Los túneles de la M-30 rodean el centro de Madrid por el sur. Cada día, circulan por ellos más de 1,5 millones de vehículos. Y cada día, se producen de media 35 incidencias. Para resolverlas, Emesa, la empresa público-privada encargada del mantenimiento de los túneles, cuenta, entre otros, con unos 'agentes de primera intervención'. Trabajadores que acuden a los accidentes, extinguen los incendios de los vehículos y se coordinan con la Policía, el Samur y los Bomberos del Ayuntamiento. Desde hace años, denuncian que son tratados como un "servicio de emergencias clandestino".
El conflicto laboral tiene casi tantos años como los túneles. CCOO alerta que la compañía se niega a reconocer la categoría profesional de este personal. Emesa, señala el sindicato, les tiene contratados como oficiales de primera de la construcción y no como bomberos, como reclaman los agentes.
El soterramiento de la M-30 fue el proyecto estrella de Alberto Ruiz Gallardón durante su primer mandato, entre 2003 y 2007. Y el más polémico. El alcalde ideó un modelo público-privado para poder construir la infraestructura. Para ello, creó Madrid Calle 30, una empresa participada al 80% por el Ayuntamiento y al 20% por Emesa, sociedad participada por ACS y Ferrovial.
Emesa, encargada desde entonces del mantenimiento de los túneles, contrató a 80 empleados como agentes de primera intervención. Ingresaron por oposición. En sus contratos, sin embargo, se les definía como oficiales de segunda dentro del convenio de la construcción, según informó El País en 2007. Poco después, recuerdan fuentes sindicales, se les reconoció como oficiales de primera de la construcción.
Trabajadores actúan, visten y se desplazan como bomberos están siendo tratados laboralmente como oficiales de primera de la construcción", denuncia Ignacio Benito, portavoz de Movilidad del PSOE en el Ayuntamiento
Una parte de la plantilla, representada por CCOO, reclama desde entonces que se le reconozca como bomberos. "En todos los partes de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, del Samur o de Protección Civil, en todos los documentos oficiales, salimos como la primera respuesta a las emergencias en los túneles", explican a Vozpópuli desde el sindicato.
Para responder a las incidencias, Emesa cuenta con un centro de control principal en la calle Méndez Álvaro y cuatro bases de agentes de intervención repartidas en las bocas de los túneles. El objetivo de estos profesionales es llegar antes que nadie al lugar del incidente o accidente. Por ejemplo, si hay un vehículo ardiendo, son ellos los que retiran al conductor y extinguen las llamas, según detalla la propia Madrid Calle 30 en su página web. Siempre coordinándose con la Policía, los Bomberos y el Samur.
Ni Madrid Calle 30 ni Emesa tienen competencias en el desarrollo de una emergencia y sus actuaciones son de apoyo a los servicios de emergencia y seguridad públicos", explican fuentes municipales
Desde el Ayuntamiento insisten en que "ni Madrid Calle 30 ni Emesa tienen competencias en el desarrollo de una emergencia y sus actuaciones son de apoyo a los servicios de emergencia y seguridad públicos, donde la autoridad administrativa del túnel es el Director de Emergencias". "Emesa es la empresa privada que tiene el contrato de 'ciertos servicios de conservación y explotación de la M30'. Como consecuencia del mismo, su actividad es la conservación de carreteras. En España, hay que recordar por imperativo legal, la conservación de carreteras se rige por el Convenio de la Construcción que garantiza la subrogación del personal de cada servicio", aclaran fuentes municipales a este diario.
Aunque desde el Ayuntamiento digan que Madrid Calle 30 no tiene "competencias" en emergencias, la compañía semipública ha llegado a presumir públicamente de su "propio servicio de atención a incidentes, accidentes y emergencias dentro del túnel". Así, al menos, lo manifestaron en su cuenta de Twitter el 14 de febrero de 2019.
Polémica con los camiones nuevos
CCOO considera que esta situación les deja poco menos que como un "servicio de emergencias clandestino". El sindicato dice que Emesa quiere "tapar" que estos agentes forman parte de un servicio de emergencias. Ponen como ejemplo la polémica con los nuevos camiones que utilizan para acudir a las incidencias. Por ley, todos los vehículos de emergencias llevan rotativos de color azul. Según CCOO, las utilizadas en los nuevos vehículos de la flota son amarillas.
"Lo que quiere decir lo de las luces es que es un sistema de bomberos encubierto", denuncia Ignacio Benito, portavoz de Medio Ambiente y Movilidad del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. "El problema es que trabajadores que están actuando como bomberos, que realizan funciones de bomberos, que van vestidos como bomberos y se desplazan en camiones de bomberos, están siendo tratados laboralmente como oficiales de primera de la construcción".
Los camiones, en concreto, sí que están cargados de agua, espuma y "todo lo referente en extinción de incendios", remarca el sindicato. A finales de octubre, el propio Benito comprobó en persona la otra denuncia de este colectivo: que salen a las emergencias con tres bomberos por vehículo en vez de los cuatro supuestamente reglamentarios. Desde el Consistorio, en cambio, detallan que el "número mínimo de personas que acuden a una emergencia las define el Manual de Explotación vigente y es en función del nivel de gravedad y varían entre dos y tres agentes".
En los últimos años, las denuncias del personal de los túneles de la M-30 han llegado al Ayuntamiento a través del PSOE y de Ahora Madrid, el partido de la anterior alcaldesa, Manuela Carmena. También por medio de Ciudadanos. Pero según el sindicato, cuando la formación naranja comenzó a gobernar en coalición con el PP de Martínez-Almeida, Begoña Villacís dejó de recibirles.
Las auditorías que no llegan
La del personal de emergencias es sólo una de las polémicas que ha acompañado a la infraestructura desde su puesta en marcha. En los plenos y comisiones de Medio Ambiente y Movilidad de los últimos meses, la oposición ha denunciado también el retraso del Ayuntamiento con la auditoría que inspecciona el estado de los túneles.
Por contrato, la empresa semipública Madrid Calle 30 debe realizar una inspección semestral del funcionamiento de la seguridad, asfaltado, iluminación y ventilación de los túneles, entre otros indicadores. El control sirve para poner precio a las posibles deficiencias. Una vez cuantificadas, se le descuenta de la factura a Emesa.
La última auditoría se realizó en el primer semestre de 2019 y cifró en 2,2 millones de euros la cuantía que se debía restar a Emesa por las carencias detectadas. La empresa recurrió dicha auditoría y la anterior, la del segundo semestre de 2019. Según Madridiario, el Ayuntamiento abordó la regularización de esta situación en diciembre de 2020. Como no pudo concluir el expediente antes de terminar el año, se ha visto obligado a devolver 11,8 millones de euros a Emesa. En todo caso, el delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, ha asegurado que las auditorías de 2019 y 2020 están listas a falta de "valoración".
El Ayuntamiento, por otro lado, ha constituido una mesa técnica de trabajo para analizar una posible remunicipalización de Madrid Calle 30. Un cambio por el que estaría obligado a indemnizar a ACS y Ferrovial por rescisión de contrato. Sobre esta cuestión, el pasado 22 de noviembre, en la comisión de Movilidad, Carabante explicó que si la mesa de trabajo concluye que remunicipalizar Calle 30 mejoraría la gestión económica de la infraestructura, se llevaría adelante. El socialista Benito, sin embargo, cree que "no hay voluntad" en el Gobierno de Martínez-Almeida para la remunicipalización. Según explica, de la lectura de los nuevos Presupuestos para 2022 se deduce que, al menos, no ocurrirá el año que viene.
