El procés ha dejado de ser una amenaza a corto plazo, pero su objetivo continúa vivo a través de otros frentes. El Instituto de Estudios Catalanes y la Sociedad de Estudios Vascos se han unido para que la Unión Europea se implique en los “conflictos territoriales” de sus estados miembros. Es decir, para que las instituciones europeas abandonen su neutralidad en el contencioso que se ha producido en Cataluña en los últimos años así como en las eventuales problemáticas en el País Vasco y otras regiones.
A partir del próximo enero los dos institutos presentarán en Bruselas un documento que busca “resolver conflictos de soberanía en Europa”. “Lo que plantea el proyecto es que es más fácil tratar los casos de manera general, no ad hoc, de acuerdo con unos principios y recomendaciones genéricas”, explica el coordinador del proyecto, Jaume López, a instancias de este medio.
López es profesor de Ciencias Políticas en la Universitat Pompeu Fabra y antiguo promotor de la teoría del “remedial secession”, acuñada por la Asamblea General de Naciones Unidas para justificar la secesión de Kosovo como única solución ante la vulneración reiterada de los derechos humanos.
Este profesor, coautor del concepto “derecho a decidir”, fue uno de los máximos defensores de que esta suerte de cláusula sui generis del derecho internacional se pudiera aplicar en el caso de Cataluña. Su argumento era que ante la pasividad del Estado de atender a las demandas políticas del Govern, Cataluña no tenía otra alternativa que la secesión unilateral. Pero ahora, y vistos los resultados del procés, la estrategia pasa por invocar a las “minorías territoriales”.
“Hasta ahora no se les había ocurrido hablar de minoría nacional. Es la nueva estrategia de Gonzalo Boye [abogado de Carles Puigdemont] de centrarse en las tensiones internas entre nacionalidades y no en el derecho de autodeterminación, que solo se aplica a las colonias”, explican fuentes diplomáticas de la Unión Europea a Vozpópuli.
Forzar a la UE a "intervenir"
El punto de partida del informe se basa en elaborar un código de “buenas prácticas” para que la comunidad europea sepa cómo actuar en los conflictos políticos que se originan en su seno. Hasta ahora, la UE se ha limitado a sostener que el caso catalán se trata de un “asunto interno” de España y, en otras ocasiones, ha apelado al “respeto al orden constitucional” de sus estados miembros. Unos formalismos en la respuesta que desde el nacionalismo consideran que se aleja mucho del rol que deberían adoptar.
En este sentido, de esta iniciativa también podrían surgir “incentivos” para obligar a los Estados a cumplir con el código de buenas prácticas e incorporarlo como otro elemento definitorio de lo que es ser un “Estado de derecho”. Aunque López explica que, de momento, el documento no prevé este tipo de “incentivos” sino que busca que la comunidad europea tenga que "intervenir" cuando así se requiera.
Por esta razón, con este proyecto se busca crear las bases para que la UE se pueda imponer a los Estados miembros del mismo modo que lo hace la comunidad internacional cuando en un territorio se atenta contra los derechos humanos. Así se refleja en el borrador del documento al que Vozpópuli ha tenido acceso: “De igual forma que hoy es impensable considerar la conculcación de derechos humanos como un “asunto estrictamente interno”, disputas territoriales de soberanía suelen afectar a derechos individuales y colectivos fundamentales e, igualmente, una mirada externa al propio Estado puede impulsar su canalización por vías democráticas y facilitar, de este modo, su resolución”.
Regular la secesión
Los sucesivos gobiernos de la Generalitat iniciaron su propia diplomacia paralela con el fin de lograr apoyos a la causa separatista. Asimismo, en el restablecimiento de relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez tras el fracaso del procés reclamaron la presencia de un "relator" o de figura internacional para dirimir las relaciones bilaterales entre Generalitat y Ejecutivo central.
Todos estos esfuerzos, sin embargo, no han tenido el éxito esperado. Los promotores de este código de buenas prácticas buscan ahora que sea la propia Unión Europea quien tome la iniciativa. Y recuerdan que muchas de las independencias que se han producido en los últimos tiempos eran "procesos" que no estaban "previamente regulados".
En este sentido, citan Cataluña y su declaración "de independencia más o menos retórica" como uno de estos casos abiertos en el seno del viejo continente, junto a los del País Vasco, Flandes, Escocia o Irlanda del Norte, que la Unión Europea debería abordar.
