Los dos ministerios encargados de perseguir el delito en España (Interior y Justicia) presuntamente delinquieron en 2012 al otorgar contratos por valor de 70,7 millones. La denuncia ya está en tramitación por supuesta prevaricación administrativa. Interior, que dirige Jorge Fernández, suma 63 millones de contratos bajo indicios delictivos mientras que Justicia, bajo mandato de Alberto Ruiz-Gallardón, aporta otros 7,7 millones con sombras de ilegalidad.
Las irregularidades de tales contratos (que incluyen facturaciones de todo tipo como comidas de presos, servicios postales, compra de ruedas, información sobre pasajeros...) se centran en medidas administrativas arbitrarias que limitaron o anularon la libre concurrencia, valoraciones injustificadas de ofertas tanto para eliminar como para aprobar licitadores y urgencias en la tramitación nunca probadas.
Se suman a las sospechas sobre BdE, Economía y Fomento
Estas supuestas ilegalidades se suman a las sospechas de operaciones similares en el Banco de España y ministerios de Economía y de Fomento ya difundidas por este diario. Todas estas presuntas contrataciones ilegales están sujetas a denuncias ya en tramitación, según fuente jurídicas.
Los contratos que presentan estos signos de delito se reparten de la siguiente manera.
Ministerio del Interior. La subsecretaría de Interior contrató un servicio para “proporcionar información avanzada de identificación de pasajeros para el Ministerio del Interior”. El monto fue de 723.000 euros. El fallo legal de tal contrato es que no se justificó en ningún momento la elección de su vía de adjudicación: a dedo. En lenguaje jurídico, procedimiento negociado sin publicidad. En este contrato no se fijaron los mínimos de solvencia económica de los licitadores. Y esto, según denunció el Tribunal de Cuentas, afecta a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación. Interior tampoco explica la insuficiencia de medios personales o materiales que le obligan a externalizar tal servicio.
Y el Tribunal de Cuentas, en materia de contratos, no admite sin más el principio de madre no hay más que una. Exige probarlo.
Pero acaso el mayor reproche sea que el departamento de Fernández alegó para contratar a este licitador que era el único posible. Y el Tribunal de Cuentas, en materia de contratos, no admite sin más el principio de madre no hay más que una. Exige probarlo.
Ciertamente la ley permite que por razones técnicas un contrato sólo pueda adjudicarse a un empresario determinado. Pero en este caso “no consta la acreditación de que el adjudicatario fuera el único que podía realizar la prestación contratada, no estando en consecuencia justificada la celebración del contrato fiscalizado”, denuncia el Tribunal de Cuentas.
Dirección General de Tráfico. Este organismo dependiente de Interior presuntamente violó la ley en siete contratos en 2012. Su detalle es el siguiente.
-Adquisición de carburante para los vehículos de la Agrupación de Tráfico de península y Baleares. El monto fue de 16,4 millones. En este caso, se observan indicios de que se limitó la libre concurrencia por haberse establecido unos requisitos en los pliegos de condiciones técnicas que determinaron que la concurrencia quedara reducida a una sola empresa.
El Tribunal de Cuentas ya denunció cuál fue el supuesto truco que se usó para marcar el perfil del licitador ganador: se recoge entre los requisitos tanto el número de gasolineras que deben contar las empresas licitadoras como los términos municipales en las que deben estar emplazadas. Esto significó que la concurrencia quedó limitada a una sola empresa. Era tanto como pedir que concurrieran todas las empresas españolas cuya primera parte de su nombre comercial fuera Corte y la segunda Inglés.
-Servicio para la conservación y explotación de las instalaciones de regulación y control de tráfico en las carreteras dependientes del centro de gestión de Tráfico de Pirineos-Valle del Ebro. Su coste superó los 7,2 millones. No se justificó la vía ni los criterios de adjudicación del contrato.
-Servicio para la conservación y explotación de las instalaciones de ITS (sistema inteligente de transporte) en las carreteras controladas desde el centro de gestión del tráfico de Madrid. El valor irregularmente adjudicado fue de 7,6 millones. Iguales argumentos del anterior contrato sobre su presunta ilegalidad.
-Servicio de mantenimiento de los equipos físicos y lógicos de la DGT. El dinero abonado sumó 4,3 millones. Iguales argumentos sobre su ilegalidad.
Única emisora y vendedor de ruedas posibles
-Servicio para la campaña de divulgación de la seguridad vial a través de la Cadena Ser. El coste fue de 1,4 millones. Nuevamente Interior alegó que este contrato sólo podía realizarlo un empresario determinado. Pero obviamente había más emisoras en España. Y el Tribunal de Cuentas fue solemne en su denuncia: “No consta que el adjudicatario fuera el único que podía realizar la prestación contratada, no estando en consecuencia justificada la celebración del contrato”.
-Impresión, ensobrado y manipulado de cartas, comunicaciones y notificaciones y custodia de acuses de recibo. Su importe se cifró en 1,7 millones. Hubo deficiencias en la valoración de ofertas y no se justificó el modo de adjudicación ni el criterio utilizado.
-Suministro de recambios originales de neumáticos de motos BMW de la Agrupación de Tráfico. Costó 283.000 euros. También aquí se invocó en vano que no había otro proveedor posible, algo poco creíble para el Tribunal de Cuentas en materia de ruedas de motos.
Trabajo Penitenciario. Este organismo, también dependiente de Interior, presuntamente vulneró la ley al conceder cuatro contratos. Todos ellos suman 23,1 millones. Siempre tienen el mismo estribillo: suministro de materias primas para la alimentación de los internos de una veintena de centros penitenciarios. La denuncia se basará en que en ninguno de ellos se justificó el procedimiento y criterio de adjudicación escogidos, ni el modo de valoración de ofertas. No se previeron tampoco los requisitos mínimos de solvencia exigibles al licitador, lo que afectó a "la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación".
Entre los centros donde presuntamente se violó la ley al contratar se encuentran Soto del Real, prisión del extesorero del PP,Luis Bárcenas, y Estremera, punto de reclusión de Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid
Tampoco se determinó qué necesidades debían cubrirse con los contratos. Entre los centros donde presuntamente se violó la ley al contratar se encuentran Soto del Real, prisión del extesorero del PP, Luis Bárcenas, y Estremera, punto de reclusión de Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid. La paradoja es total: el ministerio que custodia a los delincuentes, presuntos o confesos, viola supuestamente la ley al contratar sus alimentos.
La injustificada urgencia de Justicia
Ministerio de Justicia. Presuntamente sólo violó la ley una sola vez en 2012, en un único contrato, bajo mandato de Ruiz-Gallardón. Lo formalizó la subsecretaría de Justicia por el siguiente concepto. “Servicios postales generados en el ámbito del Ministerio de Justicia y de los órganos de la Administración de Justicia de su ámbito competencial”. El valor del contrato fue de 7,7 millones. Los indicios delictivos se centran en la tramitación por la vía de urgencia.
Justicia explicó para justificar tal premura que el contrato finalizaba el 31 de octubre de 2012 y a partir de esa fecha quedaría sin efecto la prestación de este servicio esencial para el departamento. Pero el Tribunal de Cuentas le aclaró que la urgencia sólo cabe invocarla cuando la necesidad del contrato sea inaplazable o convenga acelerar su adjudicación por razones de interés público. Y no vio ninguna de tales necesidades en este caso para adoptar una medida que limita la concurrencia al reducir los plazos para la presentación de ofertas.
El Tribunal de Cuentas no plantea estas cuestiones por mero formalismo. Entiende que todos los contratos estatales acaban en una fecha determinada y, a partir de ahí, dejan de prestarse servicios esenciales. Admitir esta excusa sería tanto como invalidar la ley de contratos públicos. Todos los ministerios podrían invocar urgencias con tal pretexto para laminar la concurrencia a placer.
En este caso se produce un doble hecho doloroso: se presume que el ministerio de Justicia debería conocer especialmente la legislación española a la hora de contratar. Y, por otro lado, no deja de generar cierta esquizofrenia que un juzgado deba dirimir si el ministerio que vela por la legalidad en España violó el Código Penal al adjudicar un contrato.
Un ministerio cuyos titulares siempre se ven obligados a repetir machaconamente ante cualquier escándalo que la ley está para cumplirla, la ley es igual para todos…Ahora lo comprobarán en persona. La lectura que arroja, por otro lado esta cascada de denuncias y reproches es que el primer requisito de la transparencia no estriba en colgar contratos estatales en una web. Es mucho más importante que se adjudiquen con la mayor transparencia: concurso y publicidad.
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