Madrid

Los tres policías que abatieron a tiros a un joven en Vallecas se sentarán en el banquillo el 8 de marzo

La defensa entiende que el uso del arma reglamentaria, en casos como este, está justificado por la legítima defensa, eximente recogido en el artículo 20.4º del Código Penal

  • Una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía

Los tres policías nacionales que causaron la muerte a tiros de un joven de 21 años en Vallecas se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo 8 de marzo. La causa contra los tres agentes que protagonizaron dicha intervención policial en noviembre de 2021 llega a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, después de que el juez instructor decretara la apertura de juicio oral el pasado mes de septiembre.

El juicio correrá a cargo de un juzgado popular al ser competente en el delito de homicidio por imprudencia del que se acusa a los agentes de la Policía Nacional. A lo largo de diez días, podrán escuchar a unos 50 testigos, el gran número de testificales que se presentarán ante la audiencia madrileña convierte esta cita en un juicio largo y que podrá extenderse más allá de una semana.

El caso que ha llevado a estos tres agentes frente a la Justicia empezó el 26 de noviembre de 2021, cuando una mujer llamó al 091 alertando de que uno de sus hijos estaba amenazando con un cuchillo a la familia. Hasta el domicilio se desplazaron varios agentes de Policía Nacional que acabaron disparando contra el chico que acabó muriendo a causa de los disparos. Los agentes llegaron a disparar hasta en 19 ocasiones, alcanzando seis al joven.

Los policías efectuaron 19 disparos

Según el auto del juez instructor, como el chico no paraba de moverse, amenazando con un arma de fuego a los agentes, estos "siguieron disparando, haciendo un total de 19 disparos que no cesaron cuando Kebyn puso una rodilla en el suelo". Seguidamente, taponaron las heridas con toallas, le hicieron un torniquete y avisaron al SAMUR.

La defensa, el abogado de Jupol Marco Antonio Navarro, entiende que el uso del arma reglamentaria, en casos como este, está justificado bajo por la legítima defensa, eximente recogido en el artículo 20.4º del Código Penal. Por ello, el letrado solicitó en la fase de instrucción que se procediera al archivo y sobreseimiento libre de la causa al entender que no existió una actuación ilícita por parte de los agentes.

El jurado popular escuchará la versión de los agentes, la de la familia y a varios peritos expertos que han elaborado los diferentes informes aportados por ambas partes. Según ha podido saber este medio, la defensa ha aportado tres periciales, las cuales continúan a la espera de que sean admitidas por la Sala, entre ellas, elaborada por el reconocido psiquiatra forense José Cabrera.

Informe toxicológico del joven fallecido

La defensa intentará presentar ante el jurado popular un informe toxicológico del fallecido, que según afirma el Navarro se encontraba bajo los efectos de las drogas en el momento de los hechos. El joven dio positivo, entre otras cosas en anfetaminas y sildenafilo, componente principal de la viagra.

La Fiscalía ha cambiado hasta en tres ocasiones de criterio. En un primer momento, elevó su escrito de acusación, pero tras la aparición de nuevos informes policiales decidió pedir el archivo de la causa. Tras el rechazo de la Audiencia Provincial a cerrar la casa sin pasar por el banquillo. Finalmente, el Ministerio Público volvió a acusar a los tres agentes por homicidio con eximente incompleta de legítima defensa.

La Fiscalía pide para ellos dos años y seis meses de prisión y 100.000 euros de indemnización para la familia. La acusación particular pide diez años de cárcel para cada uno sin agravantes ni eximentes, además de una indemnización de más de medio millón de euros.

Desde JUPOL, califican de "indecente" que el uso del arma de fuego, según creen, por defensa propia se siente a estos agentes de Policía en el banquillo por homicidio. Por ello, en señal de apoyo a sus compañeros, JUPOL está organizando un pequeño acto frente a la Audiencia Provincial el día que arranque el juicio.

No obstante, matizan, se trata de un gesto par parte de agentes, sin inmiscuirse en las decisiones judiciales. "Creemos en la separación de poderes y el principio judicial", añade el sindicato.

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