha demostrado que sí hubo tal documento, otorgado el día de Nochebuena de 2002, y que lo empleó para firmar, al menos, un convenio de asesoramiento: el que Nóos Consultaría Estratégica rubricó con Telefónica en octubre de 2003 y por el que se embolsó 181.000 euros más IVA, gastos aparte. Su exsocio fue quien entregó en el juzgado este documento durante la declaración de la semana pasada.
Varios testigos e imputados han afirmado en sus declaraciones que Urdangarín tenía "la misma capacidad de decisión" que Torres aunque él no firmase los convenios con Valencia y Baleares
Sin embargo, no sólo este documento echa abajo la principal línea de defensa del marido de la infanta. El juez Castro también ha tenido ocasión de escuchar en primera persona en los últimos meses numerosos testimonios que niegan que el papel de Urdangarín fuera meramente protocolario, entre ellos el de Julita Cuquerella, la asistente personal del duque de Palma. Ésta, también imputada, aseguró al magistrado que fue el yerno del rey quien le dio las indicaciones sobre un contrato en el que aparecía el número de una cuenta en Suiza. Otro encausado, Miguel Zorio, administrador de Lobby Comunicación, empresa que trabajó para la ONG del duque en el Valencia Summit, atribuyó al marido de la infanta Cristina "la misma capacidad de decisión" que Diego Torres y que, de hecho, él trataba con ambos los asuntos. La documentación incorporada a la causa en la última semana de la mano de su exsocio refuerza esta idea, ya que varios documentos demuestran que Urdangarín firmaba contratos, despedía personal y tomaba decisiones.
Su salida del Instituto Nóos. En su anterior declaración ante el juez Castro, el duque de Palma aseguró que él no tuvo "nada que ver" con el fallido proyecto de los Juegos Europeos por el que el Instituto Nóos cobró 382.000 euros al Ejecutivo de la Comunidad Valenciana. Su coartada es que cuando se lanzó esta propuesta, él ya se había desvinculado de la ONG muchos antes por indicación expresa de la Casa Real, donde se habían disparado las alarmas por sus actividades privadas. Sin embargo, Torres le contradijo abiertamente el pasado sábado en su declaración ante el juez al afirmar que su exsocio "seguía teniendo mucho interés en estas actividades" y que si hizo "ese simulacro de apartamiento" fue "por presión mediática y por decir ya lo estoy dejando". Los correos electrónicos incorporados a la causa inciden en esa idea y, sobre todo, en la de que el duque de Palma estuvo especialmente involucrado en aquel proyecto. Así, en uno de ellos, uno de los empleados de confianza del duque, Antonio Ballabriga, le envió un mensaje en el que le daba cuenta de sus últimas gestiones con la Generalitat valenciana sobre estos frustrados Juegos Europeos. En otros correos se constata que mantuvo reuniones con dos altos cargos del gobierno de Francisco Camps después de la advertencia de Casa Real, que se había producido en marzo de 2006.
En su declaración de la semana pasada, su exsocio aseguró al juez que el yerno del rey simuló su salida del Instituto Nóos "por la presión mediático y por decir 'ya lo estoy dejando"
El testimonio de Julita Cuquerella también ha ayudado a desmontar esta coartada del yerno del rey, al asegurar que entre abril de 2008 y agosto de 2009, bastante después de que supuestamente se hubiera apartado de los negocios con Diego Torres por indicación de Zarzuela, mantuvo al menos una docena de reuniones con su exsocio. En la misma línea, otra testigo, María Teresa Zazo, que trabajaba como administrativa en la oficina en la que tenían sus despachos el propio Urdangarín y Torres, aseguró al magistrado no sólo que ambos mandaban por igual en el Instituto Nóos, sino que también actuaron coordinados para crear la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), la ONG creada a finales de 2006, meses después de que la Casa Real instara al duque a abandonar sus negocios, precisamente para continuar con las actividades ahora investigadas por la Justicia. Fue, precisamente, FDCIS la institución que firmó con el Ayuntamiento de Madrid y convenio que le reportó a la Fundación 120.000 euros en concepto de donación por la entrega a Madrid 16 de dos folios con el nombre de 31 miembros del COI supuestamente influenciables.
Facturas falsas para engañar a Hacienda. No sólo las declaraciones de testigos desmontan la defensa del yerno del rey. Numerosa documentación incorporada al sumario destapa las maniobras que presuntamente permitieron a él y a su socio embolsarse tres de cada cuatro euros que su instituto sin ánimo de lucro recibía como pago a sus servicios y, además, sin que Hacienda tuviera constancia de ellos. Tanto los intentos de Urdangarín como de Torres de justificar los presupuestos hinchados que endosaron a los Ejecutivos de Francisco Camps y Jaume Matas por la organización de las tres ediciones del Valencia Summit y los dos de las Islas Baleares han sido rebatidos con éxito en los últimos meses. El informe presentado por la Fiscalía para reclamar la fianza civil de más de 8 millones de euros para ambos, respaldado por el posterior auto del juez confirmando la petición, es un buen ejemplo de ellos. Dicho escrito concluyó que de los más de 6 millones de euros que el Instituto Nóos recibió por la organización de los diferentes eventos en ambas comunidades, los dos principales imputados de la causa sólo pudieron justificar fehacientemente con facturas algo más de 1,6 millones. Es decir, un exiguo 25%.
El juez respaldó el escrito del fiscal sobre la millonaria fianza civil en el que aseguraba que el marido de la infanta y Torres hincharon los presupuestos de sus servicios con facturas falsas
Según denunció entonces el fiscal, Urdangarín y su entonces socio utilizaban la burda maniobra de presentar una y otra vez las mismas facturas fuera cual fuera el servicio prestado. En otras ocasiones, intentaron cargar como justificantes de gastos que, en realidad, se habían producido antes de que se firmara el contrato que supuestamente los había provocados. Tampoco faltaban los albaranes en los que el concepto del mismo remitía a conceptos tan faltos de concreción como "asesoramiento empresarial". Triquiñuelas como ésta, sin embargo, no le servirán hoy al duque de Palma para hacer frente a las graves acusaciones que recaen sobre él, sobre todo después de que su declaración de hace un año haya quedado en evidencia.
