El cruce de correos electrónicos entre Alberto González y la Fiscalía de Madrid evidencia que el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ofreció un pacto al Ministerio Público diez días después de que abriera diligencias contra él. La propuesta recogía el reconocimiento de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública a cambio de conformarse con una sanción penal.
La Fiscalía Provincia de Madrid desmiente de esta forma en una nota que fuera el fiscal encargado del caso el que propusiera una conformidad a González Amador e insiste en que el primer correo que entró en el Ministerio Público fue de su defensa letrada admitiendo la presunta comisión del delito y ofreciendo un pacto que hubiera evitado la judicialización del asunto.
Según desgrana la anota, el pasado 23 de enero la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid abrió diligencias de investigación como consecuencia del escrito-denuncia remitido por la Agencia Tributaria contra la actual pareja de Ayuso. La inspección alertaba de que los hechos que se le atribuyen podrían ser constitutivos de delitos de defraudación tributaria y falsedad documental.
La Fiscalía abrió la puerta al pacto
Diez días después, 2 de febrero, el abogado de este empresario contactó vía correo electrónico. El mismo entró en la Fiscalía Provincial de Madrid y en él se ofrecía un pacto seguido de una petición de conformación. El 7 de febrero el fiscal asignado al caso dictó decreto de conclusión de diligencias acordando la interposición de denuncia contra la actual pareja de la mandataria 'popular' por dos delitos fiscales de los ejercicios 2020 y 2021 además de falsedad documental.
Cinco días después de haber dado el primer paso para judicializar los hechos, el fiscal respondió a la defensa de González Amador en un correo electrónico remitido a las 11.34 horas. En el mismo le manifestó que tomaba nota "de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas”. Las mismas ascenderían a cerca de 351.000 euros por los dos ejercicios.
La Fiscalía trasladó que el hecho de que hubiese otras personas implicadas en la futura investigación penal no era obstáculo para alcanzar una conformidad en lo que respecta a su persona. Eso sí, la denuncia estaba ya redactada y el recorrido sería el que rige en estos casos: remitirla al juzgado correspondiente para su posterior reparto. De esta forma, el acuerdo quedaba relegado a la fase ya de instrucción judicial.
Los indicios contra el novio de Ayuso
El 13 de febrero se interpuso la denuncia y el día 20 la Fiscalía Provincial de Madrid la remitió al Juzgado de Instrucción Decano de Madrid; órgano que la registró el 5 de marzo. El pasado martes, el fiscal del asunto remitió la denuncia por correo electrónico al letrado de la pareja de Díaz Ayuso "para facilitarle el derecho de defensa" y le reiteró, como ya hiciera en su primera respuesta, que la existencia de otras personas denunciadas en este procedimiento no constituía obstáculo para alcanzar una conformidad.
La denuncia del Ministerio Fiscal pide que se abra causa contra el novio de Ayuso además de otras cuatro personas acusadas de defraudar al fisco por un presunto fraude tributario que sería delictivo al superar la cuota de los 120.000 euros. Del relato de los hechos se desprende que la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento de Medioambiente habría girado facturas a terceros para eludir un ingreso cercano a los dos millones de euros.
Pacto en manos de la Abogacía
La Fiscalía precisa que esta firma, de la que es administrador único González Amador, se dedujo indebidamente gastos en virtud de facturas falsas. Como consecuencia de ello ocultó al fisco unos ingresos para el impuesto de sociedades de 155.000 euros en el año 2020 y de 195.951 euros en el ejercicio siguiente.
Por ello solicitó en la denuncia que se abriera causa penal contra los denunciados y que se les interrogara ya en el marco de un procedimiento penal abierto. También se ofreció actuaciones a la Agencia Tributaria a través de la Abogacía General del Estado y se pidió que declarasen los peritos inspectores de Hacienda responsables del atestado que ha dado pie a estas pesquisas.
Fuentes fiscales consultadas por este medio matizan al respecto que el pacto que se puede alcanzar por las partes toda vez que se judicialice la investigación depende de la Abogacía ya que si los servicios jurídicos del gobierno se personan y se oponen a ello el acuerdo será inviable.
Ayuso, por su parte, ha negado cualquier irregularidad de su actual pareja con el fisco y ha acusado al Ejecutivo de actuar por intereses político, así como de la filtración de esta denuncia. La misma ha recaído sobre el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, cuya titular decidirá ahora si abre causa, como solicita la Fiscalía, o desestima la petición.
