El juez al frente del caso del pelotazo de las mascarillas, Adolfo Carretero, no puede proceder al embargo preventivo de los bienes de Luis Medina -uno de los empresarios imputado en el procedimiento-, porque solo tiene 247 euros en su cuenta bancaria. Así se lo ha trasladado el banco a requerimiento del juzgado, que le investiga tanto a él como a Alberto Luceño por repartirse comisiones supuestamente irregulares de 6 millones de dólares con el contrato al Ayuntamiento de Madrid de suministro de material sanitario.
En la providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado Carretero explica que la entidad consultada ha trasladado que "en la actualidad" Luis Medina solo tiene saldo positivo en una de las cuentas analizadas. Su importe es de 247,26 euros. Del mismo modo explica el magistrado que tampoco dispone de los bonos aludidos por la Fiscalía Anticorrupción en la querella en la que se pidió que se abriera causa en los juzgados por delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.
En concreto, la Fiscalía expuso que Medina había invertido el millón de dólares que obtuvo por su papel de intermediario en la compra de un yate y también en bonos de inversión por importe de 400.000 euros. Ahora, y tras constatar que no hay saldo suficiente en sus cuentas para ejecutar la petición de embargo preventivo, el instructor da traslado al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas en la causa del pelotazo de las mascarillas para que, en el plazo de cinco días, insten a la adopción de medidas cautelares de carácter económico para el aseguramiento de responsabilidades civiles.
"Es un asunto grave"
El magistrado acaba de admitir la personación en la causa tanto del Ayuntamiento de Madrid (en condición de acusación particular) como del PSOE y Podemos como acusación popular. En su auto de este mismo martes, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 explicó que autorizaba su inclusión en el procedimiento ya que los delitos investigados eran especialmente graves. El instructor de la causa ya advirtió que se trata un tema trascendental no solo porque afecta a los fondos públicos (el contrato costó 11 millones de dólares al Ayuntamiento de Madrid) sino porque es de "interés general".
"Tiene una enorme repercusión pública, al investigarse el manejo de los citados fondos en un asunto tan grave como fue la adquisición de material sanitario en el momento más álgido de la pandemia de Covid, con miles de fallecimientos diarios", reprochó el juez instructor. Del mismo modo avanzó que el objetivo de estas diligencias es determinar si los fondos por este contrato para el suministro de mascarillas "beneficiaron a determinadas personas particulares en perjuicio de la generalidad de los ciudadanos".
El papel de los bancos
De hecho, una de las primeras decisiones que tomó el juez tras admitir a trámite la querella de Anticorrupción fue la de acordar el embargo preventivo de los bienes de Medina y Luceño. Este último se embolsó hasta 5 millones de dólares por esta licitación que salió adelante por la vía de urgencia al tratarse de un momento especialmente crítico por la crisis sanitaria. Tanto Luceño como Medina recibieron estos seis millones en cuentas de Malasia y los transfirieron a España para la posterior compra de artículos de lujo.
Los bancos que canalizaron estos montos pidieron documentación adicional a Luceño al constatar que no quedaba acreditada la naturaleza del dinero. Sin embargo el empresario aportó documental falsa que hizo saltar las alarmas y que terminó en una llamada al Sepblac. La Unidad de Inteligencia Financiera, por su parte, puso estos hechos en conocimiento del Ministerio Público al constatar que podría haber alguna irregularidad con los fondos.
Así fue como, en noviembre de 2020, nació una investigación que ha terminado en imposición de querella contra los dos empresarios. En la misma, la Fiscalía explicaba que ambos invirtieron rápidamente este dinero en la compra de artículos de alta gama. Mientras Medina adquirió el yate (registrado en Gibraltar) y bonos por 400.000 euros, Luceño se compró 12 coches de alta gama, una vivienda de lujo en Pozuelo de Alarcón, tres relojes Rolex y se pagó además una semana de vacaciones en un hotel de Marbella en agosto de 2020 por 60.000 euros.
