Mediciones infladas, facturas falsas, regalos y pagos en especie... Son los ingredientes que formaron parte del concurso amañado por el Gobierno de Aragón que presidía el socialista Marcelino Iglesias para adjudicar la segunda fase de la urbanización de Plaza a favor de Necso, constructora de Acciona, y MLN, trabajo que tuvo un sobrecoste de 158 millones de euros.
Según informa este jueves el periódico 'El Mundo', el Ejecutivo de Iglesias "dio instrucciones para amañar el concurso de las obras de urbanización de la plataforma logística Plaza". Del sobrecoste de 158 millones de euros, hay 94 sin justificar, lo que equivale a casi dos terceras partes.
Ese sobrecoste de 94 millones "es injustificado y se debe a una catarata de irregularidades" entre las que se incluyen mediciones infladas para poder así incrementar los precios a certificaciones de obras no ejecutadas y justificadas después con facturas falsas, "cuyo importe se destinaba a regalos y pagos en especie".
Entre los correos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entregados al juez y que publica el diario de Unidad Editorial, se recogen esas instrucciones para favorecer a la constructora de los Entrecanales. "La indicación es subir a 10 puntos en coordinación y a 5 puntos en personal".
En este sentido, la Policía razona que, sin esa argucia, todo apunta a que Acciona habría perdido el contrato. Como ya adelantó 'Vozpópuli', la investigación sobre las irregularidades contables en la construcción de la plataforma logística de la capital aragonesa reveló que los implicados se valieron presuntamente de sociedades de amigos y familiares para ocultar el desvió del dinero.
Desde que en el año 2000 se pusiera en marcha dicha plataforma logística, se han adjudicado obras por valor de 177 millones de euros que, sin embargo, han acabado costando más de 470. Hay cinco procedimientos judiciales abiertos y por el momento, 25 imputados.
Tras conocerse este último amaño, UPyD ha pedido la dimisión tanto del senador Marcelino Iglesias como del actual vicepresidente de las Cortes de Aragón y entonces consejero de Obras Públicas de la Comunidad autónoma, Javier Velasco. "Deben dimitir inmediatamente de sus cargos para evitar un mayor desprestigio de la política aragonesa ante los ciudadanos".
