La Policía Nacional ha liberado a una veintena de personas, entre ellas dos bebés, que vivían confinadas en un restaurante de Madrid en condiciones infrahumanas y que eran obligadas a pagar 400 euros al mes por habitar en un espacio de un metro y medio, bajo amenazas como ser contagiadas de coronavirus.
La propietaria del restaurante y el dueño del inmueble han sido detenidos y se les atribuyen delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, coacciones y contra la salud pública, según informa esta viernes la Jefatura Superior de Policía.
En el restaurante, ubicado en el barrio madrileño de San Blas, vivían en habitáculos de apenas un metro y medio, separados por plásticos o cartones, una veintena de personas, entre ellas dos bebés de menos de un año.
Pagaban 400 euros al mes y, cuando no podían hacer frente al pago, eran sometidas a coacciones, impidiéndoles el acceso a servicios básicos, obligándoles a dormir en espacios aún más reducidos e incluso les amenazaban con contagiarles el virus.
La investigación se inició cuando los agentes detectaron que en el interior de este establecimiento, que había cesado su actividad, residían personas. En una inspección al local encontraron a ciudadanos de distintos países, como España, Bangladesh, Colombia, Filipinas, Honduras, Perú, Portugal y Venezuela.
Vivían en el interior del establecimiento en condiciones insalubres, hacinadas en espacios muy reducidos y no aptos para la habitabilidad, detalla la Policía. Los responsables habían instalado colchones en la barra del bar, en la cocina bajo la campana extractora o en el patio trasero, separando cada "estancia" por cartones o plásticos.
En caso de no poder pagar el pago del alquiler les impedía el acceso a los suministros básicos y les trasladaba a espacios aún más reducidos como pequeños aseos o incluso a una cámara frigorífica. Además, para amedrentar aún más a las víctimas, la dueña les decía que era portadora del coronavirus y tosía y estornudaba sobre los platos y otros enseres cuando se encontraban en la hora de la comida.
El propietario del inmueble también era conocedor de las prácticas de la dueña del restaurante, por lo que también fue detenido como presunto autor de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular. La Policía Nacional detalla que las investigaciones continúan abiertas y no se descarta la existencia de otras personas implicadas debido a que alguna de las víctimas se encontraba empadronada en el local del negocio de hostelería.
