Policías locales de Madrid y Palma de Mallorca han dirigido escritos a los responsables de sus concejalías de Seguridad en los que solicitan un protocolo de actuación con ‘manteros’. Por otra parte, los sindicatos CPPM, UPM, CSIT-Unión Profesional y UGT han firmado un comunicado conjunto en el que piden la retirada de las orden verbal de no intervención en el barrio de Lavapiés "para poder cumplir con nuestra obligación de velar por la seguridad y convivencia de todos los ciudadanos".
Estas peticiones se producen después de que concejales de Ahora Madrid del Ayuntamiento de Madrid hayan acusado a la Policía de perseguir a un senegalés que murió de un infarto y de la 'orden verbal' dada a los agentes para que no aparezcan por el barrio.
En el caso de Madrid, la Unión de Policía Municipal (UPM) ha enviado cartas al Inspector Jefe, coordinador, y director general de la Policía en la que solicitan “con carácter urgente” instrucciones pautas y protocolos de intervención en materia de venta ambulante, “especialmente con manteros y lateros”.
UPM califica los hechos sucedidos la pasada semana de “lamentables” y considera que la imagen del cuerpo ha quedado mancillada “y se ha hecho un movimiento torticero e interesado, que cuestionaba la profesionalidad del cuerpo, especialmente en lo referido en la venta con el top manta”.
La actual situación “no presta ningún tipo de garantía a la seguridad jurídica de los intervinientes”
El sindicato considera que ha quedado demostrado que la actual situación “no presta ningún tipo de garantía a la seguridad jurídica de los intervinientes”.
Añade que los agentes “son quienes deben responder, de manera personal, disciplinaria y penal y públicamente de sus intervenciones”, lo cual les deja indefensos.
UPM afirma que los policías municipales de Madrid no pueden continuar en esta incertidumbre “trabajando sin unos protocolos de intervención que regulen de manera taxativa, qué se debe hacer, cuáles son los objetivos y cuáles las prioridades”.
“Si desde esa dirección -añaden- lo que se pretende es la inhibición de los policías, dicten esa orden, de manera que cada uno sepa a qué atenerse, pero los policías no podemos continuar estigmatizados y cuestionados en cada intervención”.
Creen que no se puede continuar con miedo a tener un accidente o practicar una reanimación para ser tildados de asesinos. “No podemos trabajar cuando nos encontramos que quienes deben tutelar y defender nuestra actuación, no solo se inhiben o se ponen a su lado, sino que se ponen junto a quien nos denigra y cuestiona nuestra profesionalidad y vocación de servicio”, afirman en su carta.
En Palma, también
Por otra parte, el diario Ultima Hora de Palma de Mallorca informó que la Policía Local reclama al Ayuntamiento de la ciudad que les indique cómo debe actuar ante la venta ambulante ilegal, cuando deje de estar regulada en la ordenanza de ocupación de la vía pública.
El secretario general del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) en Balears, Emilio Oyarzábal, explicó que conocieron por este periódico que la venta ambulante ilegal dejará de estar prohibida en las ordenanzas municipales. «Desconocemos cómo se querrá afrontar un problema serio para los comerciantes. Si no tenemos una regulación, no sabemos cómo quieren que intentemos paliarlo», señaló en el citado diario.
Oyarzábal confiesa que se sienten «impotentes» e «indignados» por la falta de herramientas para poder hacer frente a la venta ambulante ilegal. «Los comerciantes se quejan de que no actuamos ante un problema que a ellos les afecta mucho», señaló a Última Hora.
En este sentido, explicó que «para nosotros es muy fuerte tener que multar a un coche que está mal estacionado, mientras que para otras actuaciones más sangrantes no tenemos herramientas para actuar».
Comunicado conjunto
Por otra parte, los sindicatos CPPM, UPM, CSIT-Unión Profesional y UGT han aprobado un comunicado conjunto en el que exigen respeto institucional y apoyo para el cuerpo, "un apoyo del que nos sentimos huérfanos en la actualidad por parte de quien nos dirige".
También piden "el inmediato refuerzo de efectivos en el distrito Centro para garantizar la seguridad de nuestros compañeros y de los propios vecinos, así como la convocatoria de la Junta Local de Seguridad para que se establezca una auténtica coordinación y la implicación de la Delegación de Gobierno".
Los firmantes rechazan las declaraciones y comportamientos que puedan dar lugar a "que todo el barrio sea pasto de grupos violentos que pretendan convertirlo en un territorio con absoluto desprecio a las leyes y normas de respeto y convivencia".
Los agentes creen que Javier Barbero ha dejado acreditado que no puede seguir "ni un minuto más como máximo responsable de la Policía Municipal"
Critican las declaraciones del concejal de Seguridad Javier Barbero en las que afirmaba que las protestas de los agentes se deben a la conflictividad laboral y recuerdan que la negociación de las condiciones laborales lleva tres años de retraso.
Los agentes creen que Javier Barbero ha dejado acreditado que no puede seguir "ni un minuto más como máximo responsable de la Policía Municipal y de la seguridad de todos los madrileños y por lo tanto le instamos a dimitir o a que la alcaldesa tome esta decisión por él".
