Ya es un secreto a voces que Almunia trabaja en Bruselas sin el aval del Gobierno español y que se ha convertido desde hace meses en un foco de problemas, en un auténtico dolor de cabeza para Mariano Rajoy, sobre todo desde que en Moncloa y en amplios sectores del PP se sospecha que trabaja a contracorriente de la dinámica que se impone en Madrid.
Hubo quien en diciembre pasado, poco después de que Rajoy ganara las elecciones por mayoría absoluta, dio por sentado que el propio Almunia cogería sus trastos y regresaría voluntariamente a España. Pero el comisario siguió en su puesto y, además, transmitió a su círculo de confianza que pensaba ejercer el cargo y agotar su mandato hasta 2014 con la misma independencia que lo hizo durante la etapa de Zapatero, sobre quien tampoco ahorró críticas hasta que dejó el Gobierno.
El comisario transmite a su círculo de confianza que piensa en agotar el mandato en 2014
Las episódicas intervenciones de Almunia sobre cuestiones internas españolas empezaron por escocer en los despachos del PP y ahora ya provocan ampollas. Dos de sus últimas incursiones, relacionadas con la posibilidad de que los bancos intervenidos sean liquidados y con la sugerencia de que el problema de las participaciones preferentes se resuelva desde el Gobierno a través de los presupuestos, además de escozor y ampollas, han desatado una guerra de nervios en La Moncloa, donde ya se han analizado todas las fórmulas posibles para desbancar al comisario sin romper el cordón umbilical con Bruselas. Pero esta cruzada, que en el PP se reconoce de alto riesgo, no se presenta nada fácil, sobre todo por las reglas que regulan el funcionamiento de la Comisión Europea. Después de analizar todas las posibilidades, se ha llegado a la conclusión de que el único camino para sustituir al comisario sería a través de un pacto con el interesado que implicaría su envío a un alto destino internacional. Pero según fuentes solventes, este escenario no figura, de momento, en la agenda de Almunia, ni tampoco resultaría sencillo, pues la capacidad del Gobierno para influir en este tipo de colocaciones es limitada.
Cameron lleva meses intentando quitarse de encima a Catherine Ashton, de militancia socialista y semblante inerte
Lo contrario, que el Gobierno se embarcara en el desalojo de Almunia sin su consentimiento previo, implicaría serios riesgos, se advierte en el PP. El más evidente, un enfrentamiento con la Comisión Europea y con el Parlamento europeo que sería estéril y altamente perjudicial para los intereses de España. Es más, fuentes seguras recuerdan que el propio presidente de la Comisión Europea, José Manuel Duräo Barroso, tendría dificultades para cesar a Almunia, a no ser, como reza el reglamento de la propia Comisión, que le cogiera en un delito flagrante. Como tampoco está prevista en estos momentos una remodelación del Ejecutivo europeo, las aspiraciones del Gobierno español se complican hasta el infinito.
En Bruselas se recuerdan también las dificultades que ha encontrado desde febrero el primer británico David Cameron para quitarse de encima a la baronesa Catherine Ashton, de militancia socialista y aspecto inerte, sentada en la alta representación de la Unión para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad. Y eso que desde que en 1999 el ex presidente de la Comisión Jacques Santer dimitió por su implicación en supuestas tramas de corrupción y arrastró consigo a todos los comisarios, el reglamento que rige el funcionamiento de esta institución creó diques de contención que impiden que la caída de uno de sus miembros arrastre al resto del Gabinete europeo. Ni con esas.
