La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha conseguido eludir cualquier tipo de comentario sobre la imputación de dos de sus compañeros de partido, Rodrigo Rato y Ángel Acebes, por la gestión de Bankia. Lo único que ha dicho la número dos gubernamental durante un discurso en el Campus de Verano de FAES es que la reestructuración del sistema financiero "debe partir de reconocer los errores", entre otros, que España "llegó tarde a dicha reestruturación". Eso provocó que mientras que los países de nuestro entorno tomaban distintas medidas, muchas de ellas nacionalizadoras, "aquí se defendía que teníamos el mejor sitema financiero del mundo", recordando las palabras que, en este sentido, pronunció el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en septiembre de 2008. "Si hubiéramos iniciado entonces la senda la reestructuración ya estaríamos como otros países", ha agregado la vicepresidenta, convencida de que tras el rescate europeo el nuestro será el sistema "más solvente y mejor aprovisionado".
Pero ni una alusión a Rato o Acebes, manteniendo la tónica de ayer de no ofrecer ninguna versión, ni oficial ni oficiosa, sobre la decisión del juez Fernando Andreu. Y eso que al lado tenía al ex presidente José María Aznar, que hizo de ambos dos piezas esenciales de su etapa de Gobierno. Sí se ha explayado, en cambio, la vicepresidenta en algunas de las reformas estructurales que abordará el Gobierno en las próximas semanas, soslayando cuestiones espinosas como si va a haber subida del IVA o desgravación por la compra de vivienda, tal y como ha "sugerido" Europa. Eso sí, ha defendido que "las reformas estructurales no son una opción, sino indispensables para acabar con los desequilibrios" y, en este sentido, ha defendido la necesidad de trabajar en cuestiones como rebajar el número de concejales o la remuneración de los alcaldes, que irá en la ley de transparencia; abordar una profunda reforma del ámbito regulatorio; la creación de un grupo de trabajo para la unidad de mercado; o la reforma institucional destinada a cambiar la manera de actuar de todas las administraciones públicas.
Dicha reforma pasa por la desaparición de 80 empresas y fundaciones públicas o por la gestión integral del Patrimonio del Estado, formado por 45.000 propiedades inmobiliarias y rústicas mientras, al tiempo, hay un gasto en alquileres de 200 millones de euros. Por lo pronto, en los últimos cuatro meses "hemos ahorrado 17,5 millones solo por una mejor gestión integral". Además se pondrá en marca una central de compras única para toda la Adminsitración del Estado y una unidad administrativa será la encargada de cerrar los contratos. Todo ello unido a la clarificación competencial que se pretende con la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, destinada a evitar duplicidades y otrogar la gestión de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes a las diputaciones provinciales. Además, se abordarán cambios en otros ámbitos como el Consejo General del Poder Judicial --que irá mañana al Consejo de Ministros-- del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas. Y, al igual que hiciera Mariano Rajoy el pasado lunes, mandó un recado a las Comunidades Autónomas para que vayan un paso más adelante. En definitiva, ha dicho, "vivimos un momento de cambio".
