La juez Mercedes Alaya criticó al juez de apoyo que tenía en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el escrito en el que justifica que, tras lograr la plaza que pidió en la Audiencia de Sevilla, debía seguir con las macrocausas como los ERE de Andalucía, los cursos de formación y los avales de la Junta a empresas. En dicho documento, que remitió en abril de 2015 al TSJA, la juez reprochaba al alto tribunal andaluz que tomara medidas de refuerzo en el juzgado "sin tener el menor conocimiento" de la situación del juzgado ni de los procesos que instruye.
El TSJA propuso en abril dos jueces en comisión de servicio y otro de adscripción territorial, quienes, junto al titular, sumarían cuatro magistrados en un mismo juzgado, lo que, en vez de "ofrecer un mensaje de normalidad y eficacia, traslada una imagen perturbadora", según Alaya, que alude al "azar" para explicar que asumiera tantas macrocausas. Las críticas se produjeron antes de que -en junio- la juez remitiera un segundo escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para seguir instruyendo los ERE en el que descalificaba a su sucesora en el juzgado, María Núñez, por su "estrecha amistad" con el consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, y dudara de sus conocimientos para la instrucción penal.
Respecto al TSJA, Alaya afirma que las medidas adoptadas con la incorporación de los nuevos jueces, "siendo su finalidad ganar celeridad y eficacia en su tramitación, lo que lograrían es un retraso considerable en su instrucción, y una innecesaria adscripción de medios seguramente necesarios en otros juzgados". Y añade: "La imagen de cuatro jueces en un solo juzgado, lejos de ofrecer una imagen de normalidad y eficacia, traslada una imagen perturbadora, pues además no prevé el incremento de la plantilla del juzgado, a la cual puede abocarse a pedir traslado ante las distintas maneras de dirigir y de instruir".
Alaya: "El problema no es la falta de jueces; el problema radica en que no hay funcionarios suficientes"
Este escrito se ha conocido dos días antes de que, previsiblemente, el CGPJ incluya en su comisión permanente la confirmación o no de la comisión de servicio que se aprobó para que siguiera tramitando el delito societario de Mercasevilla y el fraude en los ERE hasta el momento que se dividieran en piezas, lo que su sucesora ya ha hecho. "No debemos llevarnos a engaño. El problema no es la falta de jueces; el problema radica en que no hay funcionarios suficientes", destaca Alaya antes de precisar que necesita tres personas más en el juzgado para asuntos ordinarios y destinar a tres miembros de su juzgado a las macrocausas, porque, en caso contrario, la comisión de servicio no "tendrá eficacia".
Tras asegurar que su petición "no encierra nada excepcional", la juez recuerda que, cuando estuvo en el juzgado de instancia 20 de Sevilla, todos sus funcionarios eran interinos "y a todos les enseñé el contenido de sus tareas".
Sobre el juez de apoyo en el juzgado, Álvaro Martín, Alaya le critica pero sin citarle al recordar el retraso en las causas ordinarias del juzgado desde que ella se dedicó sólo a las macrocausas. En este sentido, señala que, entre septiembre de 2013 y abril de 2015, se pasó de 306 diligencias previas a casi el doble, 549, "sin que este incremento de las diligencias se haya visto equilibrado con un aumento de los procedimientos abreviados incoados".
La juez subraya en su escrito que las causas de los cursos de formación y los ERE "es sin duda de las mayores en todo el panorama judicial español"
Asimismo, la juez señala que de los 119 procedimientos de este tipo que había en septiembre de 2013 se pasó a 140, "más aquellos que se encuentran en Fiscalía". "Aunque ignoro las razones del retraso", manifiesta, este dato es "causa más que suficiente" para asignar los funcionarios a la tramitación de las tres macrocausas que quiere seguir instruyendo y que, "bajo ningún concepto", se produzca "el menor retraso en la marcha ordinaria del juzgado".
Finalmente, Alaya subraya que las causas de los cursos de formación y los ERE, "cuya amplitud y complejidad técnica es sin duda de las mayores en todo el panorama judicial español, necesitan para el buen fin de la investigación la continuidad que sólo esta instructora puede ofrecerle". Después de afirmar que estas causas le han "obligado a adquirir conocimientos técnicos en ciertas materias que no son los habituales en un juez de Instrucción", Alaya vaticina que cualquier juez "tardaría muchísimos meses para poder actuar con el mínimo de rigor, criterio y eficacia".
