La Real Academia de la Lengua define islamista como “perteneciente o relativo al integrismo musulmán”. Una acepción que alude, claramente, al sector más radical del Islam. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que el Ministerio del Interior, en sus presupuestos para el año 2015, haya utilizado este término para referirse a todos los presos de esta creencia que actualmente se encuentran en cárceles españolas: cerca de 7.000.
El Ministerio utiliza el término referido a los radicales musulmanes al detallar las subvenciones que dará para cubrir la asistencia religiosa a los internos no católicos
La calificación como radicales de este amplio colectivo figura en el apartado de “transferencias corrientes” correspondientes a Instituciones Penitenciarias, dependiente del departamento de Jorge Fernández Díaz. Aquí, junto a las partidas que se van a destinar a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para los estudios de los reclusos, a Cruz Roja, a Cáritas y a la Federación Española de Municipios y Provincias, Prisiones ha incluido los gastos que cubre para la asistencia religiosa a los internos.
En concreto, se trata de dos partidas. La primera, y más elevada, es la que recibe la “Comisión Episcopal” para la atención a los presos católicos. En total, 309.000 euros. La segunda es la que debe servir para cubrir los que ocasiona este mismo apoyo a los internos del resto de las creencias, principalmente de la musulmana. Esta ascienda a 3.930 euros. Es en este punto, el número 487 de los presupuestos de Instituciones Penitenciarias, donde Interior equipara a la totalidad de este colectivo con los seguidores más radicales de esta creencia, ya que especifica que es para “islamistas”.
Temor en Interior
Interior hace esta asimilación en un momento en el que su titular, Jorge Fernández Díaz, aprovecha cualquier comparecencia pública para alertar del peligro que supone para la seguridad del Estado la amenaza yihadista, sobre todo por el retorno a nuestro país de antiguos combatientes en las guerras de Siria e Irak. En lo que llevamos de 2014, la Policía y la Guardia Civil han desmantelado ya cinco redes asentadas en nuestro país dedicadas a reclutar y enviar radicales a estos conflictos. La última, la semana pasada.
Fernández Díaz ha alertado en sus últimas comparecencias públicas de la amenaza que supone el retorno a España de antiguos combatientes yihadistas de las guerras de Irak y Siria
Este temor también se ha trasladado a las prisiones españolas, en las que desde el pasado mes de julio se aplica el programa 8/2014 para combatir, precisamente, la radicalización de los musulmanes presos, y cuyo contenido adelantó Vozpópuli en exclusiva. En dicho documento confidencial Interior ordenaba precisamente someter a un control previo a las organizaciones no gubernamentales que dan asistencia religiosa a estos reclusos. Control que, sin embargo, no se hace con colectivos similares de otras confesiones.
Dicha instrucción fue incluida dentro del apartado de "medidas de intervención con los internos" en el que se fijan seis actuaciones a aplicar sobre el colectivo de presos musulmanes para evitar el proselitismo yihadista. En concreto, en cuarto lugar aparecían recogidas las "medidas dirigidas a la intervención de las ONG,s (sic) y de otras asociaciones o grupos vinculados al fomento de la cultura musulmana o al desarrollo de actividades de este colectivo". En el mismo, los autores del documento destacaban que, además de a estas organizaciones, se haría un "seguimiento preventivo" a las personas concretas que en su nombre "impartan las actividades dentro de prisión".
“Imanes moderados”
El documento dejaba claro que dicha medida iba a ir más allá del "protocolo ordinario establecido" para otros grupos, religiosos o no, que realizan labor de apoyo a los reclusos, pero que no son musulmanes, y recalcaba que una vez realizado el mismo "habrá que remitir al Centro Directivo [de la prisión] esta información para su control". Además, Interior ordenaba que estas investigaciones se mantuvieran "una vez autorizada la actividad", para lo cual fijaba "mecanismos de seguimiento de [las] mismas, así como evaluaciones periódicas que garanticen la sintonía de estas prácticas con los objetivos del presente programa".
En julio, Instituciones Penitenciarias elaboró un programa para evitar la radicalización de los presos comunes musulmanes en el que prestaba especial atención a la asistencia religiosa
El documento, de veinte folios de extensión, mostraba en varias ocasiones el temor de Instituciones Penitenciarias a que el proselitismo religioso entre los presos comunes musulmanes fuera hecho por personas de fuera de las prisiones que accedan a las mismas a cubrir las necesidades religiosas del colectivo. Por ello, otra de las "medidas de intervención" que Interior fijaba era que dicha asistencia "se facilite por imanes moderados que puedan contrarrestar la ideología y las desviaciones en la interpretación de los textos sagrados de los que se están sirviendo los radicales".
En este sentido, Instituciones Penitenciarias ordenaba que "en las prácticas colectivas, esta asistencia religiosa se desarrollará en un local multifuncional [de la cárcel] y, en ningún caso, se permitirá que el mismo sea utilizado de forma exclusiva para los ritos musulmanes y por internos musulmanes". Además pretendía evitar a toda costa que aquellos reclusos que se "autoproclamen" líderes del colectivo "ocupen o desarrollen labores similares a los imanes en los centros penitenciarios en la práctica de rito o rezos colectivos". "Estos rezos deben estar prohibidos cuando no sean presididos o dirigidos por el imán autorizado", insistía el texto.
