El Gobierno Venezolano ha contratado a un despacho de abogados español con la intención de proteger sus bienes en el exterior. Según adelanta Expansión, el objetivo de Nicolás Maduro es solicitar asesoramiento ante la posibilidad de sanciones y embargos ante la inestabilidad política que vive Venezuela.
El bufete elegido para ello ha sido Lupicinio Abogados, un despacho especializado en derecho internacional y mercantil en España y el resto del mundo, en un acuerdo en el que cubren a la Administración del Estado del país caribeño, al propio Maduro, a sus ministros y a diversos altos cargos.
El contrato se firmó en enero
Expansión indica que el contrato entre ambas partes se firmó a finales del pasado mes de enero y que se rubricó en la Procuraduría General de Venezuela, organismo que equivale a la Abogacía General del Estado en España. Al parecer, se habría hecho así porque dicha procuraduría pende de la Asamblea Nacional de Venezuela, presidida por Juan Guaidó; algo que, según el despacho español, da cobertura al ser un organismo reconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y España.
"Es un organismo que tiene facultades de contratar por el interés de la República cuyo máximo representante lo designa la Asamblea Nacional, de mayoría no oficialista y cuyo presidente no es oficialista", destaca la firma de abogados en unas declaraciones realizadas al medio económico español.
