Crecen las voces contra el anteproyecto de ley que prepara el Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz y que regula los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso del empleo estable. Miles de asociaciones y plataformas autonómicas de personas con discapacidad agrupadas en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), además de los centros aglutinados en la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem), han mostrado su malestar y "estupor" ante una normativa que supondría la derogación de parte de los incentivos existentes para la contratación de personas del sector al que representan.
Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay actualmente 4,5 millones de personas con discapacidad. Cerca de 1,9 millones están en edad de trabajar, pero solo una de cada cuatro tiene un empleo. Estos puestos de trabajo están protegidos por medidas dirigidas a fomentar la estabilidad y la calidad del empleo, como la bonificación del 100% por la contratación de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo (CEE), cuya plantilla por ley debe superar el 70% de personas con discapacidad.
Sin embargo, tal y como denunció el CERMI y adelantó Vozpópuli, el texto supone la eliminación de esa bonificación del 100% y establece bonificaciones lineales para los contratos de carácter indefinido. En resumen, las bonificaciones actuales quedarían reducidas en un mercado en el que estas personas afrontan ya numerosas dificultades. Ejemplo de ellas es que los salarios son más bajos entre las personas con discapacidad que en la población general. Según el Informe 6 del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE, las personas con discapacidad ganan aproximadamente 4.186,3 euros brutos anuales menos, lo que supone un 17% menos que el conjunto de la población.
Discriminación por género y edad
Además, entre el colectivo también se evidencia la discriminación por género, siendo el salario de las mujeres 3.142,5 euros inferior al de los hombres. Este punto pone de manifiesto de forma explícita, la doble discriminación que supone la discapacidad y el género. "La temporalidad también supone una importante reducción salarial que evidencia la precariedad que lleva asociada", recoge el documento. La juventud es otro factor que influye para mal: "A menor edad, menor salario".
"Si finalmente, este texto se aprobase, con el contenido que tiene actualmente, provocaría unos efectos devastadores para el empleo de las personas con discapacidad en España. Ante esta alarmante situación, es necesario hacer un gran esfuerzo desde todos los sectores comprometidos con el empleo de las personas con discapacidad para evitar las graves consecuencias que la aprobación final de esta iniciativa puede conllevar, y también evitar el peligroso precedente para otros colectivos o sectores", advierte el citado comité.
Enrique Galván, director de Plena Inclusión España, considera que "si se aprueba en los términos actuales", supondrá "un retroceso terrible". "Estas medidas afectarán de forma muy grave a un colectivo que presenta una tasa de actividad muy baja y un desempleo mucho mayor que la media y, en un momento como el actual, reducir las bonificaciones a los centros especiales de empleo es simplemente sangrante", opina.
Desde Feacem, Pepa Torres celebra que las reivindicaciones del sector hayan empujado al departamento liderado por Díaz a ponerse en contacto con la federación en busca de soluciones. Una de las principales críticas contra el Ministerio de Trabajo es la falta de colaboración y consenso a la hora de elaborar el anteproyecto. "Es tarde, pero al menos nos han contactado para poder explicar las consecuencias que tendrá para las personas con discapacidad", explica Torres a este diario.
