La única solución que ha puesto el Gobierno sobre la mesa para evitar otro incidente trágico como el acaecido la pasada semana en la frontera entre Ceuta y Melilla ha sido la ampliación del espigón del Tarajal. El anuncio, hecho ayer por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en el Congreso de los Diputados, no sólo llega tras la muerte de 15 inmigrantes en aguas marroquíes tras ser rechazados por la Guardia Civil en la costa de la ciudad autónoma. Según ha podido saber Vozpópuli, esta actuación no estaba en los planes del Ejecutivo con anterioridad al dramático desenlace.
En concreto, el Gobierno se pronunció en estos términos en respuesta a una pregunta parlamentaria escrita formulada por el PSOE. El principal partido de la oposición se interesó por si había "previsión de acometer la obra de refuerzo del espigón de la frontera de Ceuta y en qué fecha". El Ministerio del Interior contestó con rotundidad: "Cabe indicar que no se tiene previsto la construcción de un refuerzo del espigón de la frontera de Ceuta". Ésta fue la literalidad de la réplica del Gobierno, firmada con fecha de 23 de octubre de 2013 y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) del pasado 18 de diciembre. La interpelación de los socialistas fue suscrita por los diputados Antonio Trevín y Gaspar Zarrías.
Ahora los planes de Interior han cambiado y su titular avanzó que habrá ampliación del espigón marítimo a lo largo de 2014. Según explicó, este elemento, que delimita el perímetro fronterizo de Ceuta y separa la playa española del Tarajal de Marruecos, ha perdido efectividad por "el efecto de la sedimentación de áridos". "En su origen finalizaba en aguas suficientemente profundas, pero en la actualidad lo hace en una profundidad que oscila entre metro y medio y dos metros y se adentra en la mar tan sólo tres metros, cuando antes lo hacía 30". Ello provoca, relató, que con marea baja, "sea practicable a pie, sin necesidad de nadar" para los inmigrantes que quieren adentrarse en la costa española.
El delegado del Gobierno en Ceuta planteó en septiembre como solución "provisional" un pantalán flotante "con red debajo del agua para impedir el paso de inmigrantes buceando"
Actualmente, el espigón está dotado de una sola valla de 6 metros de altura y se adentra en la mar entre 4 o 5 metros, una distancia que con las obras se quiere ampliar para hacer más difícil el acceso desde Marruecos. Fernández Díaz distribuyó a los portavoces parlamentarios un boceto del futuro proyecto, en el que la valla se adentra en el mar como si se tratara de un embarcadero, manteniendo la misma altura sobre el nivel de las aguas. Fuentes del Grupo Popular señalaron que el coste previsto de estas obras rondará los 250.000 euros. Se da la circunstancia de que esta actuación no está contemplada como tal en los Presupuestos Generales del Estado para 2014, otra prueba más de que Interior ha reaccionado sobre la marcha.
En septiembre del año pasado, el delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González Pérez, planteó como solución "provisional" la construcción de un pantalán flotante "con red debajo del agua para impedir el paso de inmigrantes buceando" y con un vallado en superficie similar al que existen en tierra. Esta propuesta tampoco se materializó a tiempo.
Precisamente, este espigón forma parte del nuevo y tercer escenario que citó ayer Fernández Díaz para explicar las particularidades del caso. Así, dijo que, junto a las dos formas clásicas de llegada de subsaharianos, el episodio del pasado fin de semana ha mostrado otra, muy singular: la de "vulnerar el perímetro fronterizo terrestre, esto es, asaltando la valla, y, a continuación, en "unidad de acto, un intento de penetración irregular a nado por la playa de El Tarajal, sorteando el espigón". Preguntado el ministro sobre si había un protocolo de actuación para este caso concreto, después de que Vozpópuli revelara su inexistencia, Fernández Díaz se limitó a indicar que la intervención de la Guardia Civil estuvo dirigida por "oficiales con experiencia acreditada en este tipo de actuaciones".
Ante esta respuesta, el portavoz de Interior del PSOE, Antonio Trevín, acusó a Fernández Díaz de "tratar de escudarse sistemáticamente detrás de la Guardia Civil". "Nos ha hablado de que había unos mandos muy profesionales, que sabían lo que tenían que hacer, pero me ha dicho: no había plan de contingencia. Es decir, no había protocolo estudiado para esta situación que se podía producir, qué había que hacer, cuál era la relación y la formación de los guardias civiles para hacer frente a la situación", recalcó el diputado socialista. Además, reprochó al titular de Interior que "todo el ministerio sabía que esto podía pasar y nadie hizo nada por evitarlo".
En la misma línea, el diputado de CiU Antoni Picó espetó al ministro que si hay algún supuesto protocolo establecido para hacer frente a incursiones "en unidad de acto", por perímetro terrestre y por vía marítima, a su juicio, no se cumplió; y si no lo hay, continuó, "el no tenerlo ha costado muchas vidas".
Los socialistas reprocharon al titular de Interior que "todo el ministerio sabía que esto podía pasar y nadie hizo nada por evitarlo"
Si bien Fernández Díaz aclaró que hubo disparos de pelotas de goma "disuasorios" (nunca al cuerpo de los inmigrantes) y con trayectoria tierra-mar (nunca en el agua, desde embarcaciones o hacia la valla), la polémica se centró en las supuestas devoluciones en caliente de los extranjeros que alcanzaron la playa de Ceuta, que fueron 23, según dio a conocer el ministro. El titular de Interior dijo que fueron entregados a las fuerzas marroquíes "sin haber entrado en España", así que no se les aplicó la Ley de Extranjería.
¿Hubo una deportación ilegal?
Ante ello, el diputado de IU Ricardo Sixto se preguntó: "¿Pero dónde empieza España? España no comienza a las espaldas del primer guardia civil". En la misma línea, el diputado del PNV Emilio Olabarría se refirió a nueve inmigrantes (de esos 23) que entraron en fila y de la mano en "territorio español". En relación a ellos, apuntó, Interior debió prestarles asistencia jurídica y trasladarles a un centro de internamiento de extranjeros. A su juicio, hubo una "deportación ilegal". Por su parte, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, pidió a Fernández Díaz que "no se escuden detrás de la Guardia Civil para no cumplir la ley". "El drama de la inmigración ilegal es un problema político, no de la Guardia Civil", remarcó.
En última instancia, el ministro insistió en que los inmigrantes "no llegaron a entrar en territorio español" y que "fueron rechazados en frontera cuando intentaban entrar". "No hay forma de detener ese flujo migratorio si hacemos una interpretación jurídica-geográfica y no política", concluyó.
