Declaración clave en la causa contra José Luis Moreno. Una presunta testaferro de la red confesó el pasado viernes en la Audiencia Nacional los pormenores de esta trama que se dedicó a obtener créditos ICO y préstamos a través de empresas pantalla. La investigada explicó que se actuó siempre bajo las órdenes del cabecilla, Antonio Luis Aguilera, y confirmó que Moreno acudió a las entidades en busca de financiación.
Se trata de un testimonio relevante para la causa porque confirmó la presunta dinámica de obtención de fondos que nunca retornaron a los bancos. El magistrado Ismael Moreno le había citado como imputada por figurar al frente de algunas de las empresas salpicadas por la trama. En su comparecencia, celebrada el 10 de febrero, Carla L. reveló las sospechas de los investigadores y dijo que cobró una "comisión" por cada vez que firmó documentos de estas empresas pantalla, según confirman a Vozpópuli fuentes presentes en la declaración.
Carla explicó que fue su entonces pareja, Joaquín Dillet, quien le introdujo en la trama. El joven, a su vez, comenzó a colaborar con Aguilera gracias a su hermana, Marta Dillet. Ambos están bajo la lupa de la Justicia por su papel como presuntos testaferros. Al respecto dijo que en 2016 accedió a trabajar para ellos por dependencia económica y sentimental, aunque tras dejar su relación con Dillet siguió bajo las órdenes de Aguilera.
"Conocí a José Luis Moreno"
A preguntas de su abogado confesó que su trabajo consistía en acudir a las oficinas bancarias para firmar los papeles que ordenaba el cabecilla. A cambio, cobraba siempre una cantidad en efectivo. Según dijo, se embolsó 100.000 euros en cinco años. Preguntada por el papel de José Luis Moreno, la cara visible del caso Titella, la imputada detalló que le conoció en el despacho de Aguilera.
La supuesta testaferro confesó que cobraba en efectivo por cada firma de la empresa a su nombre. Dijo que coincidió tres veces con José Luis Moreno y que la red se desmoronó cuando detuvieron a Aguilera
Al hilo, especificó que en aquella ocasión fueron todos a una sucursal de Abanca (entidad cuya denuncia dio origen a la causa) y que José Luis Moreno y Aguilera entraron en la oficina. Estando allí hablaron con la directora de dicha sucursal y, acto seguido, ella firmó la documentación para conseguir financiación. Su nombre figuraba como administradora de dos empresas concretas: Licorerías Margallo y Proyectos Hispanos Argelinos S.L. Al igual que el resto, carecían de actividad real.
La investigada no solo incriminó a los principales responsables de la red, sino que fue más allá y dijo que algunos directivos de los bancos eran "como amigos" y, por tanto, no hacía falta explicarles nada. No obstante, de José Luis Moreno únicamente dijo que acudió a los bancos, negando a preguntas de su abogado que el productor le hubiera dado indicaciones sobre este tema. De hecho confesó que solo lo vio tres veces y las tres con Aguilera.
Carla, que estaba afincada en Cataluña, desveló también que el cerebro de la red le pagaba todos los gastos cuando se desplazaba a la capital. Una vez conseguida la inyección de fondos bancarios se encargaban de extraer el dinero de las cuentas. Según confesó ante el juez y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, había muchas maneras de conseguirlo, siendo una de ellas a través de claves de teléfono.
La detención del cabecilla
Un punto de inflexión para esta red -que también tenía ramificaciones en el extranjero- fue cuando detuvieron a Aguilera para que cumpliera la condena interpuesta por la Audiencia Provincial de Barcelona por hechos muy similares. Las fuentes consultadas aseguran que cuando se le arrestó debía mucho dinero a mucha gente. Por ello trató de mantener viva la red a través de sus personas de confianza. En concreto, pidió a Marta Dillet que le sustituyera al frente de la trama.
La imputada continuó yendo a los bancos para que no se cerrara el grifo de los créditos. Preguntada por lo que hizo José Luis Moreno entonces, dijo que no dio ninguna indicación pero que le consta que el productor mantuvo el contacto con Marta Dillet. Al igual que otros imputados en esta macrocausa, desveló que Aguilera le debía dinero y que se sentía "engañada" por él.
Aunque no ha sido hasta ahora cuando ha declarado en sede judicial, los investigadores tenían el foco puesto en ella incluso antes de que la causa la asumiera la Audiencia Nacional. Del sumario, al que ha tenido acceso este medio, se desprende que figuraba como imputada en unas diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid por falsedad documental y fraude. En el marco de las mismas se reputó como falso el descuento de pagarés por cerca de 600.000 euros que presentaron ante Unicaja las empresas que estaban a su nombre.
Aguilera, el cerebro de la trama
La investigación la acabó asumiendo en noviembre de 2019 el Juzgado de Instrucción número 14, por ser el que empezó la investigación contra esta red a tenor de una denuncia de Abanca. Durante esos años la Guardia Civil identificó a Aguilera como el cerebro de una trama que operaba en connivencia con una parte dedicada al narcotráfico. También apuntaron a José Luis Moreno como la persona que actuaba como cara visible de la red y vendía las bondades de contratos con TVE para conseguir los créditos.
La magnitud de la presunta estafa (los investigadores hablan de 85 millones de euros) y el hecho de que afectaba a muchas zonas del territorio español hizo que el asunto recalara en la Audiencia Nacional. Desde entonces todos los imputados y decenas de testigos han desfilado ante el juez. En su comparecencia en sede judicial hace un año José Luis Moreno se desligó de Aguilera y de sus negocios fraudulentos.
No obstante, la Policía Judicial habla de una "organización criminal" que opera a nivel internacional y cuya actividad va desde el fraude a bancos e inversores privados al blanqueo de los beneficios obtenidos. Dicen que es una red "claramente jerarquizada" y sitúan al frente de la misma a Aguilera, quien que se presentaba en las entidades con el nombre ficticio de Antonio Muntané. El empresario maquillaba las sociedades para lograr su objetivo, aunque la realidad era que carecían de actividad y que su única finalidad era "lucrarse de manera ilegítima".
