Este jueves el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, cumplió su amenaza y ha denunciado al sindicato Manos Limpias ante la Corte Suprema de Gibraltar. El presidente de Manos Limpias, Miguel Bernard, afirma “no reconocer esa jurisdicción” y anuncia que “no piensa acudir a Gibraltar a declarar”. En cuanto a la autoría, la demanda está firmada por el abogado Lewis Baglietto, miembro del bufete gibraltareño Hassans, ligado a Picardo. No hay rastro público de Baltasar Garzón como se especuló en los últimos días aunque Bernard no descarta que esté detrás de la demanda.
El ataque de Picardo es la respuesta a la denuncia presentada el pasado 19 de agosto por el sindicato de funcionaros ante las oficinas madrileñas de la Comisión Europea. En dicha denuncia se acusa al ministro principal de Gibraltar como responsable del lanzamiento de 70 bloques de hormigón en la bahía de Algeciras el pasado 24 de julio. Considera que contraviene la normativa comunitaria que establece como lugar de interés comunitario la protección medioambiental de 23 hectáreas desde la costa. Por lo mismo, acusa a las autoridades del Peñón de incumplir las normas comunitarias en sus actividades de ‘bunkering’ (gasolineras flotantes). El sindicato de funcionarios añade que las autoridades del Peñón vulneran la normativa de Naciones Unidas sobre el mar de 30 de abril de 1982.
Y lo más significativo, terminaba la denuncia con el siguiente otrosí: “Los denunciados son cómplices, colaboradores y cooperadores necesarios en el contrabando, en el narcotráfico y en el blanqueo de capitales, incluso desoyendo las comisiones rogatorias que les requieren juzgados y tribunales”.
El último párrafo es considerado “difamatorio” por Picardo y el pasado 30 de agosto el abogado Lewis Baglietto, del bufete gibraltareño Hassans remite un escrito de apercibimiento al sindicato instándole a rectificar dándole de plazo hasta el 3 de septiembre. “En caso contrario, nos reservamos las acciones legales oportunas”. En dicho escrito le pedían que se disculpara ante la Comisión y en su página web “en los términos pactados con nuestro cliente”. Pedían además que abonaran los costes de defensa de Picardo y que le indemnizaran por los daños morales con una cuantía que pactarían y que entregarían a la obra de caridad que decidiera el ministro principal del Peñón.
Posteriormente, el 4 de septiembre, los abogados de Picardo elevan una queja ante la Comisión Europea en la que afirman que el ministro principal del Peñón está dispuesto a someterse a la crítica política y estará “encantado” de defenderse de las acusaciones medioambientales y de la denuncia de quebrar el derecho comunitario. “Lo que no podemos consentir en ningún caso es que se acuse a nuestro defendido de cuestiones tan graves como el contrabando, el narcotráfico o el blanqueo de capitales”. Por todo ello, reclaman de la Comisión que no admita la denuncia de Manos Limpias “por falta de mérito y sustancia”.
Ante el silencio de Bernard y de la Comisión, un día más tarde, el pasado jueves 5, deciden presentar la demanda ante la Corte Suprema gibraltareña. Con unas costas de 1.670 libras reclama frenar lo que considera una “difamación”. Ahora el problema jurídico –y político- se plantea una vez que el presidente de Manos Limpias no reconoce la jurisdicción. “No me ha preocupado lo más mínimo, y desde luego no pienso acudir a Gibraltar a declarar; tendrán que hacer una rogatoria ante la Audiencia Nacional”, concluye Bernard.
