En el imaginario colectivo andaluz se ha instalado ya la creencia, verosímil, de que la sanidad pública quita y pone gobiernos. La amarga victoria de Susana Díaz, en diciembre de 2018, propiciada en gran parte por la mala gestión sanitaria del Ejecutivo que presidió, es un claro ejemplo de lo anterior. Más de 400.000 votantes socialistas se quedaron en su casa pero luego, ya en generales, salieron de su zona de confort abstencionista para ir a votar a Pedro Sánchez como cabeza de cartel en las generales.
Con la aniquilación, casi por completo, del virus de la pandemia y la relajación de medidas sanitarias ha vuelto la vida en la calle y con ella las protestas, en este caso sanitarias. Son las llamadas 'mareas blancas' que denuncian el "despido de 8.000 profesionales" del Servicio Andaluz de Salud (SAS). En el Gobierno andaluz, de PP y Cs, son conscientes de la utilización que la izquierda hace y va a seguir haciendo de este asunto. De ahí que fuentes del PP andaluz relacionadas con la estrategia electoral, consultadas por Vozpópuli, consideren que las movilizaciones sindicales sanitarias en la calle se han convertido ya en un acicate más para que el presidente, Juanma Moreno, convoque elecciones anticipadas y no agote la legislatura, en contra del deseo que expresa siempre. Sería una buena manera, interpretan, de reformar y legitimar a los populares en las urnas, dados los buenos sondeos que les acompañan hasta ahora.
Al margen de los datos en sí sobre intención de voto del último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Presidencia, que otorga una ventaja de 15 puntos al PP sobre el PSOE y una horquilla de 47-51 escaños (la mayoría absoluta son 55), no menos relevante resulta el hecho de que el 66% de los encuestados considera buena, o muy buena, la gestión de Moreno, además de otorgarle un 6 de valoración. Con estas cifras sobre la mesa es normal que el portavoz parlamentario de los populares, José Antonio Nieto, reconociera en público, durante una entrevista en 7TV, que él personalmente le ha pedido al presidente que convoque elecciones anticipadas.
Tanto PSOE como el resto de partidos a su izquierda, además de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, han acogido en su argumentario diario el asunto de los 8.000 contratos sanitarios que finalizan y no serán renovados. Para la izquierda, no son otra cosa que "despidos". Conviene aclarar que entre ellos no hay ningún médico. Se trata de enfermeros y analistas clínicos de PCR que ya no son necesarios, a juicio del Gobierno andaluz de PP y Cs, dada la gran mejoría experimentada en relación con la pandemia, gracias a las elevadas cifras de vacunación.
Al comienzo de la pandemia se contrataron 20.000 sanitarios en Andalucía, gracias a fondos específicos, habilitados para tales fines. Ahora, con la vuelta a la normalidad no se renuevan 8.000 contratos porque, entre otras cosas, se acaban los fondos. Sí se renueva al cien por cien de los médicos y al setenta por ciento de los enfermeros. En total son 12.000 renovaciones. Así se escribe la historia.
Pero en los cuarteles generales del Partido Popular en Andalucía hay preocupación, porque saben que las llamadas 'mareas blancas' no han hecho más que empezar y tratarán de erosionar al máximo a Moreno Bonilla en las calles. Más allá, reconocen las fuentes consultadas, de que la atención primaria en los centros de salud deja mucho que desear y se ha convertido en otro quebradero de cabeza para los conservadores y liberales que conforman el Ejecutivo de coalición, algo que también será aprovechado por unas 'mareas' a las que ya tuvo que enfrentarse Susana Díaz en los estertores de su mandato.
Por si lo anterior fuera poco, el bisoño líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha dado un giro de timón en la que hasta ahora era una negociación con el PP, bien encauzada, que podía desembocar en una abstención socialista de los Presupuestos 2022. Ha sido salir las 'mareas blancas' a la calle y exigir el sucesor de Susana Díaz que "no haya 8.000 despidos", como condición indispensable para no votar en contra de las cuentas de PP y Cs. A estas alturas no hay ninguna duda de que el cambio de Espadas se debe a una imposición de Ferraz, por no decir de Sánchez. De hecho, tal exigencia ha venido por boca de un andaluz miembro de la Ejecutiva Federal, como es Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, compañero y, sin embargo, no precisamente tan amigo del todavía alcalde de Sevilla.
El pasado domingo Juanma Moreno, en un acto conjunto con Feijóo en Marbella, pedía a Espadas y al PSOE andaluz "valentía" para "no hacer caso" a los deseos de Pedro Sánchez y las "imposiciones de Ferraz", tras considerar que esta federación se ha convertido en una "vieja sucursal" de Madrid, tras la salida de Susana Díaz.
De forma simultánea a lo que le decía Espadas éste enviaba un comunicado en el que daba un ultimátum que Marín ha calificado este lunes de "chantaje": el líder socialista pretende que Moreno se comprometa a "no despedir a 8.000 sanitarios" en el debate sobre el estado de la Comunidad, que arranca este miércoles en el Parlamento.
El posible adelanto conjunto con Castilla y León
En el entorno cercano de Moreno Bonilla reconocen que, en caso de adelantar las elecciones, marzo no sería un mal mes (en todos los ámbitos políticos se apostaba hasta ahora por mayo). La clave de la cita con las urnas en marzo está relacionadas con la posibilidad, no descartada aún, de hacer coincidir los comicios andaluces con los de Castilla y León, señalan a Vozpópuli fuentes responsables de la dirección de la campaña de Moreno en 2018. Se trata especialmente de una necesidad perentoria para el presidente Alfonso Mañueco. El 11 de marzo se cumple el plazo de un año desde que el PSOE de Luis Tudanca presentara una moción de censura, por lo que transcurridos 365 días desde entonces pueden volver a intentarlo. En el PP dan por hecho que los socialistas lo harán y contarán con apoyos suficientes en la aritmética requerida.
Mañueco tendría que disolver las Cortes castellanas y leonesas menos de dos meses antes de los comicios que quisiera convocar, al igual que ocurre en Andalucía (55 días). Con tal decisión el también considerado barón moderado del PP ganaría otros cuatro años consecutivos, mediante un posible pacto con Vox, –Cs está hundido allí– y neutralizaría de forma automática la moción de censura de los socialistas con otros partidos como Unión del Pueblo Leonés, Podemos y Por Ávila, además de la posibilidad de arrogarse el voto de la exprocuradora de Ciudadanos María Montero, ahora no adscrita, quien el pasado 10 de octubre dijo que Tudanca "sería un fabuloso presidente".
De hecho, Génova está por la labor de la doble cita electoral, con el tándem Moreno-Mañueco, porque de obtener ambos buenos resultados, y reeditar sus gobiernos, Pablo Casado saldría muy reforzado en su camino hacia La Moncloa. Ya de por sí, el hecho de que Moreno adelantara le sirve de revulsivo a la dirección nacional. Además, creen que la coincidencia de ambos comicios, con el consiguiente reclamo mediático, fomentaría la participación especialmente en los ámbitos rurales de la despoblada Castilla y León, donde Vox se ha abierto paso poco a poco.
El factor Olona en Andalucía
En el ámbito político andaluz, donde cada vez está más claro que Macarena Olona es la que más posibilidades tiene en su partido de ser candidata a la presidencia de la Junta, los estrategas electorales del PP-A mantienen que con esta candidata "potente" Vox podría obtener entre 18 y 20 escaños. Los de Abascal consiguieron 12 actas en diciembre de 2018 y, a día de hoy, la encuesta del mencionado Centra les da entre 13 y 15, sin siquiera haber preguntado a los sondeados por el nombre de Olona.
A todo lo anterior se suma el hecho de que Ciudadanos en Andalucía tiene en el Centra una estimación de 7 diputados (obtuvo 21) y en el seno del partido liberal comienzan a contemplar la posibilidad de apostarlo todo al adelanto que decidiera Moreno Bonilla, único que tiene la potestad y prerrogativa para firmar la disolución del Parlamento, de forma unilateral, "sin tener que consultarlo con nadie", como él mismo reitera.
El propio Juan Marín ya apuntaba recientemente en una entrevista con Vozpópuli la posibilidad de que por pocos escaños que obtuvieran en las próximas elecciones éstos les sirvieran para reeditar, de nuevo un bipartito con el PP, que pudieran cerrar ambos con la mágica suma de 55 (mayoría absoluta), sin necesidad de contar con Vox como socio parlamentario. "En Andalucía hacen falta 55 para gobernar, pues a lo mejor con 1... Lo que hay que tener son los diputados necesarios para poder condicionar las políticas y poder fiscalizar la acción de un gobierno", dijo Marín el 19 de septiembre sobre su deseo de cerrar, por la mínima, un bipartito con el PP para enviar a la irrelevancia a Vox.
Si hay algo que ha preocupado también en los últimos meses a Moreno es cómo explicarles a los andaluces un posible adelanto electoral, para que no se viera como algo partidista, después de la pérdida de apoyos de Vox. El presidente está articulando el relato y entre los argumentos figura la inestabilidad que se puede producir en Andalucía si las inversiones no llegan porque se está pendiente de quién gobierne. La patronal andaluza (CEA) ya intentó, sin éxito, reconducir la intención de Santiago Abascal de no aprobar las cuentas de 2022. La última palabra la tiene Moreno y quién sabe si también Mañueco.
