Alberto Luceño, el empresario imputado por el pelotazo de las mascarillas en Madrid, ha salido en defensa del proveedor malayo que suministró el material al Ayuntamiento en el peor momento de la pandemia. El comisionista asegura que su socio asiático quiere colaborar en esta causa y dice que puede intervenir sin ningún problema por videoconferencia desde Kuala Lumpur.
El empresario, que se embolsó una comisión de cinco millones por su gestión, parte una lanza por San Chin Choon, cuya declaración se antoja clave para el procedimiento. El dueño de la empresa que vendió el material sanitario a un precio muy por encima del fijado en el mercado tiene pendiente comparecer en estas diligencias abiertas en los juzgados de Plaza Castilla. Sin embargo, la forma en la que se desarrolle su intervención ha enfrentado a las partes.
El magistrado del conocido como 'caso Mascarillas', Adolfo Carretero, quiere que San Chin Choon se traslade a España y declare en persona para verificar así su identidad. En uno de sus últimos autos incluso ha advertido que, aunque está citado como testigo, puede terminar imputado en función de cómo avancen las diligencias. Por su parte, los dos empresarios investigados en el caso (Luis Medina y Alberto Luceño) no ven inconveniente en que intervenga por videoconferencia.
Da veracidad a sus correos
Así, en un escrito remitido al juzgado y al que ha tenido acceso Vozpópuli, Luceño asegura que el proveedor malayo está dispuesto a colaborar como así ha hecho "tanto en entrevistas de prensa como en los correos remitidos" al juzgado. Se refiere a los ‘mails’ aportados a la causa sobre el contrato con el Ayuntamiento y de los que la Fiscalía Anticorrupción sospecha que redactó el mismo en nombre de San Chin Choon.
También cuestiona la tesis de magistrado Adolfo Carretero acerca de que San Chin Choon se negó a contestar las preguntas remitidas en comisión rogatoria a Malasia. Al respecto explica que sí lo hizo, pero que su respuesta no retornó a Plaza Castilla posiblemente porque España no estableció el compromiso de reciprocidad solicitado por el país asiático para llevar a cabo la diligencia.
“San Chin Choon ha manifestado que sí contestó a las preguntas remitidas por la comisión rogatoria. Frente a unas autoridades malasias que para colaborar exigen un compromiso de reciprocidad que no excluye la flagelación, hay un testigo que activamente ha tratado de colaborar con el Ilustrísimo Juzgado, de aportar información a la investigación, ha remitido voluntariamente las preguntas que ya contestó a las autoridades malasias y que éstas no enviaron a España. Es contrario a Derecho que conflictos diplomáticos supongan una vulneración al derecho de defensa”, expone.
Una declaración polémica
En lo que respecta a la intervención de San Chin Choon en la causa, Luceño asegura que puede declarar sin ningún problema desde la embajada de España en Kuala Lumpur. El empresario alega que no hay ningún impedimento ni jurídico ni procesal para que el malayo participe en las diligencias desde el país asiático. Frente al criterio del juez, que sostiene que no hay tratado internacional con Malasia ni reciprocidad, Luceño apela al Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción en virtud del cual se libró la comisión rogatoria.
Que un testigo de Sevilla o Valencia pueda declarar por videoconferencia y no pueda hacerlo otro que reside a más de 10.000 kilómetros es sencillamente una traba procesal carente de justificación
En ningún caso -sostiene Luceño-, su declaración es irregular si su identidad se acredita con todas las garantías. "La coacción no existe ya que el testigo comparecería voluntariamente a declarar y la presencia de la autoridad judicial está garantizada en la videoconferencia, que se realizaría, como es obvio, con el ilustrísimo juzgado", explica. El socio de Luis Medina en el negocio de las mascarillas añade, además, que San Chin Choon será identificado por la Policía española de la embajada para más garantías.
"Ningún problema diplomático supone que San Chin Choon acuda voluntariamente a declarar a la embajada de España. Que un testigo residente en Sevilla o Valencia, por ejemplo, pueda declarar, ante un juzgado de instrucción de Plaza de Castilla, por videoconferencia desde su localidad –a un par de horas en AVE de Madrid–, y no pueda hacerlo un testigo que reside en Kuala Lumpur, a más de 10.000 km y más de 25 horas de viaje, es sencillamente una traba procesal carente de justificación", añade.
Una posible imputación
Sobre su posible imputación en estas diligencias abiertas por estafa agravada, falsedad y blanqueo, asegura que no se le puede atribuir falta de cooperación ya que el dueño de Leno ha querido hablar de este contrato desde un primer momento. "Que las autoridades malasias no remitiesen sus respuestas no puede ser imputable al testigo" indica la defensa de Luceño.
A falta de conocer cómo participa en la causa, San Chin Choon ha concedido dos entrevistas desde Malasia a la agencia EFE en las que deja clara su intención de colaborar con el caso mascarillas y recalca que todavía hacía negocios con Luceño. En este caso concreto la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias para investigar el contrato por 11 millones de euros que firmó el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida con Leno para el suministro de mascarillas, test y guantes.
El Ministerio Público indagó el contenido de este acuerdo así como el papel de Luis Medina y Luceño, siendo este primero el que les puso en contacto con el Ayuntamiento y el segundo el que gestionó las relaciones con Leno. La Fiscalía interpuso querella ante el juzgado apuntando a la existencia de una estafa con este material que, en el caso de los test y los guantes, estaba defectuoso. Por la operación Medina se embolsó un millón de euros y Luceño un total de cinco millones.
Hasta la fecha se han practicado numerosas diligencias -como la toma de declaración a más de una decena de testigos- aunque tanto el juez como la Fiscalía consideran ahora necesario que hable San Chin Choon. Especialmente después de dudar sobre los correos que remitió a la causa. Anticorrupción sospecha, de hecho, que estos escritos los redactó Luceño haciéndose pasar por su socio malayo. El empresario, a quien la Policía registró su casa recientemente por orden judicial, lo descarta.
