José Luis Moreno no consigue librarse de las medidas cautelares impuestas por su implicación en el caso Titella. El magistrado que le investiga por pertenecer presuntamente a una red de macroestafa bancaria ha declinado su petición de retirarle la fianza de 2 millones de euros acordada para evitar su ingreso en prisión. Sigue de este modo el criterio del Ministerio Fiscal que mantiene que los indicios de criminalidad en su contra no solo se mantienen sino que se han reforzado.
El magistrado Ismael Moreno explica en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli que le debe mantener la caución acordada contra él tras su detención en junio del año pasado, así como la retirada del pasaporte. El motivo principal reside en la gravedad de los delitos que se le imputan (contra la Hacienda, pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo) y también a que todavía no se ha constituido la fianza hipotecaria acordada tras el estallido del caso en junio pasado.
Entonces, la Policía Judicial impulsó un operativo en toda España que se saldó con la detención de medio centenar de personas, entre ellos la de José Luis Moreno. El productor se acogió a su derecho a no declarar cuando pasó a disposición judicial y el juez acordó para él libertad provisional sujeta al pago de una fianza récord de 3 millones de euros. También le retiró el pasaporte y le prohibió salir de España.
Días después le permitió que pudiera responder con fianza hipotecaria, lo que implicaba que el valor de todos los inmuebles que entregara a modo de garantía debía ser el doble de la cifra fijada, es decir, de seis millones de euros. Desde entonces, la defensa de Moreno ha pedido en reiteradas ocasiones que le suavicen las medidas alegando arraigo en España, cero riesgo de fuga, edad avanzada, así como el hecho de que ha cumplido escrupulosamente con las medidas impuestas por el juzgado.
Siete fincas valoradas en 4 millones
Precisamente por estos motivos el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional le rebajó la fianza el 24 de diciembre de tres a dos millones de euros. También le concedió en noviembre su primer permiso para viajar fuera de España, hecho que se ha repetido recientemente. Sin embargo, el magistrado se niega a levantarle las medidas cautelares por completo insistiendo en que todavía quedan diligencias por practicar.
De hecho, recuerda además que no se ha podido constituir fianza hipotecaria al no haberse inscrito la escritura correspondiente en los registros de la propiedad. El juez explica que las siete fincas presentadas por el humorista y productor para eludir la prisión están valoradas en 4,13 millones de euros (una vez descontadas las cargas).
Se han reforzado los indicios de criminalidad contra José Luis Moreno sin que el periodo transcurrido sea relevante para su relajación
A todo ello añade que se le atribuyen delitos especialmente graves que hace que no puedan retirarle las cautelares acordadas en junio de 2021. "Sobre estos extremos no procede pronunciamiento alguno toda vez que están pendientes de practicar diversas diligencias de investigación", razona Moreno, el cual ya apuntó en su respuesta negativa a archivar la causa que se estimaba un desfalco de 85 millones de euros por parte de esta red en la que el ventrílocuo habría jugado un papel principal.
Fiscalía: "Hay más indicios"
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se mantiene firme en su negativa a suavizarle las medidas cautelares e insiste en que los indicios de criminalidad que había contra él tras el estallido del caso Titella se han reforzado "sin que el periodo transcurrido sea relevante para su relajación". De hecho, fue rotundo al incidir, tras su detención, en la existencia de un elevado riesgo de fuga. Al respecto defendió que el propio productor había hecho alarde de tener una capacidad económica de 23 millones de euros.
En este tiempo los investigadores han apuntado también a la existencia de dinero en el extranjero y a los planes del productor de vender algunas propiedades y salir de España debido principalmente a sus problemas con Hacienda. Éste, por su parte, ha negado en reiteradas ocasiones estas dos tesis. Por un lado asegura que no se ha podido encontrar un euro suyo en el extranjero porque no lo tiene y, por otro, insiste en que nunca se planteó abandonar España para eludir sus problemas.
Con todo, de las escuchas telefónicas y las diligencias practicadas hasta el momento se desprende que Moreno, en los meses previos a su detención, se afanó por vaciar algunas de sus sociedades y poner sus bienes (principalmente sus estudios de grabación) a nombre de terceros, también imputados en este procedimiento. Además, la Guardia Civil le atribuye una deuda con Hacienda que ascendería a 2,6 millones de euros.
Moreno y sus deudas con Hacienda
El productor, que fue interrogado en sede judicial por estos hechos en febrero, confirmó que tenía deudas con el fisco pero dijo que las había reducido en los últimos meses. Del mismo modo culpó al empresario argentino Alejandro Roemmers de parte de sus problemas económicos. Precisamente el magnate se ha convertido en otro de los grandes protagonistas del procedimiento por la disputa abierta a tenor de una serie de 35 millones de euros que Moreno se comprometió a grabar con una financiación de 35 millones de euros.
Este es uno de los asuntos que integran la macrocausa que arrancó en los juzgados de Plaza Castilla por una presunta estafa bancaria y terminó en la Audiencia Nacional debido a la magnitud del supuesto fraude. Los investigadores mantienen el foco en Antonio Luis Aguilera como el cerebro de esta trama que se nutrió de financiación de una serie de bancos que se desvió a sociedades pantalla. Moreno habría jugado un papel clave como cara visible de los proyectos e imagen de garantía.
A ello se añade una segunda red en esta trama dedicada al presunto blanqueo de los beneficios obtenidos con la estafa bancaria y de otras actividades como el narcotráfico. El nexo entre ambas, según sostienen, sería Aguilera. Por todo ello y por las diligencias pendientes por practicar el magistrado acaba de prorrogar medio año más las diligencias aunque se espera que todavía se alarguen más tiempo después de que Policía y Guardia Civil avisaran al juez de que tardarán al menos un año en analizar los móviles y otros dispositivos incautados a los imputados.
