Cada decisión que toma el Gobierno en la gestión del coronavirus provoca una tormenta política. Esta semana, el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió que su plan para ir rebajando progresivamente las restricciones pivotaría sobre las provincias. Dirigentes regionales, tanto del PP como del propio PSOE, mostraron su discrepancia con el criterio marcado. Los líderes de Cataluña y País Vasco salieron en tromba contra la opción de usar una división del territorio que permanece prácticamente intacta desde hace 200 años.
El president de la Generalitat Quim Torra calificó la decisión del Gobierno como un "grave error". "Cataluña vuelve a 1833, en Lérida, Gerona, Tarragona y Barcelona. Toda la experiencia de gestión de la sanidad en Cataluña por regiones y áreas sanitarias, a la papelera", lamentó. Al gobierno de su homólogo vasco, el lehendakari Íñigo Urkullu, tampoco le hizo ninguna gracia el criterio elegido. "Hemos pasado de la plurinacionalidad de la que hablaba el Gobierno al pluriprovincialismo", dijo el portavoz, Josu Erkoreka. "Llama la atención que el ámbito territorial por el que se ha optado sea la provincia, unidad administrativa más propia de un Estado unitario o incluso de un periodo preconstitucional", remató.
En efecto, para el Gobierno español de principios del siglo XIX era complicado hacer llegar sus mandatos a la amalgama de pueblos y territorios que conformaban la Monarquía por aquel entonces. Así que en 1833, en tiempos de la regencia de María Cristina tras la muerte de Fernando VII, el ministro de Fomento Javier de Burgos se encargó de trazar una división que apenas ha mutado en los dos últimos siglos.
Atrás quedaba el mapa del antiguo régimen y los intentos ya iniciados por Felipe V de racionalizar la división administrativa mediante la creación de intendencias.
modificadas posteriormente por el plan Soler. Pero el todavía incipiente régimen liberal
En tiempos de la ocupación francesa, España quedó dividida en 38 prefecturas, imitando el modelo galo.
El Govern catalán había insistido en que la desescalada de las medidas de confinamiento debería seguir criterios territorializados que vayan más allá de la comunidad autónoma o la provincia, sino que deberían ser los ayuntamientos quienes, siguiendo los criterios generales marcados por la Generalitat, decidieran como deberían ser las salidas.
