Al final, Gobierno y PSOE optaron por cuatro candidatos de consenso para el Tribunal Constitucional, que serán defendidos tanto por populares como por socialistas en un pleno del Congreso a celebrar entre los días 17 y 18 de julio una vez que este mes se ha habilitado parlamentariamente. Los cuatro candidatos necesitan del apoyo de tres quintas partes de la Cámara, lo que obligaba a un acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas. Finalmente, durante las negociaciones, se optó por poner sobre la mesa cuatro nombres que no provocaran rechazo por ninguna de las partes, lo que supuso que "cayeran" las candidaturas del ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial Enrique López, defendido por el PP, y la del ex fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido, a propuesta del PSOE.
Sin embargo, según ha podido saber Vozpópuli, no se ha dicho la última palabra respecto a Enrique López, y es que fuentes gubernamentales recuerdan que en menos de un año le corresponde al Ejecutivo en exclusiva proceder a la renovación de otros dos magistrados del Tribunal Constitucional, momento en que podrían incorporar a López, persona muy significada con el PP durante el tiempo en que éste fue vocal y portavoz del CGPJ, entre 2001 y 2008. López lanzó duras críticas contra el Estatuto catalán, la tregua etarra de 2006 o el plan integral contra la violencia de género, por poner unos ejemplos, hasta el punto de que se convritió en uno de los "azotes" del Ejecutivo Zapatero. El veto impuesto sobre su nombre por el PSOE impidió una renovación a tiempo de los miembros del Constitucional. La diferencia con respecto a hace dos años es que ahora el Gobierno del PP puede sentarle en el TC por designación directa en menos de un año.
La suerte de Conde Pumpido, en cambio, es diametralmente opuesta. Los socialistas ya no tienen margen de maniobra y lo cierto es que el propio Alfredo Pérez Rubalcaba le ha dejado caer. Durante las conversaciones para la renovación del TC se manejaron dos vías: que cada partido propusiera sus nombres sin que hubiera vetos por la parte contraria o buscar cuatro perfiles aceptados por todos. El hecho de que se optara finalmente por la vía más contemporizadora ha dejado fuera de juego al ex fiscal general del Estado.
Zapatero quería a Pumpido en el Constitucional por si Garzón recurría en amparo su indulto
Su nombre surgió a propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero que le quería ahí para que presentara batalla en caso de que el indulto del ex juez Baltasar Garzón llegara, en modo de recurso de amparo, al Tribunal Constitucional. De hecho, la Asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (Medel) ya ha pedido esta medida de gracia en nombre de Garzón y el Gobierno lo ha tramitado, por lo que el proceso está en marcha. También quería a Conde Pumpido en el TC el ex número dos del PSE y ex ministro de Fomento, José Blanco, por si las cosas se le tuercen con el "caso campeón". No obstante, Pumpido ya se había abstenido como Fiscal General del Estado de intervenir en este caso por amistad personal con Blanco, dado que concurrían una de las causas de abstención que están previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
A ex fiscal también se le han atribuido distintos movimientos inspirados por Zapatero a favor de la continuidad de Carlos Dívar al frente del Tribunal Supremo. No hay que olvidar que fue Zapatero el que propuso el nombre de Dívar para la presidencia del CGPJ y del Supremo, en 2008. Dicho nombramiento tenía por objeto sacarle de la presidencia de la Audiencia Nacional para que fuera Baltasar Garzón su sustituto, aunque la maniobra del entonces presidente del Gobierno no salió ni mucho menos como esperaba.
Finalmente, populares y socialistas presentaron ante el registro del Congreso el pasado 29 de junio los nombres de Andrés Ollero, catedrático de Filosofía del Derecho y ex diputado del PP; Juan José González Rivas, magistrado de la Sala Social del Supremo; Encarnación Roca, catedrática de Derecho civil, propuesta por el PSOE con el apoyo también de CiU, y Fernando Valdés. No es previsible que los nuevos magistrados tengan que abordar la sentencia sobre el matrimonio homosexual que, según publicó El País la semana pasada, se acelerará a favor de reconocer este derecho.
