Que iba a haber conflictividad social esta legislatura era una previsión con la que el PP contaba incluso antes de desembarcar en el Gobierno de la nación. De hecho, el movimiento del 15-M, nacido cuando aún gobernada José Luis Rodríguez Zapatero, se consideró una especie de "ensayo" ante el más que previsible "despegue" popular, que acaparó poder local y autonómico, el pasado 22 de mayo, y nacional en las elecciones generales del 20 de noviembre. Pero es que, además, las medidas tomadas respecto a los empleados públicos ha tocado una de las teclas más sensibles: es de los pocos colectivos de trabajadores donde los sindicatos todavía tienen bastante poder movilizador "y hubiera sido de tontos no ver" la que se se iba a montar, afirman fuentes gubernamentales en un ejercicio de realismo.
Porque si es verdad que a la "ciudad prohibida" --término con la que algunos definen el complejo de la Moncloa-- no llegan los gritos de las manifestaciones de los funcionarios o de los mineros, cosa muy distinta es lo que está pasado frente al número 13 de la calle Génova, donde está la sede nacional del PP y se comienzan a vivir situaciones que recuerdan a lo acontecido tras los atentados del 11-M en 2004 cuando los manifestantes rodearon el día de reflexión la sede nacional de los populares y Mariano Rajoy, entonces candidato, salió para pedir que acabaran dichas concentraciones.
Ayer mismo, un centenar de funcionarios se manifestó de forma espontánea en la puerta de la sede. La gran mayoría eran funcionarios de Justicia, dado que los que trabajan en la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solo necesitan cruzar la calle para plantarse frente al edificio. La cuestión es que este tipo de manifestaciones no han sido comunicadas a la delegación del Gobierno en Madrid y, de hecho, las principales organizaciones sindicales pareccen ir un poco a rebufo de los trabajadores del sector público. De hecho, existe más temor en el Gobierno y en el PP hacia las que son convocadas por las redes sociales o de una manera más o menos espontánea que a las que organizan los sindicatos.
Contra los recortes, los damnificados de Afinsa, los gays...
Hoy, Comisiones Obreras ha convocado una concentración frente al Ministerio de Hacienda contra los recortes salariales y otra que tiene como destino la consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, en este caso en contra de los ajustes en las Universidades Públicas. Ya de paso, aprovechando el clima en la calle, el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM) ha anunciado a la delegación una concentración en la Puerta del Sol ante la posible sentencia del Constitucional sobre le recurso que presentó el PP contra el matrimonio homosexual --se supone que para celebrarlo porque todo apunta a que el alto tribunal le va a dar el plácet al matrimonio entre personas del mismo sexo-- mientras que los damnificados por la estafa de Forum y Afinsa, sustituirán a los funcionarios de Justicia en la puerta de la sede nacional del PP.
La "número dos" popular afirma que se extiende la idea de que la situación "es mucho peor de lo que es" como si se quisiera el rescate
Precisamente, la "número dos" popular, María Dolores de Cospedal, compareció ante la prensa para proclamar que este es el momento "en que todos tenemos que arrimar el hombro para ayudar a nuestro país, con independencia de intereses partidistas, sindicales y mediáticos: creo que éste es el momento para ayudar a nuestro país a salir adelante", reiteró en nombre del Gobierno, más sólo que nunca tras la espantada de CiU, que no quiere verse arrastrada por la "ola" social en contra del Ejecutivo, en parte, proque suficiente tiene con la suya en Cataluña tras los duros recortes que ha realizado el gobierno convergente de Artur Mas.
Cospedal no ocultó la naturaleza de las medidas anunciadas por el Gobierno el pasado viernes --"impopulares y muy duras", dijo de ellas-- pero salió en defensa del Ejecutivo para comentar que "son necesarias para recuperar la confianza en la economía española, para garantizar nuestro equilibrio prespuestario y también para ayudar a nuestro país a salir de la segunda recesión en la que nos encontramos". Ante la pregunta directa de si descartaba que nuestro país pudiera ser rescatado, dijo estar en condiciones de afirmar que el Ejecutivo "está haciendo todo lo que tiene que hacer para que España no tenga que se rescatada e intervenida. Por eso es obligación de todos, con independencia del interés partidario y de los agentes sociales, apoyar para que no lo sea", aunque dejó entrever que hay quien quiere que ese sea el destino de nuestro país, es más, dijo que a veces se transmitía una impresión que de que la situación es peor de lo que realmente es, que ya es decir.
