La polémica de las medallas 'al valor' concedidas por el Ministerio del Interior a los dos comisarios que hace ahora once meses propusieron a la Fiscalía el registro de la sede de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el principal partido de CiU, llega al Congreso de los Diputados. La formación nacionalista ha presentado este jueves por la tarde una petición de comparecencia del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para que "explique y dé cuenta de los criterios que se han seguido a la hora de conceder condecoraciones" a dichos altos mandos, los comisarios principales José Luis Olivera Serrano y Marcelino Martín-Blas Aranda, jefes, respectivamente, del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) y de la Unidad de Asuntos Internos. Estas medallas, con distintivo rojo, llevan aparejada una pensión vitalicia del 10% de su salario.
La polémica concesión fue desvelada este miércoles por Vozpópuli, que recogía también el malestar que había causado la misma en el seno de la propia Policía. Entre otros motivos, porque dicha condecoración pensionada está reservada para aquellos agentes que han resultado "heridos en acto de servicio", han participado "en tres o más servicios" en los que hubiera riesgo de agresión con armas, haber realizado un hecho "abnegado en circunstancias de peligro para su persona" o haber participado en "hechos distinguidos y extraordinarios en los que haya quedado patente un riesgo o peligro personal". Según fuentes sindicales, ninguno de los dos agentes cumple dichos requisitos. Ahora CiU pide conocer también los argumentos que justifican dicha concesión, sobre todo cuando ambos agentes "tuvieron un papel relevante y polémico al impulsar en octubre de 2012 reuniones con la Fiscalía de Barcelona en relación con el caso Palau, proponiendo incluso un registro a la sede de CDC en Barcelona".
Fuentes policiales aseguraron ayer a este diario que la propuesta de dichas medallas vino directamente del Ministerio del Interior, y recuerdan que el titular del departamento, Jorge Fernandez Díaz, ya defendió públicamente a los dos mandos policiales. De hecho, pese al escándalo político que provocó entonces la actuación de los dos mandos, Interior los mantuvo entonces al frente de sus puestos en el CICO y en la Unidad de Asuntos Internos, donde siguen en la actualidad. Estas mismas fuentes destacan que el comisario Olivera ha tenido siempre el respaldo manifesto de Fernández Díaz surgido a través del padre del policía, que trabajó hace tiempo para el dirigente del PP.
Aquel encuentro se produjo el 29 de octubre del año pasado, en plena precamapaña de unas elecciones catalanas marcadas por el desafio soberanista del líder nacionalista. Según aseguraron entonces fuentes de la propia Fiscalía, la cita había sido solicitado por el comisario Olivera, quien hasta poco antes había sido el máximo responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), encargada de las pesquisas sobre el saqueo de la institución musical catalana. En dicha reunión, y tras diez minutos de conversación protocolaria, el mando policial, que estaba acompañado por el segundo comisario ahora condecorado, propuso que la unidad de este último se hiciera cargo de las investigaciones en detrimento de la UDEF. Además, como primer paso para reactivarlas planteó el registro de la sede de CDC y de la casa del extesorero del partido, ya imputado en la causa. El fiscal se negó e informó del extraño encuentro a sus superiores y al juez que instruye el sumario.
