Ser contribuyente en España es un castigo cada vez más duro. A la infinidad de impuestos que existen se suman algunas penalizaciones nuevas que agravan, aún más si cabe, el delicado estado económico de la clase media y baja en nuestro país. Aunque hay regiones como Madrid que apuestan por una política fiscal de reducción de impuestos, en Moncloa no piensan igual. Buena prueba de ello es la polémica tasa de basuras.
Hace ya dos años, en 2022, el Gobierno de Sánchez aprobó la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En el texto aprobado se daba un margen de tres años para aplicar un nuevo impuesto que paliará el déficit que supone para los municipios la recogida de basuras, reflejando el coste real del servicio, que incluye el transporte y tratamiento de los residuos.
Un impuesto que, a partir de abril del 2025, recaerá directamente en los ciudadanos de las ciudades con más de 5.000 habitantes, y no será subvencionado, o camuflado, como hasta ahora. El Ejecutivo central podría recaudar en torno a 4.000 millones de euros más al año, según las estimaciones de la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local.
Este nuevo atropello recaudatorio ha puesto en pie de guerra a los municipios de España contra el Gobierno de la nación. Aunque el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se defiende diciendo que esta tasa de basuras viene impuesta por la Unión Europea, la realidad es que es mentira.
El 'hachazo' fue promovido por Teresa Ribera, próxima comisaria europea de Competencia y Transición Verde, apelando a que la Directiva 2018/851 del Parlamento Europeo imponía la obligatoriedad en sus términos. La norma, si uno la lee con detenimiento, no exige que los contribuyentes paguen de su bolsillo, tan solo establece ciertos criterios para lograr sus objetivos.
Entre ellos, impuestos que "incentiven la prevención y el reciclado de residuos", pero sin imponerlos en ninguno de sus apartados. Y es a ese limbo legal al que se aferra falsamente el Gobierno para hacer tragar a los municipios con la tasa de basuras.
Almeida carga contra la tasa de basuras
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cargó el pasado lunes contra el "sanchazo" del Gobierno con la tasa de basuras para los ayuntamientos y explicó que, aunque no está de acuerdo, la ciudad tiene la "obligación legal" de implementarla.
"Los ayuntamientos vamos a sufrir un sanchazo, porque esto es un sanchazo en forma de tasazo. La tasa de basuras no es cierto que venga de la normativa comunitaria, viene de la ley que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez", criticó el primer edil en declaraciones a los periodistas desde el Mercado de San Cristóbal.
Del mismo modo, aseguró que esta tasa se ha instaurado "sin diálogo ni consenso" con los ayuntamientos, algo que genera "notable inseguridad jurídica porque no está definida en la legislación estatal".
"Nos va a generar un problema a los ayuntamientos y una carga para los ciudadanos", ha afirmado Martínez-Almeida, quien ha informado de que se está trabajando en ella porque el Ayuntamiento tiene la obligación de ponerla en marcha antes de que finalice el año.
Pese a ello, ha asegurado que el Ayuntamiento de Madrid garantiza a sus ciudadanos que pese a este "sanchazo" pagarán "menos impuestos de los que pagaban en el año 2019".
"Las rebajas fiscales de este Ayuntamiento y de este equipo de Gobierno hacen que incluso con este sanchazo vayan a pagar menos impuestos de los que pagaban en el año 2019. Lo tenemos que poner contra nuestra voluntad porque nos lo impone Pedro Sánchez este tasazo. Aun así, la presión fiscal será menor en el año 2025 que en el año 2019 gracias a esas rebajas fiscales", ha apuntado.
Madrid lidera la rebelión
Aunque la tasa de basuras fluctúa en función de cada municipio, también lo hace por los metros cuadrados de la vivienda, el consumo de agua, número de habitantes, etc. Existe una parte fija y una variable, y ambas pueden hacer que el recibo de basuras se vaya hasta los más de 300 euros anuales para muchos hogares.
Una salvajada para la que los municipios de Madrid ya están estudiando opciones fiscales que rebajen el impacto en sus vecinos. La estrategia fiscal de las localidades gobernadas por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid pasa por reducir impuestos como el IBI, el impuesto de vehículos, congelar la mayoría de impuestos excepto el de basuras o bonificar la separación de los residuos.
Todo ello con el único objetivo de que, a partir de abril, la cuenta de gastos de los madrileños deje de engordar con este nuevo envite fiscal del Gobierno, esta vez acusando a Bruselas de imponerlo.
