Los ministerios económicos del Gobierno de Pedro Sánchez siguen dudando sobre la regulación del precio del alquiler que el presidente pactó con Pablo Iglesias el martes. Califican la promesa de Sánchez de propaganda útil a Podemos de cara a su electorado y ponen en cuestión la viabilidad de la iniciativa en el contexto económico de la crisis por la covid-19. Desde estos ministerios mantienen en conversación con Vozpópuli que seguirán dando batalla porque consideran esa ley como lesiva para los intereses nacionales.
“Esto va a acabar como la derogación de la reforma laboral”, mantiene un miembro del Ejecutivo de Sánchez. Se refiere a la propuesta de derogar íntegramente la reforma de Mariano Rajoy, que Podemos llevó a la campaña electoral y que fue integrada en el pacto de investidura. Ahora, sin embargo, ningún ministro del Gobierno la defiende, ni siquiera la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que todas las fuentes consultadas alinean con el departamento de Economía, liderado por Nadia Calviño, y el de Seguridad Social de José Luis Escrivá.
Estos ministerios, al igual que el de Transportes de José Luis Ábalos, no están dispuestos a aceptar imposiciones de Podemos en políticas de vivienda. “Es de primero de carrera: si fijas topes al alquiler se reducirá la oferta y subirán los precios. Además se incrementará el mercado negro. Tenemos muchos ejemplos de ello”, afirman fuentes socialistas en contacto directo con el ministro Ábalos.
Otra derivada atañe al escenario europeo. Desde un gabinete ministerial recalcan que la Comisión Europea no entregará los 140.000 millones de euros para la recuperación de España sin pedir nada a cambio. “La UE no te da el dinero sin más. Estará vigilando sobre el cumplimiento de las condiciones, y entre ellas está no emprender proyectos descabezados”, zanjan las fuentes consultadas.
Batalla política
En definitiva, los ministros que por un lado deberán ejecutar la ley y también defenderla en Bruselas, están convencidos de que la promesa de Sánchez fue algo parecido a un compromiso político que de aquí a cuatro meses (este es el plazo acordado para la aprobación) se frenará. Por ejemplo, aprovechando el hecho de que en Cataluña la Generalitat ha puesto en marcha una iniciativa semejante, y que podría dar resultados negativos muy pronto.
Los estrategas de la Moncloa creen, por otro lado, que el anuncio del pasado martes ha servido a Iglesias para ofrecer a su electorado la sensación de haber ganado una batalla política. En los chats internos de la formación morada, donde se movilizan los militantes para las campañas en redes, la dirección de Podemos difunde vídeos en los que se escenifican peleas con el PSOE ganadas por los morados.
ERC o Ciudadanos
Iglesias, por otro lado, está convencido de que la ley del alquiler servirá para desbloquear el sí de ERC a los presupuestos, como desveló este diario. El partido catalán está abierto a esa opción, y no se descarta que el próximo movimiento táctico de Iglesias sea involucrar a Gabriel Rufián en su estrategia. Por ejemplo, buscando un compromiso firme de Sánchez para blindar el voto favorable de ERC a los presupuestos.
Todos maniobran más con sentido táctico que estratégico. Pero Sánchez y sus asesores confían en obtener el respaldo de Ciudadanos, y saben que una implementación inmediata de la ley del alquiler puede dinamitar los puentes con el partido de Inés Arrimadas. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se mostró el martes muy crítica sobre la propuesta del tope legal a los alquileres.
Es por ello que a lo largo de la negociación del pasado lunes Sánchez pactó con Iglesias abordar la nueva normativa, pero con un plazo de cuatro meses. Este plazo permite a los miembros del Ejecutivo desactivar en cada momento la promesa de Sánchez. De hecho, en la presentación del pasado martes, Iglesias reivindicó esa medida como un logro de su política social. Sánchez, en cambio, no hizo ninguna mención directa a ella.
