El comisionista del pelotazo de las mascarillas, Alberto Luceño, ha protestado ante el juez que le investiga por el registro de su domicilio la pasada semana. El empresario, que percibió una comisión de cinco millones con la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid, ha tildado de "injustificada" y "prospectiva" la diligencia en la que los investigadores buscaban documental clave de este contrato. Además, ha dicho que se indaga una información que no se le ha requerido previamente.
En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, Luceño explica que una diligencia de este calibre vulnera su derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y que, además, se practica casi dos años después de que arrancase esta investigación en la Fiscalía Anticorrupción por presunta estafa. Por ello recurre la decisión acordada por el magistrado del 'caso mascarillas', Adolfo Carretero, y pide que se anule el registro practicado por los agentes.
"Es contrario a derecho tratar de justificar una diligencia de entrada y registro señalando que el investigado no ha aportado voluntariamente una hipotética documentación, sin siquiera indicar cuál sería supuestamente, además de que, como obra en autos, no hay documentación que le haya sido requerida y no haya entregado", reza el escrito.
Una diligencia con tamaña injerencia en el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, practicada casi dos años después del inicio de la investigación, únicamente puede tener carácter prospectivo
El empresario reacciona de esta forma al registro de su domicilio y de la sede social de su empresa Takamaka Investments S.L el pasado 22 de septiembre. El juez Adolfo Carretero accedió a la petición de Anticorrupción ante las sospechas de que Luceño podría haber sido el autor de un documento que remitió al jugado San Chin Choon, el empresario malayo dueño de la firma que vendió mascarillas, guantes y test covid al Ayuntamiento de Madrid por 11 millones de euros, un precio muy por encima del de mercado.
Pieza clave del 'caso Mascarillas'
La Fiscalía pidió el registro de la casa de Luceño alegando que hay indicios que le llevan a pensar que en realidad San Chin Choon no redactó el documento que se envió en su nombre a los juzgados de Plaza Castilla. En su petición del pasado 12 de septiembre, expuso que se había enviado desde una dirección de correo que no coincide con las que obran en la causa y que estaba redactado en inglés pese a que el propio comisionista expuso en su declaración en abril que el empresario malayo no sabía inglés.
Anticorrupción también advirtió que la afirmación de Luceño acerca de que Leno le designó como "agente exclusivo" en operaciones desde 2018 choca con el hecho de que las cuentas corrientes de sus sociedades presentaran un saldo de cero euros a lo largo de 2019 y de 5.244 euros un año después. Además, también reprochó que en estos meses de investigación abierta contra él y Luis Medina, no ha aportado ninguna documentación sobre estos contratos ni tampoco los mensajes que habría cruzado con San Chin Choon.
"El único motivo razonable que el Sr. Luceño ha podido tener para no aportar a la causa ninguno de estos mensajes, es la de que contradirían la versión que hasta ahora ha dado de los hechos", expuso el Ministerio Público en su petición de entrada y registro y añadió. "Es probable que conserve en su domicilio, aparte de documentos en papel, otros mensajes en soporte digital relativos a las operaciones comerciales que se investigan en la causa".
"Se ha aportado la documentación"
El empresario del conocido como 'caso de las mascarillas' responde ahora que ha aportado "voluntariamente" toda la documentación de la que dispone sobre este contrato suscrito en el peor momento de la pandemia y que no se le ha requerido ningún papel más. En su recurso dice que antes de entrar su casa y en su empresa, el juez Carretero tendría que haber resuelto sobre la petición de las acusaciones acerca de se requirieran los teléfonos de Luis Medina y el suyo propio.
"Tras dicha petición, nada fue acordado por el juzgado. Es claro que debía haber resuelto sobre la petición que se le había formulado. Ello, sin duda, hubiera sido una medida proporcional y no la injustificada entrada y registro acordada", replica. Tanto Luceño como el hijo de Naty Abascal permanecen imputados desde el pasado mes de abril por delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo en relación a esta operación con la que obtuvieron comisiones de seis millones de euros.
El avance de las diligencias han llevado a poner el foco en la figura de San Chin Choon, el empresario malayo que suministró todo el material comprado por el Ayuntamiento madrileño. Tras constatarse que se vendió a un precio muy superior al del mercado y que los test y los guantes estaban defectuosos, se solicitó la declaración del empresario en cuestión.
El juez quiere que comparezca en persona en Plaza Castilla, si bien se ha propuesto que intervenga desde la embajada española en Malasia. Podemos, por su parte, ha reclamado al magistrado que declare como imputado, y no como testigo, a tenor de esta supuesta estafa de la que sería víctima el consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida.
