El Gobierno aprovechará los excedentes de las mutuas por valor de 4.500 millones de euros para poder pagar las pensiones. El propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha declarado que existen tensiones momentáneas de liquidez en la caja.
El Boletín Oficial del Estado recogía ayer una modificación del artículo 73 de la Ley General de la Seguridad Social por la cual el titular del Ministerio de Empleo podrá disponer del Fondo de Prevención y Rehabilitación de las mutuas para “posibles necesidades o desfases transitorios de tesorería del sistema”.
Una parte de los ahorros que consiguen las mutuas al gestionar los accidentes laborales se destina al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada hucha de las pensiones. Pero otra porción se ingresa en este Fondo de Prevención y Rehabilitación, que alcanza unos 4.500 millones de euros. Una cantidad que se ha nutrido de las cotizaciones de las empresas y que el PP, mientras estaba en la oposición, se había negado a fusionar con el Fondo de Reserva porque defendía que estos recursos pertenecen a los empresarios. La patronal siempre ha pedido que se recorte esta carga.
Sin embargo, la necesidad aprieta. La Seguridad Social cerró el ejercicio pasado con un déficit del 0,06 por ciento del PIB. Y este año el número de cotizantes decrece al tiempo que aumenta el gasto en pensiones. Así que la mayoría de los expertos ve muy difícil que se pueda concluir 2012 sin incurrir en los números rojos tal y como prevé el Ejecutivo.
El Gobierno podría recurrir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, pero antes necesita que se dé o bien tres semestres consecutivos con liquidaciones deficitarias, o bien un ejercicio completo cerrado con números rojos y una previsión negativa para el siguiente semestre.
Además, el Ministerio de Empleo intenta evitar la preocupación que podría despertar el uso de las reservas. De hecho, la ministra Fátima Báñez ya ha logrado que Hacienda aporte 1.000 millones más a las pensiones, de forma que abone la mitad de los 7.500 millones de complementos a mínimos que el Estado debería costear con sus presupuestos y no con cargo a la Seguridad Social.
El Gobierno establece que los recursos se reintegrarán en el Fondo de Prevención y Rehabilitación “a la mayor brevedad posible, de acuerdo con las disponibilidades financieras de la Tesorería General de la Seguridad Social”.
A cambio de esta suerte de préstamo, las mutuas exigirán una reforma que les brinde el control de las bajas laborales y por tanto mayores ahorros.
El año pasado ya se permitió que se emplease el Fondo de Prevención y Rehabilitación para comprar deuda pública, de modo que ahora la mitad del dinero está invertido en títulos del Estado. Y si han de desinvertir en estos momentos, podrían sufrir algunas pérdidas.
