La renuncia de Mercè Pigem como vocal en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de su episodio en la frontera con Andorra ha dejado otra polémica en el órgano de gobierno de los jueces. Antonio María Álvarez-Buylla Ballesteros, decano del Colegio de Procuradores de Madrid y propuesto por el PP para entrar en el CGPJ, estaba hasta el pasado jueves imputado por falsedad en documento público, pero ese mismo día -24 horas antes de que se hiciese pública la polémica que ha acabado con la dimisión de Pigem- el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid archivó la causa contra Álvarez-Buylla.
Álvarez-Buylla, junto con el secretario del Colegio, Ramiro Reynolds, habían sido imputados por manipular el estatuto del Colegio de Procuradores después de que la Asociación Nacional para la Defensa del Procurador (ANDP) se querellara contra ambos, informaba esta mañana eldiario.es. Según recoge el diario, en la querella se acusaba a Álvarez-Buylla y a Reynolds de haber modificado un artículo que afecta a las cuotas que los procuradores pagan al Colegio. Ambos habrían añadido un párrafo sobre el texto aprobado por la junta general, estableciendo un sistema de cuotas variables con las que cada procurador pagará en función de lo que gane. El cambio suponía un aumento de hasta cuatro millones al año. El estatuto fue anulado y el acusado atribuyó el asunto a un error administrativo.
Según el auto notificado este mismo lunes, el juez Francisco Javier Teijeiro Dacal ha acordado "el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones" en las que estaba imputado Álvarez-Buylla "al no constar acreditada la perpetración del ilícito penal alguno". La querella, presentada en 2013, ya había sido archivada, pero la Asociación para la Defensa del Procurador recurrió y la Audiencia Provincial le dio la razón, ordenando reabrir la causa en marzo al considerar que "los hechos imputados revisten los caracteres de un delito de falsedad en documento público previsto y penado en el artículo 390.3" del Código Penal.
El conservador Álvarez-Buylla fue propuesto por el PP y votado como primer suplente en los nombramientos del Senado para el Poder Judicial por el turno de juristas y ahora que Pigem ha dimitido, debe ser designado vocal del órgano de gobierno de los jueces. El juez insiste en que no ha quedado probado que el estatuto se alterara de forma "intencional" ni la participación del decano en los hechos. En cuanto Álvarez-Buylla sea nombrado vocal, obtendrá la condición de aforado, por lo que de haber seguido imputado su caso tendría que habre pasado al Tribunal Supremo.
Salida inesperada
La dimisión de Mercè Pigem, instada por el propio presidente del CGPJ, tiene varias consecuencias imprevistas. La primera es que deja a CiU sin representación en la comisión permanente, algo que ha escamado en la formación política, cuyo portavoz parlamentario, Jordi Turull, ha llegado a dudar de la rápida filtración a la prensa.
La segunda, es que ofrece al PP la posibilidad de tener una mayoría más holgada en el órgano sin tener que recurrir al voto de calidad del presidente, Carlos Lesmes. Precisamente este órgano deberá decidir en unas semanas si el juez Pablo Ruz se mantiene al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5.
