El Gobierno ha cambiado esta semana su estrategia en la crisis generada a partir del cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Del errático silencio y medias verdades que había mantenido Interior, el presidente Sánchez ha pasado al ataque contra el mando destituido. Le ubica en una presunta 'policía patriótica' contra cuyos miembros estaría luchando el ministro Grande Marlaska a costa de sufrir juego sucio. La expresión forma parte de una sobreactuación que distorsiona la realidad del pulso que desde hace tiempo se viene larvando entre el Ministerio y un sector del Instituto Armado.
Basta echar mano de la hemeroteca para descubrir al presidente Sánchez decir lo contrario hace algo más de un año en una entrevista concedida a Antonio García Ferreras en La Sexta: “Le quiero decir una cosa al señor Iglesias y para tranquilidad de todos los españoles: esa mal llamada 'policía patriótica' desapareció en cuanto entramos en el Gobierno de España”. Respondía así a las constantes alusiones a las cloacas que el líder de Podemos convirtió en uno de sus principales argumentos de campaña antes de las generales de abril. El partido morado empeoró sus resultados y abandonó esa estrategia.
En Interior no comparten el diagnóstico del presidente, al menos en los términos empleados. Ni siquiera el ministro del Interior, presunto perjudicado de esas cloacas, siguió a Sánchez este miércoles cuando tuvo que enfrentarse a la sesión de control al Gobierno. Quizá Grande Marlaska sí recuerda cuando él también sacaba pecho por la desarticulación de la 'policía patriótica'. “No se puede generar desconfianza en las instituciones si no hay datos y elementos objetivos. Serán cloacas del pasado”, dijo al cabo de un año como máximo responsable de la seguridad del Estado. A su juicio, aquello era una invención de Iglesias.
Sube el tono del enfrentamiento
El ministro en cambio sí ha subido el tono al insinuar que Pérez de los Cobos está detrás de la filtración a la prensa de informes contrarios a los intereses del Gobierno en la causa sobre el 8-M. Y si no lo había dicho hasta ahora, era porque quería respetar la trayectoria del coronel. El cambio obedece a la publicación del documento oficial del cese. Admite que fue destituido por su negativa a informar de lo que hacían sus subordinados en labores de Policía Judicial a las órdenes de la juez que investiga la manifestación feminista. Eso bordea la ilegalidad como apuntan las asociaciones de jueces.
Una vez desvelada la nota por El Confidencial, las erráticas explicaciones sobre una mera remodelación de equipos y pérdida de confianza eran insuficientes para imponer el relato del Gobierno. Es un giro nada improvisado que no parte del Ministerio sino de los propios asesores de comunicación y el entorno de Moncloa, según varias fuentes consultadas por este periódico.
Poco o nada queda ya de aquellas cloacas y en su disolución ha tenido una escasa influencia la gestión de Sánchez
Desde hace tiempo, decir cloacas policiales en España remite directamente al comisario Villarejo y su clan: informes apócrifos contra Podemos o el independentismo, negocios privados con pingües beneficios, trasiego de datos confidenciales... Justo ahora que a Iglesias se le ha vuelto en contra su denuncia en la Audiencia Nacional contra el polémico comisario, el presidente y socio en el Gobierno de coalición agarra esa bandera.
De Villarejo a 'Billy el Niño'
Poco o nada queda ya de aquellas cloacas y en su disolución ha tenido una escasa influencia la gestión de Sánchez o el ministro Grande Marlaska. Villarejo lleva preso desde antes de la moción de censura de 2018 y sus principales padrinos, superiores o colaboradores ya estaban jubilados o fallecidos. Es el caso de directores adjuntos como Agustín Linares, Pedro Díaz Pintado o Eugenio Pino. Uno de los principales investigados, el comisario Enrique García Castaño, fue cesado durante el Gobierno del PP y poco después también se jubiló. Hoy está enfrentado personal y judicialmente al cabecilla del clan.
En esa trama había además otros actores secundarios que siguen en el Cuerpo, desperdigados por comisarías o destinos varios. Entre ellos está el chófer de Bárcenas al que infiltró el clan para que le robase presuntamente documentación comprometedora sobre el PP a cambio de pagos con fondos reservados y una plaza en la Policía. “Esas personas, desde el primer minuto que entramos nosotros en el Gobierno, fueron apartadas de sus responsabilidades. Cuestión distinta es que nosotros no les podamos echar de la Policía porque no hay una sentencia en firme”, admitía Sánchez en la misma entrevista a La Sexta.
A Grande Marlaska se le atribuye la decisión de cesar de la dirección del Centro de Investigación contra el Terrorismo y el Crimen Organizado al comisario José Luis Olivera, otro mando muy próximo a Villarejo que no está siquiera investigado en la causa. Hace meses dejó la Policía y se marchó a un puesto de seguridad en la Federación Española de Fútbol de Luis Rubiales. Poco más. Tras escuchar las palabras de Sánchez en el Congreso, una fuente policial recordaba este miércoles que Billy el Niño se les ha muerto en la cama con las medallas puestas.
Lo que sucede en la Guardia Civil es otra cosa y se acerca más a enfrentamientos personales entre Marlaska y algunos mandos
La corrupción que se le achaca a Villarejo fue casi sistémica, sostenida en el tiempo, muchas veces con el visto bueno de sus superiores y esas actividades se desbocaron en la última época bajo el Ministerio de Jorge Fernández Díaz y Eugenio Pino como máximo uniformado de la Policía. Lo que sucede en la Guardia Civil es otra cosa y se acerca más a enfrentamientos personales entre Marlaska y algunos mandos del Cuerpo, tal y como admiten en Interior.
Al coronel Pérez de los Cobos le nombró al frente de la Comandancia de Madrid el último ministro del PP, Juan Ignacio Zoido. No obstante, años antes había sido la persona de confianza del ministro del Interior del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba. El día de su toma de posesión al frente de la Comandancia de Madrid, en abril de 2018, el secretario de Estado de Seguridad de entonces dijo que los ciudadanos tenían “una deuda” con él. Pérez de los Cobos es un peso pesado dentro del Cuerpo. Su papel fue clave para lograr las condenas de los líderes del procés hasta el punto de convertirse en el enemigo número uno del independentismo y del exmayor de los Mossos d’Esquadra, José Luis Trapero.
2018, origen del conflicto
Si hubiese que situar un punto de partida a esta mala relación con Interior, habría que remontarse a las semanas posteriores a la toma de posesión del ministro Grande Marlaska. Hizo una remodelación en el Ministerio que le traería consecuencias y enemistades. Decidió apartar al guardia civil Juan Hernández Mosquera del Gabinete de Coordinación y Estudios de la secretaría de Estado de Seguridad en el que llevaba apenas unos meses. Precisamente había sustituido a Pérez de los Cobos.
Es una plaza clave en Interior porque en ella se diseñan los planes a futuro del Departamento y desde hacía años correspondía siempre a la Guardia Civil. Grande Marlaska no solo cesó a Hernández Mosquera, sino que rompió el statu quo y colocó a un policía nacional. El elegido fue José Antonio Rodríguez, conocido por sus vínculos con el PSOE.
Otro gran desencuentro se produjo poco tiempo después con el cese del jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), Manuel Sánchez Corbí, otro mando con mucho predicamento en la Guardia Civil por sus años en la lucha contra el terrorismo de ETA. Fue después de que Vozpópuli desvelase que Interior había congelado el envío de fondos reservados a unidades investigadoras. A modo de ejemplo, la información incluía un correo electrónico del responsable de la UCO ordenando a sus subordinados dejar en suspenso sus pesquisas a la espera de que Interior remitiese los fondos.
El ministro Grande-Marlaska perdió la confianza en Sánchez Corbí y le cesó tras un enfrentamiento con sus responsables en la Guardia Civil. La UCO que él dirigía se hizo cargo de varias de las investigaciones sobre corrupción política que afectaban al PP como el caso Púnica. Sus pesquisas fueron muchas veces objeto de ataques por parte de los populares, como cuando vincularon a la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes con un contrato irregular para la explotación de la cafetería de la Asamblea de Madrid. A día hoy sigue imputada en la Audiencia Nacional.
El entonces ministro, Juan Ignacio Zoido, salió en defensa de su compañera de partido en lugar de proteger a sus agentes. En varias ocasiones los medios de comunicación difundieron que Interior del PP tenía decidido el cese de Corbí, pero finalmente fue Marlaska quien le destituyó al poco de hacerse cargo del Ministerio. Con su golpe de mano, lejos de calmar las aguas, el ministro soliviantó a una parte del Cuerpo. El distanciamiento entre los dos, viejos colaboradores en la lucha contra ETA, se mantiene.
Trasiego de informes policiales
A un lado hay un sector de la Guardia Civil que se siente agredida y con acceso a los medios de comunicación e influencia en el Cuerpo. Mientras tanto, el Ministerio también está jugando sus cartas. En los últimos días se está produciendo un trasiego de informes y documentos en los medios de comunicación con enfoques muy dispares. Detonó la crisis una información de El Confidencial el viernes 22 de mayo con las conclusiones de uno de esos informes sobre el 8-M que afectaban al Gobierno.
La versión de Interior es que se llamó a Pérez de los Cobos durante el fin de semana para saber cómo se había filtrado a los periodistas. El coronel y su entorno dicen que la intención era saber de las pesquisas judiciales, algo prohibido por la juez. En el Ministerio sospechan que les ocultó deliberadamente la presentación del informe que afectaba al ministro Salvador Illa y al epidemiólogo Fernando Simón. Días después, ese documento acabó en todos los medios de comunicación una vez fue notificado a las partes (incluso Interior tuvo acceso). No ha sido el único.
En este fuego cruzado con informes de por medio, Interior ha hecho aflorar otras desavenencias con Pérez de los Cobos hasta ahora desconocidas.
El Gobierno apuesta por desautorizar en privado las conclusiones de la Guardia Civil en torno a la marcha feminista. Las tachan de parciales y carentes de neutralidad política. En este fuego cruzado han aflorado además otras desavenencias con Pérez de los Cobos hasta ahora desconocidas. Indican que la investigación del 8-M fue la gota que colmó el vaso, provocando una destitución de la peor manera, con nocturnidad, en caliente y ofreciendo un relato errático frente a los ataques de la oposición y algunas asociaciones profesionales del Cuerpo que aglutinan principalmente a mandos superiores.
El Periódico publicó este miércoles -un día después desvelarse la nota sobre el cese del coronel- que en el Ministerio y el Gobierno estaban descontentos por varias filtraciones que afectaban a Pablo Iglesias. Una tenía que ver con instrucciones para proteger su casa y otra sobre unas imágenes del líder de Podemos haciendo la compra sin mascarilla. El citado medio se remitía a fuentes de Interior. Galapagar, donde vive Iglesias, es demarcación de Guardia Civil y depende de la Comandancia de Madrid.
La Guardia Civil, como la Policía Nacional, son instituciones con decenas de miles de miembros en los que confluyen familias, sensibilidades y lealtades. Hay algunos matices significativos de los últimos días que sirven para medir estos intereses dispares en el Instituto Armado. El día que cesaron a Pérez de los Cobos, la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) ya emitió un primer comunicado muy duro contra el ministro al que le acusaba de haber cometido una injerencia sobre una investigación judicializada.
Un mensaje a los generales
Pero además incluía un mensaje directo a los generales de la cúpula: "A los máximos responsables del Cuerpo con capacidad de interlocución con los responsables políticos. Solo decirles lo que un subordinado exige a su jefe lealtad, al precio que sea, y esa lealtad exige la defensa del subordinado cuando no haya hecho más que cumplir con sus obligaciones. Los barcos antes que la honra”. Con ello, la asociación estaba diciendo a sus jefes que no iban a tolerar el silencio en el que se fundieron cuando cesaron a Sánchez Corbí. Al día siguiente de ese documento, dimitió el máximo uniformado de la Guardia Civil Laurentino Ceña por sus desavenencias con Interior.
Los días siguientes se sucedieron rumores, mensajes de WhatsApp, anuncios de nuevas dimisiones en bloque que no se llegaron a producir. En el Ministerio consideran que esas informaciones forman parte de la campaña contra el ministro en un deseo de agravar la crisis. Al mismo tiempo, la mayoritaria Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha mantenido un perfil bajo en todo este conflicto.
Es algo más complejo y profundo que la reacción por el cese de un coronel sin ser un clan de 'policía patriótica' con diferentes tentáculos
Sostiene un discurso a favor de la desmilitarización del Cuerpo y defiende el reconocimiento de sindicatos. Por ello siempre ha mantenido una oposición frontal contra los mandos. Este miércoles recuperó una instrucción de 2012, bajo el Gobierno de Rajoy, en la que la Guardia Civil daba orden de avisar con una semana de antelación de las operaciones policiales con detenciones. Un balón de oxígeno para el Gobierno socialista.
No es una guerra con motivación política ('policía patriótica'), sino una cuestión de egos donde unos y otros miden sus fuerzas en privado y en los medios. Es algo más complejo y profundo que la reacción por el cese de un coronel sin ser un clan de 'policía patriótica' con diferentes tentáculos. Se trata de un enfrentamiento sin visos de acabar a corto plazo y de consecuencias imprevisibles.
