El día de los Santos Inocentes el juez Eduardo López Palop, instructor del caso Madrid Arena, entendió que existía riesgo de fuga por parte del imputado Miguel Ángel Flores, organizador del evento en el que murieron cinco chicas jóvenes, una de ellas menor. Flores tenía pensado pasar el fin de año en Panamá, adonde acudiría a una fiesta. Ante ese aviso, López Palop decidió tomar medidas, enviándole a prisión provisional, una decisión que llevaban tiempo reclamando los abogados de las familias de las víctimas, así como otros letrados de la acusación particular.
Sin embargo, fue mayúscula la sorpresa que se llevaron los dos agentes que se personaron al lugar que les habían indicado, una calle del distrito de Ciudad Lineal casi pegando a la bulliciosa M-30, al este de Madrid. Los efectivos no fueron recibidos con ninguna manifestación de violencia o rechazo al ir a detener a Flores. Tampoco accedieron a la vivienda del promotor de fiestas y comprobaron que él no estaba. Sencillamente, la dirección facilitada por Flores no existe, según recoge un parte policial fechado el 28 de diciembre de 2012.
Este medio, que no ha podido averiguar si el empresario dio un paradero falso intencionadamente al iniciarse la instrucción judicial, ha tratado de hacer un rastreo a través de Google Maps y Google Street View de la dirección, sin lograr encontrar en ningún caso el número de portal, si bien la calle sí aparece. Según la instrucción, el juez encarga la detención de Flores a dos policías del Grupo de Seguridad Ciudadana. “Igualmente”, asevera el parte, los agentes “se entrevistan con el portero y vecinos del portal X (el inmediatamente anterior), los cuales manifiestan que no conocen a esa persona”.
La cosa no se desmadró porque alguien, posiblemente su abogado Jorge Morales, abogado de Diviertt –empresa del promotor-, avisa a Flores, quien se personó no mucho más tarde de la orden de arresto, fechada a las diez de la mañana. Lo que sucedió a continuación ya se sabe: se le retira el pasaporte, se le interroga, Flores comunica que no tiene negocios en Panamá ni la nacionalidad de ese país, pero sí en Ecuador, donde regenta una discoteca con capacidad para 1.000 personas.
Finalmente, se decreta la prisión provisional para él y una fianza de 200.000 euros que Flores depositó a las pocas horas. "En una hora puedo aportar la fianza, señoría, señaló, para indignación de las familias de las cinco jóvenes fallecidas en la noche de Halloween.
