El Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero Klink, ha enviado un escrito al secretario general de ULEG, Carlos Delgado, en el que le informa que ha abierto diligencias de investigación sobre la denuncia que este grupo político hizo sobre el llamado 'caso Porfolio'.
En esta denuncia se hacían acusaciones contra Jesús Gómez, anterior alcalde de Leganés y hoy diputado de la Asamblea de Madrid, y contra el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento del municipio.
El fiscal estudiará ahora la denuncia que ULEG presentó hace algunos meses y, tras un análisis de los hechos, decidirá si la archiva o envía al juzgado las revelaciones de este grupo municipal de Leganés.
La denuncia se basó en el presunto quebranto para los fondos públicos de una permuta de suelo el 17 de marzo de 2005 por el edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Leganés de entonces, el socialista Florencio Izquierdo, con la empresa Festival Park (luego Portfolio) "que costará hasta 9 millones de euros extra a los vecinos por la presunta actuación delictiva". ULEG ha mantenido que el Gobierno del PP no hizo nada contra este acuerdo, a pesar de que conocía que era muy lesivo para los intereses de los ciudadanos.
La denuncia se basó en el presunto quebranto para los fondos públicos de una permuta de suelo con la empresa Festival Park (luego Portfolio) en 2005
"Lo que en 2005 -explican- suponía mediante un acuerdo de permuta el cambio de suelo por suelo (valorados ambos en 12 millones), se traduce más de una década después en que el Ayuntamiento se tendrá que quedar con un suelo rústico protegido medioambientalmente y con asentamientos chabolistas. Por contra la empresa Porfolio se va a quedar con más de 28.000 metros cuadrados edificables de uso comercial y de ocio en plena Plaza Nueva de Leganés”.
Ambos suelos tienen un extraordinario desequilibrio en su valor, a lo que hay que sumar una millonaria indemnización fruto de una condena judicial a la que tendrá que hacer frente el Gobierno local.
Los terrenos que se queda el Ayuntamiento, según ULEG, “no alcanzan un valor ni de 4 millones de euros, mientras entrega ‘oro’, puesto que esas parcelas pueden alcanzar hasta los 48 millones de euros, según se cuantificó en 2009 cuando se pretendió su venta y fue frenada por un recurso judicial”.
Además hay una sentencia judicial que obliga a abonar a la empresa por los intereses y costas generados por no haberse materializado la permuta en 2005. Se calcula que el coste de la sentencia será de entre 7 y 9 millones de euros.
La compañía intentó en reiteradas ocasiones llegar a un acuerdo amistoso con el Ayuntamiento de Leganés sin lograr su objetivo
ULEG señalaba que el Ayuntamiento, ya con el Gobierno de Jesús Gómez, “por razones de incomprensible explicación nunca quiso cumplir con este acuerdo, ni tampoco se impugnó o se declaró la lesividad del mismo, por lo que la empresa se vio obligada a acudir a la vía judicial, primero en los juzgados donde se estimaron íntegramente las pretensiones de la empresa”.
La compañía intentó en reiteradas ocasiones llegar a un acuerdo amistoso con el Ayuntamiento de Leganés sin lograr su objetivo. La permuta se acordó con gobierno de PSOE-IU, pero los procedimientos judiciales en los que ULEG acusa al PP de inoperancia se produjeron ya con un gobierno popular.
ULEG señala que si tan gravosa era esa permuta, ¿por qué no se denunció o declaró su lesividad y no se puso en manos de la Fiscalía o se iniciaron las acciones jurídicas para salvaguardar los intereses municipales? Se preguntan cuáles fueron las instrucciones que dieron el entonces alcalde y concejal de Urbanismo para la defensa de dicho pleito tanto en primera como en segunda instancia.
Igualmente quieren saber “qué intereses ocultos están detrás de una permuta donde el Ayuntamiento elige un suelo de más que discutible valor y qué intereses ocultos hay para que esa permuta no se ejecute durante años acarreando unos intereses y costas que van a suponer a los vecinos de Leganés un desembolso extra de hasta 9 millones de euros”.
