El Gobierno de la Generalitat observa con recelo y desconfianza el desplazamiento oficial de Mariano Rajoy a Andorra que hoy comienza. Nunca hasta el momento un jefe de Gobierno español había efectuado una visita oficial al vecino país pirenaico. Como si se tratara de un extraño tabú, los presidentes españoles no habían decidido hasta el momento desplazarse hasta allí. Nunca encontraron la oportunidad. O quizás no les resultaba conveniente. El contexto del viaje se enmarca en la relevancia que algunas entidades financieras del Principado han acaparado con relación a los escándalos protagonizados por la familia Pujol.
Un refugio seguro
Andorra ha sido tradicionalmente un punto de fuga obligado, un refugio seguro para grandes fortunas catalanas, que evitaban así el fisco con la tranquilidad de la opacidad del país vecino. Esta es una vieja tradición, una historia perfectamente asentada desde hace muchos años que, sin embargo, estalló en forma espectacular el pasado verano cuando Jordi Pujol confesó que ocultaba más de tres millones de euros en una entidad andorrana, fruto, según él, de una herencia de su padre, Florenci. Treinta años de escamoteo al fisco de quien se decía padre de la patria catalana.
En la visita de su homólogo andorrano en septiembre, no hubo rueda de prensa posterior y se dijo que no se había tratado el tema de los Pujol
La visita de Rajoy es devolución de la efectuada por su homólogo andorrano, Antoni Martí, el pasado 2 de septiembre, unas semanas después, precisamente, de la confesión de Pujol, que provocó un auténtico terremoto en el panorama político y social de Cataluña. Dentro de un par de semanas, el próximo día 27, el expresidente tendrá que comparecer como imputado ante el juzgado número 31 de Barcelona, en compañía de su mujer y tres de sus hijos para esclarecer cuál es el origen y la situación real de los dineros ocultos de la familia en el vecino país, que se cifran por encima de los diez millones.
Doble imposición fiscal
Oficialmente, el viaje de Rajoy busca estrictamente facilitar los mecanismos de información entre ambos países a los efectos de buscar un instrumento que ponga punto final a la doble imposición fiscal y despejar así situaciones complicadas para la actuación de la Justicia. Oficialmente desde Moncloa se rechaza todo tipo de vinculación del viaje con el caso Pujol, pero la presencia en la comitiva española del minsitro de Fannzas Cristóbal Montoro y de su secretario de Estado, Miguel Ferre, evidencian que los asuntos relacionados con impuetos y agencias tributarias respectivas están en primera línea de las conversaciones. En su pasada escala en Madrid, el primer ministro de Andorra evitó comparecer en la tradicional rueda de prensa que se celebra habitualmente tras la entrevista con el inquilino de la Moncloa. Se dijo entonces que nada de lo conversado en aquel encuentro tenía que ver con el escándalo de los Pujol, pero es evidente que hasta no hace mucho la actitud de las entidades financieras andorranas se han caracterizado por no colaborar en demasía con los jueces españoles.
En el partido de Pujol se asiste con preocupación a cómo evoluciona el asunto de su escamoteo fiscal. Puede acarrear severas consecuencias, no sólo penales. Incluso podría salpicar al actual president. Está previsto que el Parlamento catalán celebre una comisión de investigación sobre este asunto, en el que algunos partidos de la oposición han reclamado la comparecencia del propio Artur Mas. En el caso de que finalmente el president acceda a convocar elecciones anticipadas para antes de Semana Santa, se da por hecho que esta comisión no tendrá lugar, lo que supondría un alivio. Pero la actuación de la Justicia seguirá su camino y es posible que coincida en el tiempo con la celebración de la campaña electoral, algo que en CiU quieren evitar a toda costa.
Rajoy ha despejado su agenda de todo compromiso que no resulte estrictamente necesario para centrarse en la campaña de autonómicas y municipales
La agenda de la Moncloa
Rajoy no tiene previsto celebrar demasiados desplazamientos al exterior en este año electoral. Ha despejado su agenda de cuanto compromiso no resulte estrictamente necesario, es decir, los que tienen que ver con las instituciones comunitarias y poco más. Quiere centrarse en la campaña electoral de las autonómicas y municipales de mayo para lograr un resultado decoroso que le permitan convocar unas legislativas a finales de año, sin demasiados contratiempos. Cosa que ahora mismo se antoja demasiado difícil según avanzan los últimos sondeos.
