España

Moncloa resucita la trama Gürtel e indulta al confidente años después para tapar sus propios escándalos

El Gobierno intenta apagar el fuego de la corrupción que le asedia enfangando al PP; también sobre las denuncias de agresión sexual

El Gobierno tiene cierta capacidad de marcar la agenda mediática e iniciar temas para la conversación pública. Otra cosa es que lo logre. Moncloa ha resucitado este martes la trama Gürtel y ha indultado al confidente José Luis Peñas, quien fue fundamental para destapar el caso al grabar durante dos años las conversaciones de los implicados y denunciar las actividades corruptas de Francisco Correa. Su colaboración con la Justicia fue clave para iniciar la investigación en 2007 y llevar a cabo las detenciones de los principales responsables en 2009. Y eso es lo que ha querido reconocer el Ejecutivo de Pedro Sánchez, asediado por sus propios escándalos de corrupción que tienen en la diana al exministro José Luis Ábalos y a la mujer del presidente, Begoña Gómez.

Peñas fue condenado en 2018 a una pena que incluía prisión e inhabilitación total pero el Tribunal Supremo respaldó el indulto parcial -que pidió hace años- debido a su rol como denunciante y su colaboración. Este indulto implica conmutar las penas de inhabilitación absoluta que le impedían trabajar en la función pública, permitiéndole seguir en su puesto actual como ordenanza en el Ayuntamiento de Madrid. El Gobierno, por tanto, ha decidido aprobar el indulto, solicitado por el interesado, mediante un real decreto.

"Es la trama de corrupción mas importante y sistémica. Y Peñas fue fundamental para investigarla. El mensaje que enviamos en el día de hoy es contundente: quien colabora con la Justicia tiene el reconoiento y el apoyo del Gobierno de España y ese es el fundamento de ese indulto", ha justificado el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha sentenciado que "este Gobierno no tolera ningún tipo de corrupción". Acto seguido, y tras haber trascendido que el juez imputa dos delitos más a la mujer del presidente del Gobierno por el software de la Universidad Complutense y que la ha citado de nueco a declarar el 18 de noviembre, el titular de Justicia ha reiterado que el caso "quedará en nada". 

"Manifestamos nuestro total respeto a la labor de la Justicia. No he podido leer el auto. Si bien digo que, pese a no conocerlo, la investigación, que se prologa más de seis meses, y por más que se hace no hay informe, testimonio o apunte del Ministerio Fiscal que ponga de manfieisto que haya algo. Y es que no hay nada. Esta será la conclusoion de la investigación una vez concluya la instrucción. Toda la documentación, los testimonios y los informes ponen de manifiesto que no hay nada", ha justificado Bolaños, especiamente serio.

El Gobierno ha recurrido a dos parches legislativos para responder a los dos boquetes reputacionales que le han abierto el ya 'caso Ábalos' y la dimisión del ya exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón, denunciado por haber cometido supuestamente varias agresiones sexuales. Para responder a la corrupción, Moncloa ha decidido aprobar un real decreto que desarrolla el Estatuto de la Autoridad Independiente de Proteccion Informante. Este nuevo organismo, que por el momento funcionará bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia, establecerá mecanismos para salvaguardar la integridad económica, psicológica y personal de quienes se atrevan a denunciar irregularidades en la Administración.

"Es una garantía para la protección de los informantes. Y es un pilar clave de la lucha contra la corrupción. Tramitará informaciones que tengan que ver con la Administración General del Estado, el sector público estatal o cualquier otra entidad publica. Pero tambien con organismos constitucionales. Además, podrá conocer denuncias de entidades privadas siempre y cuando tengan que ver con actividades en más de una comunidad autonoma", ha explicado Bolaños. El ministro también ha anunciado el refuerz de la Fiscalía con la provisión de 79 nuevas plazas; todas de segunda categoría a excepción de dos nuevas fiscalías coordinadoras de sala. Una será de delitos economicos y otra de delitos contra la administración pública.

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