Los partidos políticos tendrán su ley de transparencia a medida. El Gobierno ha optado por no incluirlos en la ley general sino por adaptar la Ley de Financiación de Partidos para incluir en ella lo que fuentes del Ejecutivo describen como "criterios de transparencia". Eso significa que los preceptos que obligarán a los demás organismos públicos no se trasladarán de manera automática a los partidos sino que pasarán por una adaptación especial, según confirman fuentes del Grupo Parlamentario Popular.
Las fuentes populares consultadas reconocen el cambio que describen como “técnico”. Sin embargo, esa modificación tiene consecuencias prácticas que reducirán las exigencias para las formaciones políticas en distintos terrenos.
Para empezar, la información organizativa y de planificación será limitada. La Ley de Transparencia que tramita el Congreso pretende obligar a los organismos públicos a presentar planes y programas anuales y plurianuales, así como su grado de cumplimiento y resultados. Los partidos no quedarán vinculados por ese requisito.
De igual modo, cierta información de relevancia jurídica quedará excluida. Directrices, instrucciones, circulares y acuerdos serán de carácter reservado para los partidos y no se permitirá el acceso a los ciudadanos.
Por último, también habrá trabas a información económica, presupuestaria y estadística. Aunque en principio se mantiene la intención de obligar a publicar todos los contratos formalizados por las fuerzas políticas, los presupuestos con descripción de las principales partidas presupuestarias y las cuentas anuales junto a sus informes de auditoría, no quedarán afectadas por la obligación de publicar sus subvenciones con el argumento de que los fondos públicos con los que se financian no pueden ser considerados técnicamente como tales.
“La aplicación no automática abre la puerta a que los partidos puedan poner lo que quieran”, aseguran los expertos
En el aire está también el artículo 7.f que establece la obligación de publicar “las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este Título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.
Los expertos advierten: se puede hurtar información a la ciudadanía
Los expertos consultados por Vozpópuli advierten que ese cambio legislativo abre la puerta a excluir parámetros fundamentales de la norma. Según el catedrático y miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional, Manuel Villoria, “la aplicación no automática abre la puerta a que los partidos puedan poner lo que quieran”. En su opinión, dependerá de la voluntad de apertura de los partidos que se logre o no la transparencia.
