El Ministerio de Defensa ha reducido su presupuesto para 2014 un 3,2% con respecto al presente ejercicio. Un ajuste, según defiende el departamento de Pedro Morenés, “en línea con el esfuerzo que desde la Administración General del Estado se está llevando a cabo para reducir el déficit público y lograr el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria". Sin embargo, tal recorte no se ha hecho extensivo a una controvertida partida de su programa de Acción Social: la destinada a costear a militares el alquiler de apartamentos para sus vacaciones de verano.
A diferencia de la política seguida por el Ministerio del Interior, que suprimió en 2012 la disponibilidad de la asignación que servía para pagar también el alquiler de apartamentos de verano a personal de la Guardia Civil, Defensa ha evitado aquí meter la tijera. Acaba de iniciar los trámites para encargar a diferentes agencias de viajes las estancias a reservar. En concreto, la Armada ha previsto un desembolso de 225.000 euros, la misma cantidad que en 2013, con el fin de asumir tales “arrendamientos para la temporada estival de 2014”, mientras que el Ejército de Tierra ha hecho lo propio con un importe que asciende a 210.602 euros. Ambas cuantías suman 435.602 euros.
El número de beneficiarios de estas partidas es limitado. Los listados de adjudicación suelen confeccionarse dando prioridad a los militares que no hayan disfrutado en los siete últimos años del mismo tipo de alojamiento, seguidos de los que hayan estado el menor número de veces en igual estancia. En caso de igualdad en estos puntos, tendrán preferencia los que hayan pasado más tiempo sin disfrutar de estos alojamientos. Si persiste el empate prevalecerán los de familia más numerosa. Tales requisitos frenan a muchos militares, que ni siquiera intentan acceder a estas plazas.
Además, los elegidos deberán abonar una parte del alquiler del apartamento, puesto que el dinero que otorga el Ministerio de Defensa tiene la categoría de “ayuda” y no da para cubrir los arrendamientos al cien por cien. El pasado verano, y así será previsiblemente el siguiente, los militares que accedieron al uso de dicho apartamentos percibieron, según fuentes ministeriales, una ayuda que se situó en torno al 62% para la tropa y sobre el 45% para los mandos. El resto hasta completar el coste del arrendamiento lo abonaron de su bolsillo.
El ministerio exige que las estancias tengan “horno o microondas” y “ascensor en edificios de 3 o más plantas” y valora que dispongan de “TV con pantalla plana de más de 32 pulgadas”
Respecto a la contratación abierta por el Ejército de Tierra, que sigue el procedimiento urgente y no ordinario como la Armada, la asignación de 210.602 euros (88 apartamentos) se divide en dos partes: una, de 16.578 euros, dirigida al alquiler de 9 apartamentos en la zona 1 (Asturias y Coruña), y otra, de 194.024 euros para 77 alojamientos de las zonas dos (Castellón, Valencia y Alicante), tres (Murcia, Almería, Granada, Málaga y Cádiz) y cuatro (Huelva). Las localidades elegidas son Llanes, Boiro, Peñíscola, Oropesa, Gandía, Calpe, Arenales del Sol, La Manga, Vera/Garrucha, Almuñecar, Torre del Mar/Torrox Costa, Puerto de Santa María, Zahara de los Atunes y Punta del Moral/Isla Canela.
Las estancias reservadas deberán estar disponibles, según pide Defensa a las agencias de viajes candidatas, durante seis quincenas (del 16 de junio al 15 de septiembre) para la zona 1; y durante ocho quincenas (del 1 de junio al 30 de septiembre) para el resto de zonas. Los tipos de apartamentos serán de un dormitorio (2/3 plazas); dos dormitorios (4/5) y tres (6/7). Asimismo, el ministerio establece como requisito fundamental que dichos alojamientos se encuentren a 400 metros como distancia máxima de la playa (para la zona 1 permite un kilómetro como máximo). También exige que tengan “horno o microondas” y “ascensor en edificios de 3 o más plantas”. Incluso valorará que los pisos dispongan de “TV con pantalla plana de más de 32 pulgadas”.
"Esfuerzo sin precedentes"
En el caso de la Guardia Civil, las primeras cuentas que elaboró el gabinete de Jorge Fernández Díaz ya no contemplaban este gasto de la etapa socialista. Interior justificó así la eliminación de estas ayudas: “En el transcurso de tiempo que media en la instrucción de este procedimiento ha surgido un nuevo escenario en este departamento ministerial que reduce su disponibilidad económica, como consecuencia de la reducción aplicada por el Ministerio de Hacienda en los Presupuestos Generales de 2012”. Y añadió: “Las circunstancias imponen un esfuerzo de austeridad sin precedentes que lleva consigo priorizar las ayudas y descartar aquellas que pudieran ser consideradas, en el contexto actual, menos necesarias”.
