"Hoy nos reunimos con las responsables de Center for Reproductive Rights, uno de los centros establecidos en Nueva York para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Realizan una labor indispensable para las mujeres desde la sociedad civil". Este es el mensaje con el que la ministra de Igualdad, Irene Montero, celebraba el pasado 1 de julio su encuentro con un grupo de profesionales del Centro para los Derechos Reproductivos de EEUU. Y añadía: "Nos han expresado su preocupación tras la decisión del Tribunal Supremo. Las cifras de mujeres que acuden a sus centros se multiplicarán por la prohibición, en otros Estados cercanos, del derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo".

Lo que no contaba Montero en su publicación a través de Twitter es que esa misma entidad, además de defender el derecho al aborto, también defiende a capa y espada la gestación subrogada y lucha contra la "criminalización" y "estigmatización" que existe, a su entender, en torno a esta práctica. Una práctica que la propia Montero define como "explotación reproductiva" y "una forma de violencia contra las mujeres". Precisamente, trató de que se reconociese como tal en la reforma de la Ley del Aborto.

La postura de Montero

Según la modificación de la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 17 de mayo, "se reconoce la gestación por sustitución como una forma de violencia contra las mujeres, prohibiendo la publicidad de las agencias de intermediación y realizando campañas que refuercen la ilegalidad de estas prácticas".

Sin embargo, el borrador de Montero iba más allá. Aparte de recuperar la posibilidad de que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad de autorización de sus padres, la ministra de Igualdad quería incluir otra medida estrella: la de castigar a las agencias y empresas que promocionaban esa "explotación reproductiva de mujeres". 

Finalmente, el texto sólo recoge que se "prohibirá la publicidad" de esta actividad. Preguntada por si el anteproyecto preveía o no la persecución a las empresas y agencias de gestación subrogada en el extranjero, la propia Montero admitió que "es verdad que los borradores incluían más medidas, pero las leyes se tienen que negociar en el seno del Gobierno". 

El citado centro sostiene en su página web que "toda persona tiene derecho a tomar decisiones sobre su vida reproductiva

Pero la lucha de la titular de Igualdad contra los llamados vientres de alquiler parece terminar al otro lado del Atlántico. El periplo de Montero y parte de su equipo por EEUU ha incluido reuniones con dos organizaciones que, además del derecho al aborto, defienden con fervor la gestación subrogada remunerada. El viernes 1 de julio, en Nueva York, visitaron el Centro de Derechos Reproductivos a las 15.00 horas y, poco después, se citaron con la directora ejecutiva de Outright Action International, Maria Sjödin.

El citado centro -algo más conocido que la segunda organización- sostiene en su página web que "toda persona tiene derecho a tomar decisiones sobre su vida reproductiva". "De conformidad con los derechos humanos y constitucionales, una persona que actúa como un sustituto gestacional controla todas las decisiones sobre su cuerpo a través de un acuerdo de gestación subrogada desde los intentos de quedar embarazada, embarazo, parto y posparto".

Contra la "criminalización" de la subrogada

Esta organización defiende que las leyes y políticas no deben discriminar a personas por motivos prohibidos, como la raza, el género, el sexo, el estado civil, la nacionalidad, la religión y la discapacidad. "Las leyes y políticas relativas a gestación subrogada no debe dar lugar a diferencias de trato basado en tales distinciones o reflejar creencias sobre la maternidad o paternidad que excluyen o discriminan a las personas que buscan entrar en
un acuerdo de subrogación gestacional compensada, particularmente en lo que respecta a personas solteras, parejas del mismo sexo, personas transgénero y personas con discapacidad", sostiene la organización que ha cautivado a Montero por realizar "una labor indispensable para las mujeres desde la sociedad civil".

Además, en contra de los planteamientos de la ministra de Igualdad en España, este centro señala que "los gobiernos deben asegurar que la información y los servicios de salud están disponibles, son accesibles, de buena calidad y no discriminan". En España, la nueva ley del aborto prohibirá la publicidad.

La criminalización de la gestación subrogada viola los derechos de las mujeres y de los futuros padres

"Todas las personas embarazadas, incluidas las personas que actúan como sustitutos gestantes, tienen derecho a una vida digna, segura, a una salud reproductiva respetuosa, asequible y a ser atendidos por profesionales sanitarios a su elección durante todas las etapas del embarazo", señalan en la organización.

Según la entidad, y en contra de los postulados de Irene Montero, la gestación subrogada compensada implica derechos humanos fundamentales de múltiples partes interesadas, incluidas las personas que actúan como sustitutos gestacionales, los niños nacidos de dichas prácticas y los padres.

"La criminalización de la gestación subrogada viola los derechos de las mujeres y de los futuros padres a la vida, a la privacidad, a la salud y a formar una familia. La criminalización exacerba el estigma en torno a la subrogación y compromete el acceso a los recursos y protecciones legales para las personas que actúan como sustitutos", denuncia la organización que se ha reunido con el departamento de Igualdad. Y añade que: "La criminalización impulsará esta práctica bajo tierra, lo que dificultará que las personas que actúan como sustitutos accedan a los servicios y les convertirá en vulnerables frente a prácticas dudosas".

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