El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha detenido la última fase de la reforma del Registro Civil que inició Gallardón y que había sido ideada por un grupo de registradores liderado por Enrique Rajoy, hermano del presidente del Gobierno.
Según diversas fuentes próximas al Ejecutivo, Catalá tiene ahora el mandato de negociar el detalle con el Colegio de Registradores, hasta hace unos días levantado en armas a cuento de esta reforma porque les obligaba a costear el mantenimiento del Registro Civil y les retiraba el control de todo el sistema informático registral.
Y precisamente este giro de Catalá provocó este lunes la dimisión de Joaquín Rodríguez, un registrador amigo de Enrique Rajoy y director general del Registro y Notariado, a quién muchos atribuían el oscuro propósito de dar el negocio electrónico a una empresa con nombres y apellidos, la compañía de servicios de software registral Futuver.
“Cuando se le preguntaba a Gallardón por este asunto decía que lo tenía todo controlado. Pero las noticias de la rebelión de los registradores salpicaron a Rajoy, y eso puso muy nerviosa a la gente en Moncloa. No se pueden permitir dar la impresión de que algo huele a escándalo antes de las elecciones, así que desde las más altas instancias se ha dado orden a Catalá de pararlo y negociar con los registradores, un lobby muy poderoso”, afirman fuentes cercanas al Gobierno. Estas mismas fuentes también sugieren que la reforma ha sido otro de los motivos de la caída de Gallardón.
El traspaso del Registro Civil
La reforma plantea el traspaso del Registro Civil a los registradores comerciales, una idea ya barajada por los ministros Acebes y Michavila. A grandes rasgos, se trata de suprimir los costes del Registro Civil para las arcas públicas al tiempo que se retienen los funcionarios dentro del Ministerio y éstos se pueden dedicar a desatascar la justicia ordinaria.
Sin embargo, el principal problema de esta iniciativa reside en cómo se financia. Jueces, notarios, secretarios generales, alcaldes y juristas de todo tipo denunciaron que la reforma entrañaba la privatización de todos los registros y, por lo tanto, un aumento de los costes en manos de los registradores. “Aunque no se cobre por la defunción o el nacimiento, se corre el riesgo de crear un gran hermano que capte todo el tráfico jurídico, engorde la burocracia y encarezca cualquier certificación”, sostienen numerosos juristas.
Los propios registradores también se sublevaron cuando comprobaron que el coste lo asumían de sus propios bolsillos con los aranceles. Por no hablar de que algunos percibían el riesgo de crear un sistema que en cualquier momento pudiese suplantarlos. La indignación se desató en el seno de este colectivo, hasta el punto de que en abril del año pasado la asamblea del Colegio expulsó a su directiva por la connivencia exhibida en el diseño de la reforma con el grupo encabezado por Enrique Rajoy.
Es más, los temores de los registradores se vieron confirmados en cuanto pudieron leer el reglamento que articulaba el sistema registral electrónico, el cual representaba una reforma de la figura de los registradores colada por la puerta de atrás. Aunque sólo se trate de un órgano consultivo, el Consejo de Estado emitió un dictamen demoledor en contra de este proyecto de Real Decreto. En él rechazaba que se aprovechase un simple reglamento para establecer que los nuevos servicios informáticos se hagan cargo de todos los registros, arrebatando a los registradores el control de todas las aplicaciones informáticas y bases de datos.
La empresa Futuver
Desde el primer momento, numerosos registradores achacaron intenciones poco claras a esta reforma. Sospechaban que el grupo de registradores capitaneado por Enrique Rajoy quería imponer los programas de Futuver, una empresa especializada en la informatización de registros y a la que la anterior cúpula del Colegio de Registradores otorgó varios contratos. En una filial de dicha compañía fue consejero, Javier Angulo, otro registrador que trabajó para Joaquín Rodríguez en la Dirección General del Registro y el Notariado.
Y la gota que colmó el vaso fue que con la excusa de la Seguridad Nacional se encomendase la organización del concurso a una empresa del Ministerio de Defensa, Isdefe, saltándose todas las prácticas habituales de transparencia. Mediante este proceso se brindó el contrato de forma provisional a Telefónica e Indra, las cuales a su vez tendrían que haber subcontratatado en principio a una empresa especializada como Futuver, que ya tenía la mayor parte del trabajo muy avanzado. Sin embargo, el vuelco que ha protagonizado Catalá deja este proceso en stanby a la espera de un acuerdo con los registradores.
El nuevo titular de Justicia tiene ahora la misión de aplacar los ánimos del cuerpo de registradores, lo que les hará retrotraerse a la cuestión inicial de quién paga la reforma y cómo. Su coste puede rondar entre los 150 y los 300 millones de euros al año dependiendo de quién elabore el cálculo. Por el momento, Catalá va a eliminar la Corporación Pública que iba a controlar el nuevo sistema informático. Y cabe la posibilidad de que en lugar de Futuver se emplee la plataforma electrónica que ya está instalada en unas 150 oficinas de registradores.
