El borrador del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana sigue dando que hablar. La revisión de la Ley Corcuera de 1992 que pretende llevar a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy contempla como infracción del orden público la falsificación del curriculum vitae. El texto iba a llegar este viernes a la mesa del Consejo de Ministros en medio de una ola de indignación entre activistas sociales, principalmente agitada desde la Red. Sin embargo, Interior comunicó a última hora de ayer que el borrador no será debatido en el Consejo de Ministros previsiblemente hasta la próxima semana, ya que los servicios jurídicos del Ministerio han constatado que aún faltan algunos matices por introducir, siendo precipitada su aprobación este viernes, como pretendía el ministro, Jorge Fernández Díaz.
El documento sitúa el hecho de mentir en una graduación académica al mismo nivel que conductas, como por ejemplo, “amenazar, coaccionar, vejar e injuriar” a los agentes de policía desplegados en manifestaciones o “escalar edificios públicos como acción de protesta”. Todo ello será calificado como “falta grave” y castigado con una multa de entre 1.001 y 30.000 euros.
Tal y como ha apuntado el propio titular de Interior, el Ejecutivo popular ha considerado “necesario” acometer esta reforma porque el Código Penal en tramitación elimina este tipo de faltas, unas porque pasan a ser delitos leves y otras, sanciones administrativas. “Si no las incorporáramos a una Ley de Seguridad Ciudadana ahora, hay figuras en el Código Penal que quedarían en el limbo jurídico”, ha reiterado el ministro.
Se da la circunstancia de que falsear el curriculum vitae se encuentra en ese grupo de figuras que pasarán a ser recogidas en la Ley mordaza o Ley anti-15-M, según el borrador consultado por Vozpópuli. En concreto, el Código Penal recoge en su artículo 637 que quien “se atribuyere públicamente la cualidad de profesional amparada por un título académico que no posea, será castigado con la pena de localización permanente de dos a 10 días o multa de 10 a 30 días”. Tal sanción será ahora actualizada en los términos antes citados. La Ley Corcuera no recogía esta cuestión.
Existe abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este artículo, aplicado por ejemplo en la STS 2564/2012 a un individuo “que no era licenciado en Derecho y, por lo tanto, tampoco era abogado entre el mes de octubre de 2002 y el mes de octubre de 2005. Sin embargo, haciéndose pasar por licenciado en Derecho y abogado, realizó entre esas fechas una serie de actuaciones con la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito”.
Cospedal tranquiliza a los consejeros de Interior del PP en una reunión interna donde repite por tres veces que “más seguridad jurídica es más seguridad ciudadana”
Existen casos en que el acusado por el artículo 637 del Código Penal también lo es por el artículo 402 de dicha norma: “El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años”. La principal diferencia está en que el primer precepto se trata de una falta al aparentar públicamente una condición profesional que no se tiene mientras que el segundo recibe ya la consideración de delito por cuanto se ejercen funciones propias de dicha profesión. Esto último es lo que se conoce como intrusismo.
Precisamente en el actual Gobierno hay un alto cargo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que se vio envuelto el año pasado en una sonada polémica al aparecer durante tres legislaturas en su ficha del Congreso de los Diputados que era “licenciado en Medicina” cuando no gozaba de tal graduación. Tal y como publicó el diario El País, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, no completó los estudios de Medicina en la Universidad de Valladolid, pese a lo recogido en su currículum registrado en las Cortes.
En la referencia del Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011, que incluía su nombramiento como números dos del departamento de Fátima Báñez, también apareció que Burgos era “médico”, pero esto fue corregido, una vez saltó la noticia, con la frase “tiene formación universitaria en Medicina por la Universidad de Valladolid”.
Cónclave en Génova
En paralelo a las críticas que ha generado el borrador, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se reunió ayer con Fernández Díaz y los consejeros de Interior de las comunidades gobernadas por el PP. Según fuentes presentes en este encuentro a puerta cerrada en Génova, la números dos de Mariano Rajoy explicó las líneas maestras de la futura Ley de Seguridad Ciudadana y respaldó su contenido afirmando hasta “por tres veces” que “más seguridad jurídica es más seguridad ciudadana”. Asimismo, Cospedal tranquilizó a los asistentes, saliendo al paso de informaciones sesgadas que se han publicado al respecto, con el argumento de que “las sanciones son las mismas que las previstas hace 22 años”.
Es cierto que la Ley Fernández no dista mucho de la Ley Corcuera en materia de multas. Las graves son sancionadas según el texto de 1992 con un importe de entre 300 y 30.000 euros. Ahora, la cuantía mínima se eleva a 1.001 euros y se mantiene la máxima. Por su parte, las muy graves, como rodear el Congreso o fotografiar a policías, ambas de nuevo cuño, repiten cantidades: de 30.000 a 600.000 euros.
