Zarzuela no quiere ver al duque de Palma en el banquillo y un sector del Gobierno tampoco. Es una foto incómoda que algunos pueden interpretar como un juicio general a la Monarquía, sobre todo si la Infanta Cristina termina siendo llamada a declarar, como ha solicitado Manos Limpias. Esta última es una decisión que tomará el juez instructor José Castro una vez oiga a la Fiscalía Anticorrupción y a las defensas personadas en la pieza que investiga la actividad del Instituto Nóos. El tiempo se agota porque la instrucción del caso Palma Arena, de la que deriva el caso Nóos, está a punto de concluir, a falta de escuchar hoy sábado al propio Urdangarin y de que las partes envíen sus escritos al juzgado de Palma, donde debería abrirse el juicio oral.
Para esquivar el juicio, Urdangarin tendría que aceptar su culpa, asumir las penas y aceptar el abono de las indemnizaciones a las administraciones y empresas afectadas
La impresión más generalizada en medios judiciales, compartida también en privado por el ministro Alberto Ruiz Gallardón, coloca la estrategia de la defensa de Urdangarin en una oposición frontal a que se celebre el juicio, objetivo para el que tendría que darse un pacto de conformidad mediante una pena acordada entre la Fiscalía y la defensa por la que el duque de Lugo asumiría su culpa. No es una práctica ni mucho menos novedosa en los procesos penales, aunque sí es verdad, señalan fuentes judiciales, que suele darse en caso de delitos menores.
Este acuerdo de conformidad solo podría prosperar si el acusado asume los hechos probados, admite su culpabilidad y acepta la pena que propone el fiscal o el resto de las acusaciones. El juez dictaría la sentencia respetando el acuerdo al que lleguen las partes y Urdangarin se libraría de ir a prisión al carecer de antecedentes penales si, como es previsible, fuera condenado a menos de dos años de cárcel. Este procedimiento también podría ser efectivo, legalmente hablando, si se iniciara a lo largo del juicio, algo que no forma parte del guion del abogado del duque de Palma.
En el supuesto de que el juez iniciara un procedimiento contra Gallardón por el 'Madrid 2016', el caso pasaría al Supremo ya que el ministro de Justicia es aforado
Más complejo será, según las mismas fuentes, el proceso que el juez puede abrir por presunta malversación de caudales públicos contra las administraciones que participaron de una u otra forma, generalmente a través de polémicos contratos con el Instituto Nóos, en el enriquecimiento personal de Urdangarin y su socio, Diego Torres. El Gobierno valenciano, en la etapa de Francisco Camps, el balear, durante el mandato de Jaume Matas, y el Ayuntamiento de Madrid, con Gallardón como alcalde, son varios de los posibles puntos de mira del juez Castro. En este último caso, tanto el exalcalde como la actual alcaldesa, Ana Botella, han defendido el pago de 120.000 euros a Urdangarin en 2007 porque consideran que era lo mejor para respaldar la candidatura de Madrid 2016. Si el juez decidiera actuar contra el actual ministro de Justicia, el proceso pasaría al Tribunal Supremo por su condición de aforado.
Las mismas fuentes creen que si, finalmente, la defensa del duque de Palma se inclina por evitar el juicio de acuerdo con el resto de las partes, también tendría que asumir el pago de las correspondientes indemnizaciones a las administraciones y empresas afectadas, así como de las multas derivadas de los delitos fiscales que no hayan prescrito.
La posible imputación de la Infanta Cristina está en manos de la fiscalía, mientras hay correos electrónicos del ex socio del duque de Palma todavía sin publicar
El caso y su recorrido judicial va a seguir siendo, en cualquier escenario, un dolor de cabeza hasta bien entrado el año que viene para la Casa Real. Hay correos electrónicos que el exsocio del duque de Palma en el Instituto Nóos todavía no ha desvelado, aunque en La Zarzuela se opina que ninguno de ellos puede llegar a comprometer legalmente al monarca. En medios judiciales de alto nivel se recuerda, por último que la imputación o no de la Infanta Cristina está también en manos de la Fiscalía que, a contracorriente de lo que opina la lógica de los ciudadanos, se está manteniendo hasta el momento al margen del perímetro judicial que afecta de lleno a su marido.
